Una presentación del Cels ante la Corte Suprema, realizada el viernes pasado, denuncia al proyecto de reforma del Código Procesal Penal bonaerense que podría ser votado mañana en la Legislatura provincial y, que de aprobarse, resultará en una gravísima desobediencia a una orden del máximo tribunal de la Justicia argentina, la sentencia conocida como “fallo Verbitsky”, en abril de 2005, con la que se evitó que los niveles de hacinamiento y maltrato de las personas privadas de libertad continuaran incrementándose. La denuncia hace hincapié en que la reforma propuesta por Scioli volverá a elevar a niveles gravísimos el hacinamiento carcelario, lo que agravará las condiciones de detención inhumanas, crueles y degradantes a las que ya hoy en día se encuentran sometidas las personas privadas de libertad y colocará una vez más al país en la lupa internacional por el incumplimiento de los pactos y tratados internacionales. Como detalle del todo, Scioli apeló en diez meses de gobierno al mito de la puerta giratoria, y en ese tiempo, en lugar de salir, se sumaron 600 personas más detenidas en comisarías.

El Cels sostiene que, “según el relevamiento de unidades penales llevado adelante por el Poder Ejecutivo provincial en marzo de 2008, el Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta con 17.858 plazas y alberga a 22.889 personas. Otras 3404 se encuentran alojadas en comisarías, sumando un total de 27.278 privados de su libertad. El total de plazas faltantes –subraya el documento– en este momento sería de 8371”.

La cifra excede el límite de sobrepoblación crítica, que define el Consejo de Europa en relación a la densidad de la población carcelaria igual o mayor al 20 por ciento de su capacidad. En la provincia, la hiperpoblación supera el 25 por ciento de las plazas. Y Scioli va por más, aunque públicamente describa una realidad que no es.

El documento, además, agrega que quince unidades carecen de sistema de calefacción, la gran mayoría cuenta con redes eléctricas precarias (los presos lavan su ropa y para secarla la cuelgan de los cables de electricidad que cruzan las celdas por encima de sus cabezas). En la mitad de las unidades “se verifican graves deficiencias en la distribución de agua potable. Un total de 9755 personas detenidas en la provincia carece de un adecuado acceso a tan elemental servicio”. Por lo demás, la denuncia sostiene que “gran cantidad de unidades penitenciarias no cuenta con sistema antiincendio y varias de las que sí cuentan con uno, su funcionamiento es defectuoso o directamente se encuentra en un estado deplorable”. Habrá que recordar, a tal efecto, el incendio de la U28 de Magdalena, en octubre de 2005, en un pabellón de los supuestamente más modernos que carecía de sistema de bombeo de agua y en el que 32 internos murieron carbonizados o envenenados por el gas cianhídrico que despiden los colchones de poliuretano.

La reforma procesal propuesta por Scioli cuenta con media sanción del Senado y “se enmarca en los discursos que pretenden resolver las demandas sociales de seguridad a través del endurecimiento del sistema penal”, sostiene el documento. Hoy, los ministros de la Corte tienen su reunión de acordadas. La reforma al Código Procesal Penal de Scioli figura en el temario.