La cúpula de la Unión Industrial Argentina redobló ayer la apuesta frente a la estatización del gobierno venezolano sobre tres siderurgias que pertenecen al grupo Techint y solicitó la no inclusión de ese país como miembro pleno del Mercosur. La mesa chica de la entidad empresaria se reunió ayer para establecer una estrategia y amenazó también con coordinar medidas regionales, para lo que convocó a un cónclave urgente del Consejo Industrial del Mercosur, en Montevideo. Si bien las tres productoras de briquetas con presencia del holding no reportan ganancias al país, el “perjuicio a la industria nacional” se convierte en la bandera que esas cámaras patronales enarbolan para defender los negocios del grupo y pedir nuevamente apoyo del Ejecutivo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió duramente a los planteos al afirmar que le hubiera gustado que los primeros 400 millones de dólares que Techint obtuvo gracias a la intervención oficial como parte de la venta de Sidor se “hubieran depositado en la Argentina en lugar de otros países que tienen crisis y no ofrecen garantías” (ver aparte). El dinero fue colocado en el Dresdner Bank de Frankfurt, Alemania. Por su parte, el canciller Jorge Taiana adelantó que se encontrará la semana próxima con su par venezolano para buscar una “solución satisfactoria”.

Los popes fabriles adelantaron unas dos semanas el encuentro de la Junta Directiva con todas las entidades del país para tratar la nacionalización del sector productor de briquetas venezolano. Se trata de cinco empresas, de las cuales en tres el Grupo Techint tiene participación: Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa), Materiales Siderúrgicos (Matesi) y Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua). Sobre las dos primeras tiene mayoría accionaria. Desde que se conoció la decisión del gobierno venezolano la UIA, que responde a los intereses de Techint, fue la primera en manifestar su repudio por la medida y su “profunda preocupación” por su efecto en “una empresa argentina”.

Acudieron 72 representantes de entidades industriales de todo el país a la sede de Avenida de Mayo. Los empresarios se retiraron por el estacionamiento sin hacer declaraciones a la prensa y, en cambio, emitieron un breve comunicado. “La junta directiva de la Unión Industrial Argentina solicita a las autoridades argentinas rever la decisión de incorporar a Venezuela como miembro pleno de dicho mercado común”, dice el documento difundido por la entidad. La UIA justifica ese pedido en el artículo 2 de la ley 23.981 que aprueba el Tratado de Asunción, citado en el texto. Según sostiene, las decisiones adoptadas por el gobierno venezolano “son contrarias” a la integración de la región y exhiben una posición de “absoluta asimetría respecto de las ofrecidas por los restantes países del bloque”. Fuentes del sector en el país caribeño afirman que el tratamiento del grupo también es dispar entre los distintos países y que está aprovechando el conflicto para obtener un desembolso más abultado como resultado de la venta de las tres siderurgias.

La junta directiva que encabeza el empresario del sector plástico Héctor Méndez afirma que el presidente Hugo Chávez fomenta “la división entre los países del bloque”. La entidad sostiene sus conclusiones en recientes expresiones del mandatario venezolano, quien aseguró que “las inversiones brasileñas no están incluidas en el proceso de estatización de su gobierno”. La UIA aseguró también haber recibido consultas de cámaras empresarias de los países miembros del bloque para evaluar “acciones conjuntas que tiendan a dar respuesta a esta situación y a continuar con el proceso de integración”. “A tal efecto se ha convocado a una reunión urgente del Consejo Industrial del Mercosur en Montevideo”, según adelanta el documento.

Otros sumaron sus rechazos. La Unión Obrera Metalúrgica expresó su “total desacuerdo” por la decisión adoptada por el gobierno venezolano. El sindicato que encabeza Antonio Caló tomó posición en favor de la transnacional y emitió un comunicado en el que “invita al presidente Hugo Rafael Chávez Frías a respetar los acuerdos bilaterales de protección de inversiones”. En la misma sintonía se pronunció la Asociación de Industriales Metalúrgicos que conduce el ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain. La entidad pidió a “habilitar un canal de diálogo que permita una justa solución a esta controversia”. También se adhirió al reclamo la Cámara de Exportadores. La cámara que encabeza Enrique Mantilla solicitó a las autoridades que “no tengan un enfoque rentista”. “Una política activa implica una defensa del Mercosur”, agrega el documento de la entidad. La Comisión Directiva de la CERA tratará el tema de la Defensa del Mercosur esta semana.

Distintos funcionarios del Gobierno buscaron diferenciar la estatización venezolana con la realidad argentina (ver aparte). Esa vinculación, que nació en el seno del Grupo Techint, fue deslizada como una estrategia para presionar por un respaldo político y utilizada por la oposición para apuntar contra el oficialismo en la campaña legislativa. La Unión Industrial también buscó generar tensiones entre ambos gobiernos al aducir que el Ejecutivo argentino no fue consultado por el presidente venezolano antes de tomar la decisión.

El próximo lunes el canciller Jorge Taiana se reunirá con su par venezolano, Nicolás Maduro, durante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), para manifestarse “por una solución satisfactoria” y porque se “respeten los derechos” del grupo. “Porque es una empresa argentina y porque, si le va bien, le va bien a una empresa argentina”, justificó el jefe de Gabinete, Sergio Massa.