Podría decirse que la audiencia de hábeas corpus ante el juez José Emilio Luciano, a cargo del juzgado de Ejecución Departamental de San Nicolás, fue corta, incluso nula. Duró el tiempo que le llevó a la defensora pedir que se retire el guardia penitenciario para iniciar la denuncia y los segundos que Luciano demoró en decir: “No. Si se retira nos quedamos sin seguridad”. La particular visión que el juez Luciano tuvo de las garantías del hábeas corpus terminó con la audiencia en forma abrupta. El preso se negó a declarar vigilado por sus denunciados y fue regresado al penal. Luciano aceptó escucharlo, media hora después, pero modificando esencialmente el escenario: trasladó la audiencia a la unidad penal donde un centenar de orejas penitenciarias le garantizaban aquello que en su despacho judicial suponía no tener, y vulnerando, como en la dictadura, todo el principio constitucional protectivo del hábeas corpus (ver aparte).

El motivo que había llevado al preso a querer declarar en privacidad era una obviedad para todos menos para Luciano: quería denunciar a un oficial del SPB, con nombre y apellido, porque le pedía 200 pesos para no cambiarlo de pabellón y por ese motivo, que un miembro de la misma corporación lo vigilara con anuencia del juez dejaba demasiado para balancear en la inclinada libra de la justicia nicoleña.

Por razones que no deberían resultar difíciles de imaginar, tres días después, al interno lo internaron, pero en el hospital. Al final, Luciano rechazó el hábeas corpus, aunque ya ni falta que hacía. No está claro si al preso lo molieron a palos o recibió algún tratamiento médico especializado en Sanidad del penal, antes de hospitalizarlo, tratamiento que lo dejó muy golpeado por las convulsiones, mudo, tieso, orinándose y defecándose encima y sin siquiera pestañear. Por las dudas, aunque no pueda hablar, uno de los escuchas penitenciarios lo custodia de cerca.

El caso se resume así: el miércoles 11 de febrero, la defensora oficial Florencia Barrera solicitó un hábeas corpus por su defendido, Juan Carlos Genta, alojado en la U3 de San Nicolás. Lo hizo ante el juez que correspondía, José Emilio Luciano, del juzgado de Ejecución nicoleño. Cuando Genta concurrió al juzgado no lo hizo solo. Lo acompañaba un guardia. Ya en el despacho del juez, la defensora Barrera hizo el pedido a Luciano para que se retirara el custodio y dar inicio a la declaración confidencial, mientras Genta miraba de reojo al guardia.

En cuanto a lo confidencial, Luciano no puso reparos, pero pensaba diferente en cuanto a quiénes debían ser los confidentes. Luciano respondió que el guardia no se retiraría porque en el lugar “no hay seguridad”. Dadas las circunstancias de escasa o nula constitucionalidad, la defensora consultó a su defendido, quien sin dejar de mirar al guardia hizo el gesto de que no, que prefería no hablar delante suyo. La audiencia fue levantada por imposible, y Genta fue trasladado de regreso con su custodia a la U3. Lo que sí aceptó hacer Luciano fue trasladarse al penal para tomar la declaración a Genta en un sitio donde a todas luces la iba de visitante. No Luciano, sino Genta.

En la propia unidad, el interno se decidió y habló. Dijo que el oficial Leguizamón le había exigido 200 pesos para mantener el pabellón. Dijo que él no pagó y que de inmediato lo trasladaron al pabellón 2, celda 95, donde pasó la noche sin colchón, con el inodoro tapado y la mugre desbordando el piso. Al día siguiente, el jueves 12, se realizó una nueva audiencia por el mismo pedido de hábeas corpus. Y otra vez, el guardia se incrustó en el despacho. Luciano, para dejar a salvo la administración de justicia, dijo en voz baja y sin que figurara en el expediente, que la presencia de guardias penitenciarios en las audiencias de hábeas corpus estaba avalada de palabra por la Cámara de Apelaciones nicoleña (ver aparte). Genta, que no se convencía de la cara de sota del guardia, se obstinó en no declarar delante de sus denunciados.

Más tarde, ese mismo día, la abogada presentó un escrito en el que Genta denunciaba que en el penal le habían ofrecido mantenerlo en el pabellón si se retractaba de la denuncia por el cobro de coima. También apuntó contra un oficial de rango alto que amenazó con trasladarlo.

Un día más tarde, el juez Luciano decidió rechazar el pedido de hábeas corpus por injustificado. En realidad, en esas condiciones, el hábeas corpus no tenía sentido. Ese día, Genta fue retirado del pabellón y enviado a Sanidad del penal. Antes de entrar, fue revisado por el médico penitenciario Landolfo que constató que no presentaba lesiones. Pero el 16, cuando lo derivaron al hospital local, el cuadro era diferente. Salió con convulsiones y al borde de la muerte. Muy golpeado en el rostro, en el cráneo. No quedó demostrado que lo vapulearon, pero sí que quedó muy maltrecho. Los penitenciarios dijeron que fue un problema de medicinas. En el hospital intentan analizar el estado de Genta con la hipótesis de que consumió algún tipo de intoxicación farmacológica que no lograban identificar.

Por qué lo llevaron al hospital. Porque esa mañana, en Sanidad, a Genta lo encontraron tieso, sin poder hablar, orinado y defecado encima. Sospechan que le dieron un tratamiento intensivo. Ya en el hospital, por las dudas, lo custodia un todo-oídos de la U3.