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El sur porteño no es sólo el territorio más postergado de la ciudad: también es el lugar donde la violencia muestra su cara más cruel. La mitad de los homicidios que ocurren en Capital Federal se registran en las diez comisarías de esa zona, desde La Boca hasta Mataderos. Las muertes intencionales, según los especialistas, están relacionadas con el incremento de la violencia en las relaciones sociales en sectores castigados por la marginación, con menor servicio de vigilancia –oficial y privada– que otras zonas de la ciudad, pero también con la mayor agresividad por parte de la policía en su trabajo de prevención y represión del delito, como lo demostró recientemente el caso de Ezequiel Demonty. Para contrarrestar este fenómeno, un programa oficial apunta a integrar a grupos de jóvenes de villas y barrios carenciados en programas comunitarios y, al mismo tiempo, difundir sus derechos ciudadanos para evitar los atropellos de la autoridad.
El análisis de los datos fue realizado por la Dirección de Prevención del Delito del gobierno porteño, sobre la base de estadísticas del 2001. Ese año se registraron en toda la ciudad 149 homicidios dolosos, de los cuales 72 se registraron en las 10 comisarías de la zona sur. Esos números contrastan con los correspondientes a las 14 seccionales de la zona norte –desde Retiro hasta Núñez–, donde hubo sólo 25 crímenes. El resto de las muertes intencionales (54) se produjeron en la zona centro de la ciudad. “En los barrios del sur, donde viven aproximadamente un millón de personas, la tasa de homicidios duplica la del resto de la ciudad y triplica la de la zona norte, que presenta indicadores que la acercan a las ciudades europeas”, analiza el sociólogo Gustavo Cucurella, coordinador de la Unidad Técnica del Plan de Prevención del Delito.
De acuerdo con las estadísticas, Buenos Aires registró entre 1997 y 1999 una tasa de 5,17 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, superior a la de Roma (1,22), París (2,21) o Madrid (3,12), pero inferior a la de Nueva York (9,38), Moscú (18,20) y Washington DC (50,82).
A diferencia de los robos y hurtos, los datos sobre homicidios no presentan subregistros: una víctima de robo puede omitir la denuncia (de hecho, el año pasado, sólo el 25 por ciento de las víctimas de delitos acudió a la policía, de acuerdo con una encuesta del Ministerio de Justicia), pero es muy poco probable ocultar un homicidio: aunque no se encuentre al autor, en todos los casos el cuerpo del delito se impone como evidencia irrefutable.
De acuerdo con el último estudio de victimización realizado por la Dirección Nacional de Política Criminal, no hay una diferencia notable en cuanto a delitos contra la propiedad entre las zonas norte, centro y sur de la ciudad (ver nota aparte). Sin embargo, las diferencias aparecen cuando las estadísticas se refieren a homicidios dolosos, donde prevalecen los hechos cometidos en la zona sur.
“No hay una causa determinante, pero puede decirse que la desigualdad es un factor que está en juego: cuanto mayor es la inequidad, el nivel de legitimidad de la autoridad y de las normas sociales es más bajo”, explica el director de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Claudio Suárez. “Esto deriva en que, muchas veces, los conflictos dentro de la comunidad se resuelvan en forma más violenta –agrega–. Y las fuerzas de seguridad no son ajenas a esta lógica: el grado de violencia institucional es muchísimo mayor que en la zona norte de la ciudad.”
Para Cucurella, las razones de esta geografía de la violencia hay que rastrearlas, además, en “la falta de perspectivas de futuro de amplios sectores que viven y mueren en las zonas más desprotegidas, donde la vigilancia es insuficiente, el espacio público se ha degradado y las relaciones sociales se hicieron más violentas a medida que se destruían las redes de contención social”.
A la recreación de esas redes –o al menos, parte de ellas– apunta el programa destinado a Comunidades Vulnerables. Se trata de 32 grupos detrabajo que se han conformado, especialmente, en las villas y barrios carenciados de la zona sur de la ciudad, integrados por jóvenes de 16 a 25 años, muchos de los cuales ya tienen alguna cuenta en su legajo judicial.
“Lo primero es convencerlos de que no tenemos nada que ver con las fuerzas de seguridad”, relata Esteban Sottile, uno de los coordinadores de Comunidades Vulnerables. Y pone como ejemplo el caso de la Villa 21-24, en Barracas, donde se reunió un grupo de 100 jóvenes –algunos de ellos beneficiarios del subsidio para Jefes y Jefas de Hogar– para realizar trabajos comunitarios en el barrio o en comedores, impulsar microemprendimientos productivos, o retornar a la escuela secundaria. “Ahora estamos armando un Centro de Formación Profesional, para la enseñanza de oficios, con el apoyo de la Secretaría de Educación”, agrega Sottile.
Para Suárez, director del programa, el mismo apunta, además, a “brindar asistencia para la protección de derechos ciudadanos, especialmente para los menores de 18 años”. Una asignatura que para la gran mayoría de los chicos ha quedado pendiente.