Por orden judicial, el gobierno porteño debe brindar alojamiento y asistencia médica a una pareja de jóvenes costureros bolivianos, víctimas de la trata de personas, quienes quedaron desamparados después de haber sido echados de un taller que trabajaba para una firma de ropa de primera marca. Un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Treacy dispone que la asistencia se haga en los términos de la ley 2781, sancionada en julio del año pasado, que obliga al Ejecutivo a brindar alojamiento a las personas víctimas de redes de trata “hasta tanto cese su situación de vulnerabilidad”. Las dos víctimas fueron despedidas la primera semana de enero del taller donde trabajaban –que a la vez les servía de vivienda– y desde entonces están en situación de desamparo: hasta mediados de abril fueron asistidos por la Organización Internacional para las Migraciones y a partir de ese momento se albergan en forma precaria en la Fundación La Alameda. El reclamo que hicieron ante distintas instancias del gobierno porteño chocó contra el argumento de que “la ley todavía no está reglamentada”. El encargado de la reglamentación es el propio Ejecutivo.

“Vivíamos en el taller, en medio de los cortes de tela, y trabajábamos desde las 6 hasta las 22. Y cuando pedimos una mejor paga, nos echaron”, relata Oscar Mamani a Página/12. Había entrado al taller un año antes, junto a su mujer, reclutada por una compatriota cuando estaba internada en el hospital Vélez Sarsfield. “Nos ofrecían 200 pesos por cada persona que lleváramos a trabajar en el taller”, cuenta su pareja, Concepción Pajarito Marca.

Los dos se convirtieron en denunciantes del taller que los empleaba y de la firma Kosiuko, para la cual trabajaba el taller, y a la cual le reclaman una indemnización por despido. La firma Kosiuko negó en un comunicado “cualquier participación en la contratación de trabajo esclavo”. Sin embargo, su titular, Federico Bonomi, está imputado en una causa por el delito de “reducción a la servidumbre”, con pedido de indagatoria por parte de la fiscalía.

El caso de la pareja de costureros bolivianos fue divulgado por Página/12 el 2 de marzo último. En la causa judicial que se originó a partir de la denuncia son testigos el sacerdote católico Mario Videla y el rabino Damián Karo, ante quienes un representante de Kosiuko admitió que las prendas que se confeccionaban en el taller pertenecían a su marca. En esas reuniones la empresa aceptó indemnizar a la pareja con 51 mil pesos, pero después negó la relación laboral.

Ahora, según el fallo del juez Treacy, la situación que viven Oscar y Concepción los encuadra en la figura de “víctimas de trata de personas”. Por eso, el juez consideró admisible el recurso de amparo contra el gobierno de la ciudad para que se les brinde a ambos “protección integral”. Hoy, la pareja llevará la orden judicial a las oficinas del gobierno porteño.

Los dos entraron a trabajar en el taller de Crisóstomo Alvarez al 3900, en el barrio de Parque Avellaneda, a principios de 2008. “Nos prometieron pagarnos 1,70 peso por campera, pero al final nos daba unos 700 pesos por mes. Se trabajaba todo el día, no había descanso salvo para comer, estábamos saturados”, cuenta Oscar a Página/12. Vivían allí mismo, en un cuarto que el propio Oscar construyó y dormían en cuchetas, junto a los cortes. “Los baños eran un simple pozo en la tierra y sólo contaban con agua fría para bañarse”, describe la sentencia.

“Un día, de paseo por el shopping de Liniers, vimos en un local la misma prenda que nosotros confeccionamos que se vendía a unos 300 pesos”, agrega Concepción. “Le pedimos una mejor paga y a partir de eso no nos dio más trabajo.” Los dos fueron despedidos el 7 de enero último y, junto con el empleo, perdieron la vivienda.

Ambos fueron alojados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) durante tres meses –el tiempo máximo de su programa de asistencia a las víctimas de trata– entre el 9 de enero y el 14 de abril último. Y luego fueron albergados en un espacio de la Fundación La Alameda, donde se encontraban hasta ayer.

“En la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar, dependiente de Desarrollo Social, les pidieron que lleven presupuestos de hoteles, y en la Dirección de asistencia a la víctima, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, les dijeron que la ley no está reglamentada. En realidad, pese a que se sancionó en julio de 2008, tampoco está contemplada en el Presupuesto 2009”, relató Gustavo Vera, titular de La Alameda. “Recién en mayo, el gobierno de la ciudad les dio unos colchones, porque estaban durmiendo en unos que les habían prestado los cartoneros”, agregó. “Sólo en La Alameda tenemos seis personas más en esta situación: víctimas de trata que no son asistidas por el gobierno de la ciudad, como obliga la ley.”

La norma fue pensada para asistir a las personas que sufren explotación laboral o sexual como consecuencia de haber sido reclutadas por una red de trata. El proyecto original presentado por la diputada socialista Verónica Gómez, en 2005, recién fue aprobado el 10 de julio del año pasado. No sólo dispone que debe darle “alojamiento inmediato, durante el período en que permanezcan en situación de vulnerabilidad”, sino “asistencia médica, psicológica y patrocinio jurídico”, garantías para la escolaridad de sus hijos, si los tuviera; facilidades para regresar a su país, si ésa fuera su voluntad, o para incorporarse a emprendimientos productivos, si decidieran permanecer en el país.