Un caso que sirve para evidenciar la asociación entre violencia laboral y corrupción es el que sufrió una médica, jefa de Farmacia de un hospital público que obtuvo su cargo por concurso público, relató la socióloga Diana Scialpi. El episodio ocurrió a principios del año 2000. La médica empezó a recibir intimaciones de todo tipo, incluido el cambio de cerradura de su oficina mientras estaba de vacaciones, el traslado de sus pertenencias a otro lugar y amenazas para que dejara su puesto. “La finalidad que justificaba esa conducta violenta salta a la vista: obtener, por desplazamiento y cooptación, el control de un servicio hospitario que produce dinero. Otro profesionales se servicios hospitalarios tales como Laboratorio y Rayos, que son los principales productores de recursos monetarios, también han resultado víctimas de procedimientos similares. Por encima de una finalidad privada, el impacto sobre los resultados de la gestión pública, transferida a manos de inescrupulosos, también se hace evidente en términos de cifras de desamparo social”, observó Scialpi.