[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Oscar R. González *

La desmedida represión policial del sábado pasado, ejercida de manera indiscriminada y abusiva sobre un grupo de ciudadanos que rechazaban pacíficamente la amenaza de un grupo de diputados de alzarse contra la Constitución Nacional permitiendo el ingreso de desechos nucleares al país, es una muestra de la degradación institucional que se vive en el país.
Así, no por previsible resulta menos paradójico que, mientras la policía decide disolver violentamente, sin orden judicial alguna, la ingeniosa puesta en escena montada en las escalinatas del Congreso por los activistas de Greenpeace, ese núcleo de legisladores propicie convertir a la Argentina en un basurero nuclear que puede sembrar el cáncer entre las generaciones actuales y futuras, violando la expresa disposición de nuestra Carta Magna, que “prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
La obligada intervención de tres diputados nacionales, Héctor Polino y quien suscribe, del Partido Socialista, y Laura Musa, del ARI, acompañados por militantes juveniles de ambas fuerzas políticas, facilitó que se diera intervención a un juez e impidió que las detenciones de los integrantes de Greenpeace se prolongaran. Pero una absurda arbitrariedad policial, que intentó hacer una demostración de fuerza con la impericia que le es característica, llevó más tarde a que se produjeran incidentes en los que los jóvenes socialistas, miembros de asambleas vecinales y periodistas que cubrían los hechos fueron brutalmente golpeados. Algunos de ellos, incluso, resultaron heridos por balas de goma.
Estoy denunciando este brutal episodio para que la Justicia investigue la responsabilidad de la policía en los hechos narrados, ya que todo indica que su accionar está incurso en los delitos contemplados en los incisos 1 y 2 del artículo 144 bis del Código Penal, que prevén prisión o reclusión de uno a cinco años, e inhabilitación especial por doble tiempo para “el funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal”, o que “desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales”.
Por encima de la acostumbrada violencia policial, resulta francamente asombroso el empeño de algunos diputados en hacerse públicamente el harakiri, optando por convertir a la Argentina en un vaciadero nuclear, cuando aún están frescas en la memoria popular la reducción de los salarios, la delegación de facultades propias en el Ejecutivo, la impunidad para la Corte Suprema y otras decisiones legislativas que no han hecho más alimentar el creciente desprestigio de las instituciones del Estado.
* Diputado nacional (Partido Socialista).