Tucumán se convirtió en la primera provincia que tiene una ley que protege a los empleados públicos del abuso de autoridad y castiga a los jefes que ejercen maltrato psíquico hacia sus subordinados como no asignarles tareas, encargarles trabajos imposibles de realizar, bloquearles constantemente sus iniciativas, cambiarlos de oficina para separarlos de sus compañeros o efectuarles amenazas de despido reiteradas e infundadas. La norma también sanciona el maltrato físico, cualquier clase de acoso –no sólo sexual– y las discriminaciones remunerativas. Aunque la legislación tucumana es pionera en el país, seguramente no será la última: el Senado bonaerense acaba de dar media sanción a un proyecto similar y uno de los gremios estatales está impulsando la aprobación de legislación semejante en otras provincias como Tierra del Fuego, Jujuy, Neuquén y Río Negro. “La violencia laboral no sólo causa problemas en la salud de las víctimas: es condición necesaria para el desarrollo de la corrupción en las instituciones públicas”, advirtió la socióloga especialista en el tema, Diana Scialpi.
La ley tucumana fue impulsada por la seccional local de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). Hace un par de años que el gremio viene trabajando con el concepto de “violencia laboral”, para no reducir el hostigamiento que pueden sufrir los empleados al acoso sexual, que es la única modalidad contemplada en el Primer Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional firmado en 1999 por UPCN. En el mismo sentido, aunque en forma separada, viene batallando Scialpi, quien realizó una investigación en el sector público sobre el problema e identificó nada menos que 26 formas de violencia laboral. Entre otras, hacinamiento y condiciones de trabajo denigrantes; sumarios injustificados; desprotección de la maternidad; el “techo de cristal” en el empleo público femenino; nombramiento de no-idóneos en cargos directivos o de gran responsabilidad; concursos espurios; infrautilización de capacidades individuales; amenazas de toda índole y hasta inadecuación del mobiliario para el trabajo.
“La ley de Tucumán es un paso importantísimo. Es fundamental que el tema ingrese a la agenda política, porque la violencia laboral puede enfermar a los empleados que la padecen. Durante mi investigación, conocí casos de depresiones, de enfermedades psicosomáticas como ataques de hígado y dolor de garganta y cuadros más graves, como consecuencia de distintas modalidades de violencia laboral. Además, la violencia laboral es funcional al desarrollo de la corrupción. Por miedo, muchos se callan”, apuntó Scialpi, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, e integrante de la planta permanente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, desde donde realizó su relevamiento plasmado en el libro Violencias en la Administración Pública. Casos y miradas para pensar la administración pública nacional como ámbito laboral (1999). Scialpi asesoró a la senadora bonaerense Elisa Carca (ARI), quien presentó el proyecto que recibió media sanción en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
En España, Italia y Francia existen una serie de asociaciones de lucha contra una modalidad de violencia laboral: el “acoso moral”, un fenómeno conceptualizado hace pocos años por la psiconalista francesa Marie France Hirigoyen. También en varios países europeos ya existe jurisprudencia a partir de sentencias con indemnizaciones por “acoso” laboral.
Unos días atrás, a partir de la publicación de la ley tucumana en el Boletín Oficial, luego de su aprobación en la Legislatura, en la oficina de UPCN varias víctimas de violencia laboral se animaron a presentar su denuncia por escrito, algo que antes no sucedía porque los perjudicados temían sufrir represalias. Contaban los padecimientos pero rara vez ponían su firma en el relato, comentó Lucinda Espeche, secretaria nacional de Igualdad de Oportunidades de UPCN. Espeche dio detalles sobre dos de los casos denunciados en los últimos días: “Una conserje de una escuela deldepartamento de Río Chico está enferma por todo lo que la directora la insulta; por falta de personal es la única con esa función y entre otras cosas la directora le tiene prohibido hablar con las maestras y tampoco las docentes pueden hablar con ella. En la zona rural de Lamadrid, un empleado denunció que el delegado comunal le quiso levantar la mano” contó la secretaria gremial.
La ley tucumana define el marco jurídico para castigar “el maltrato físico y psíquico, el acoso, el acoso sexual, la discriminación remunerativa y toda otra forma de coacción utilizada por las autoridades, personal jerárquico y/o terceros vinculados directamente con ellas”. Pero no establece sanciones, que recién se conocerán una vez que la norma sea reglamentada por la Secretaría de Trabajo provincial. En cambio, el proyecto bonaerense, es más amplio al describir los tipos de violencia laboral (ver aparte) y además, se mete con las penalidades: establece desde apercibimiento o suspensión de hasta 60 días corridos hasta cesantía o exoneración, según la gravedad del caso. Ambas iniciativas, no obstante, protegen al denunciante y a los testigos, que no podrán ser sancionados ni despedidos ni sufrir ningún perjuicio personal en su empleo por el hecho de abrir la boca.
Según informó Espeche, UPCN impulsó la presentación de iniciativas similares en las legislaturas de Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Tandil. Y el gremio está trabajando en la elaboración proyectos en San Luis, San Juan y Formosa.