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Otra vez el epicentro es Mendoza. El miércoles último a la madrugada, una nena de 11 años fue internada en el hospital Teodoro Schestakow de San Rafael tras una violación. A raíz de los reiterados abusos sufridos, la pequeña quedó embarazada. Entonces, su madre realizó la denuncia en una comisaría de la zona e inmediatamente pidió a la Justicia que autorice el aborto de su hija. El juez Pablo Peñazco se declaró incompetente: el hecho se habría producido en la provincia de La Pampa, donde residen la nena y su madre. Aunque los chequeos médicos se realizaron en la provincia cuyana, tanto la causa por violación como el pedido de aborto no punible seguirían su curso en La Pampa. “En Mendoza tenemos una situación de muchos antecedentes: reiteradas veces se violó la ley judicializando el aborto, al tiempo que se discrimina a las personas de bajos recursos”, aseguró la delegada mendocina del Inadi, Karina Ferraris.

Los abusos se habrían cometido en el domicilio de la pequeña ubicado en una zona rural y muy precaria de La Pampa –La Ahumada–, mientras su madre estaba en Buenos Aires por problemas familiares. Según voceros policiales de San Rafael, durante meses la nena fue violada por un familiar “muy cercano”, quien la cuidaba en ausencia de la madre. Sin embargo, recién el miércoles último la niña pudo relatarle a su madre lo sucedido, puesto que se encontraban, alejadas de su pueblo, “haciendo compras” en San Rafael.

Según fuentes de la comisaría 8ª de San Rafael, la denuncia por la violación de la pequeña fue radicada por su madre el miércoles a la tarde. Estando en la seccional policial, la nena fue derivada al hospital público Schestakow, para que se le realizaran los estudios pertinentes para corroborar el abuso. Armando Dauverne, director del hospital, confirmó ayer lo ocurrido y dijo que la madre “expresó a los asistentes sociales que no quiere que siga el embarazo” y pidió que le practicaran un aborto a su hija “porque tiene miedo de malformaciones” en el feto. Además, “esperamos la decisión del juez y de los padres”, explicó el director del hospital.

Para Ferraris, “cuando una niña, que es obvio que no pudo prestar consentimiento a una relación sexual, solicita el pedido de aborto en un hospital público el médico debería realizar la intervención sin que medie la Justicia. Si no lo hace, judicializa el caso”. Entonces, “se viola el artículo 86 del Código Penal –según la delegada del Inadi– que establece la interrupción legal de un embarazo, cuando la continuidad de la gestación pone en riesgo la salud psíquica o física de la nena y se trata de un embarazo producto de una violación”.

Después de la denuncia de la madre, inmediatamente intervino el Segundo Juzgado de Instrucción a cargo del juez Pablo Peñazco. Aunque Peñazco tomó la causa y realizó las primeras pericias sobre el caso, luego estimó que en la investigación del hecho y en el pedido de aborto debería actuar la Justicia de La Pampa por tratarse de un delito cometido en esa provincia. La causa fue enviada al magistrado de turno pampeano.

Durante 2008 y principios de 2009, la controversia en relación al aborto no punible en Mendoza se hizo moneda corriente: “La justicia mendocina es sumamente hipócrita, puesto que una persona con dinero no pasa por situaciones de padecimiento como una de bajos recursos”, reflexionó Ferraris. Por ejemplo, “hubo una caso de una nena de 12 años violada que un juez le impidió realizarse un aborto el año pasado. Pero también, en enero de este año, una pequeña estuvo a punto de morir producto de un aborto ilegal realizado en condiciones verdaderamente insalubres”, relató Ferraris.

La niña pampeana fue dada de alta ayer al mediodía y enviada a su provincia sin que se le realizara el aborto. Entonces, “se hace evidente la necesaria reglamentación en los servicios de salud públicos en los casos de abortos no punibles: el que se debe adecuar es el médico ante los posibles riesgos de salud de la menor”, confirmó Mabel Bianco, médica y presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.

Informe: Mariana Seghezzo.