Reconocidos profesionales que intervienen en casos de abuso sexual infantil y maltrato están siendo difamados y amenazados a través de páginas y sitios de Internet, con pintadas y volantes en la zona céntrica de Tribunales y por mails de grave contenido enviados a sus casillas particulares. Los ataques provienen de “personas que se sintieron afectadas por sus intervenciones profesionales en las instancias judiciales en las que fueron denunciadas, con la intención de amedrentarlos y mellarlos en su defensa y protección de los niños afectados, intentando de este modo impedirles cumplir su función profesional”, denunció la Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil (Asapmi), una entidad que agrupa a especialistas de distintas disciplinas que trabajan en la temática y que encabeza María Inés Bringiotti, directora del Programa de Investigación en Infancia Maltratada, de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

En la larga lista de profesionales que están sufriendo hostigamientos y agresiones –en algunos casos hasta golpizas– figura el psicoanalista de niños y adolescentes Jorge Volnovich, los abogados Juan Pablo Viar y Juan Pablo Gallego –que representa a una de las querellas contra Julio César Grassi–, el psiquiatra Enrique Stola, que asistió y brindó contención a “Ezequiel”y “Gabriel”, dos de los jóvenes que denunciaron al cura; Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos de la Infancia, y hasta Eva Giberti, directora del Programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia de la Nación. “Ojo por ojo, diente por diente, hijo por hijo” fue una de las últimas amenazas que le llegaron por correo electrónico a Viar.

Cada martes, un grupo de padres se reúne frente a Tribunales y con una radio abierta montada en un automóvil vocifera en contra de jueces de Familia de la Capital Federal. Entre los manifestantes muchos han sido denunciados por violencia familiar y tienen o han tenido alguna restricción en las visitas con sus hijos por medidas dispuestas por la Justicia.

El mecanismo se repite. La jueza de primera instancia en lo civil Miryam Rustán de Estrada denunció que recibió amenazas durante el último fin de semana luego de ordenar el desalojo del Hogar San José Obrero, de la Fundación Felices los Niños, tras realizar una investigación sobre las denuncias de abuso sexual y malos tratos contra chicos allí alojados. El abogado Juan Pablo Gallego, que representa al Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el juicio contra Grassi, también es blanco de ataques, al igual que otros profesionales que intervienen en causas judiciales contra otros hombres, investigados por abuso sexual o incesto, pero que no son famosos como el cura. Como Viar. En los últimos tres meses, Viar fue centro de una campaña de desprestigio que incluyó carteles pegados en los alrededores de su estudio jurídico, en el microcentro, y de Tribunales, y reparto de volantes con mensajes que lo señalaban como pedófilo. También recibió amenazas de muerte, según reveló a Página/12. Algunas le llegaron por correo electrónico como anónimos o con la firma de Agustín Pedro Castelli, el nombre de una persona que se suicidó casi una década atrás. Viar asesoró jurídicamente a su ex esposa, en una causa contra Castelli por violencia severa contra la mujer y sus hijos.

En un comunicado de prensa, Asapmi alertó que los ataques provienen de personas que “se presentan a sí mismas como víctimas, intentan desresponsabilizarse absolutamente por los hechos que derivaron en la instancia judicial en la que los profesionales actúan, ya sea como abogados/as o como peritos, cuando sus dictámenes o conclusiones no los favorecen”.

Stola contó a Página/12 que hace poco menos de un mes le abrieron un perfil en Facebook y un blog en Internet a su nombre, a los que le llegan mensajes difamatorios. Stola recordó que en los últimos tres años sufrió además tres ataques en su domicilio particular y numerosas amenazas de muerte, después de brindar asistencia psiquiátrica y contención a dos de los jóvenes que denunciaron a Grassi. Stola declaró en el juicio contra el sacerdote. “En una oportunidad me fajaron, me dijeron que me dejara de joder con el cura. Eso fue en marzo de 2006. Después me metieron una denuncia penal diciendo que no era psiquiatra. La causa finalmente ya se cerró. Y en el último año me han hecho también campañas por Internet difamatorias”, describió Stola, que sufrió un cuadro de estrés postraumático como consecuencia de la persecución.

“La situación es muy grave –describió a Página/12 Bringiotti–. Costó mucho visibilizar el problema del abuso sexual en la sociedad, no sólo en la Argentina. Hay profesionales que han tenido que dejar casos porque no pudieron soportar más el hostigamiento”, denunció. Algunos han sido denunciados por injurias u otra causa por imputados de abuso sexual y tuvieron que enfrentar costosos juicios, entre ellos especialistas de la Unidad de Violencia Familiar del Hospital Pedro de Elizalde, de la ciudad de Buenos Aires, encabezada por Norberto Garrote, señaló la titular de Asapmi.

Bringiotti está llevando adelante un estudio de prevalencia de situaciones traumáticas en la infancia y la adolescencia. “Estamos encontrando que el 75 por ciento de los chicos que fueron abusados no se lo contaron a nadie. Las secuelas del abuso son de las más graves que puede tener un chico junto con las guerras”, advirtió la directora del Programa de Investigación en Infancia Maltratada de la UBA. “Es muy importante que la publicidad de estos hechos llegue a la comunidad, para que ésta no se vea sorprendida en su buena fe, y la defensa de los niños/as abusado/as sea la prioridad, tal como lo indica el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño”, destaca el comunicado de Asapmi.

El fenómeno del ataque a profesionales comprometidos con la denuncia del abuso infantil no es exclusivo de la Argentina y se conoce como “backlash”. La reacción se produce y se profundiza a medida que se visibiliza y se denuncia cada vez más esa problemática. Para Bringiotti sería muy importante la aprobación de una ley que dé protección a los profesionales que trabajan en el tema, como existe en otros países.