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Desde Lima

El gobierno de Alan García finalmente cedió ante la rebelión indígena de la Amazonia peruana. Ayer, el primer ministro, Yehude Simon, firmó un acta con representantes indígenas comprometiéndose a derogar las leyes cuestionadas por los nativos por considerar que facilitan la entrega de sus tierras a empresas transnacionales. El gobierno enviará hoy una propuesta al Congreso para anular las leyes que gatillaron el levantamiento indígena, que ha dejado 35 muertos oficialmente reconocidos, 25 de ellos policías, y más de 60 indígenas desaparecidos. Representantes nativos aseguran que habría, por lo menos, 30 civiles muertos. Se descuenta la aprobación en el Congreso de la anulación de estas leyes, ya que fueron los votos oficialistas los que hace dos semanas, en la víspera de la matanza de Bagua, habían bloqueado su derogatoria.

Con esta decisión, se abre un espacio para restablecer el diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas para elaborar nuevas normas legales para la Amazonia. Daysi Zapata, presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que reemplaza en el liderazgo del movimiento indígena a Alberto Pizango, asilado en la Embajada de Nicaragua, calificó como “tardía” la decisión de anular las cuestionadas leyes y reiteró su desconfianza en el gobierno, por lo que, dijo, esperarán a que la anulación de las leyes se haga efectiva para pronunciar sobre el reinicio del diálogo. “Los pueblos ya están cansados de promesas, debemos ver realidades”, afirmó.

Luego de dos meses de conflicto, un diálogo inútil y un final de represión policial, satanización y persecución contra sus principales dirigentes, los indígenas han perdido la credibilidad en el gobierno. Restaurarla parece una tarea complicada. “¿Tantas vidas tenían que morir para que el gobierno se dé cuenta de que las leyes estaban mal dadas?”, se quejó Zapata, que volvió a exigir la renuncia del primer ministro, Yehude Simon. El conflicto indígena ha escalado hasta transformarse en un amplio movimiento de protesta nacional. En los últimos días han habido nuevos bloqueos de carreteras, la toma de un aeropuerto en la andina ciudad de Andahuaylas, el inicio de huelgas indefinidas en algunas urbes amazónicas y andinas, la convocatoria a un paro nacional para el 7, 8 y 9 de julio, llamados a la renuncia del gabinete e, incluso, en algunos casos, a la vacancia presidencial.

El gobierno fracasó en su intento de aislar a los indígenas con una agresiva campaña de desprestigio, calificándolos desde “salvajes” y “terroristas” hasta instrumentos de un “complot del comunismo internacional”, y quedó cercado por una rebelión que comenzó entre los indígenas y que se ha extendido a todo el país. Debilitado y aislado, el presidente García, que hasta ayer se había negado enfáticamente a derogar las leyes cuestionadas por los indígenas y que hace dos días amenazó endurecer la represión, terminó cediendo ante la magnitud de la protesta social. “Con la anulación de estas leyes, la tensión social seguramente disminuirá, pero el conflicto no se soluciona. Esta derogatoria es solamente el punto de partida para el inicio de un diálogo, que debe ser no sólo entre el gobierno y los movimientos indígenas, sino con todas las fuerzas sociales. Esta crisis ha revelado los límites del modelo económico neoliberal y del sistema político, que ya no dan más, y sobre eso debe haber un diálogo nacional”, le señaló a Página/12 el sociólogo Eduardo Toche, investigador de Desco (Centro de Estudios y Promoción del Dersarrollo).

Mientras el gobierno pretendía calmar las crecientes protestas internas aceptando anular las llamadas “leyes de la selva”, los efectos del conflicto peruano se siguen sintiendo en las tensas relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia. Ayer, el gobierno peruano decidió llamar en consulta a su embajador en La Paz, Fernando Rojas, como protesta por las declaraciones del presidente Evo Morales, quien calificó lo ocurrido en la Amazonia peruana como “un genocidio” del gobierno contra los indígenas. Esta declaración indignó a las autoridades de Lima, que han acusado, aunque sin presentar pruebas, a Morales, y también a Hugo Chávez, de estar detrás de las protestas indígenas, algo que los gobiernos de Bolivia y Venezuela han negado.

Mientras tanto, el drama continúa en Bagua, la zona de la matanza, donde el gobierno clausuró una radio local que había dado amplia información sobre la represión policial. Según la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), hay 61 indígenas desaparecidos, aunque aclara que esa cifra puede variar en los próximos días, y 23 detenidos. “En la zona hemos recogido muchos testimonios de pobladores que dicen haber visto helicópteros arrojando cadáveres al río. Después del enfrentamiento, las fuerzas de seguridad cerraron el lugar y no dejaron entrar a nadie. Eso nos hace sospechar que pueden haber estado borrando las pruebas de más muertes. He visto a los detenidos y he podido hablar con ellos. La mayor parte han sido golpeados durante y después de su detención. No se están respetando sus derechos mínimos para que asuman su defensa”, señaló este diario Juan José Quispe, abogado de Aprodeh.