La ley tucumana entiende por violencia laboral al abuso de autoridad expresado en las siguientes formas: “maltrato físico, maltrato psíquico, acoso, acoso sexual, discriminación remunerativa, toda otra forma de coacción utilizada por las autoridades, personal jerárquico y/o terceros vinculados directamente con ellas”. El proyecto bonaerense es más puntilloso a la hora de definir la violencia laboral y para que no queden dudas enumera una serie de situaciones de maltrato psíquico:
- Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana.
- Asignar misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillar.
- Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización.
- Cambiarlo de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo de sus compañeros o colaboradores más cercanos.
- Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando el aislamiento del mismo.
- Prohibir a los empleados que hablen con él o mantenerlos incomunicados.
- Encargar trabajo imposible de realizar.
- Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de una actividad u ocultar las herramientas necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto.
- Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado.
- Efectuar amenazas reiteradas de despido infundado.
- Privar al trabajador de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.
Del mismo modo, el proyecto con media sanción del Senado provincial considera al acoso en el trabajo, “a la acción persistente y reiterada de incomodar al trabajador o trabajadora, manifestada en comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica del individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo, en razón de su sexo, su opción sexual, edad, nacionalidad, origen étnico, color de piel, religión, estado civil, capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas o situación familiar”.