La colección de funcionarios o ex funcionarios cuestionados que el gobierno porteño ha venido designando con obcecada indiscreción ya puede completar un álbum. Aunque lejos en el ranking de revuelo que lidera el nombramiento de Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana, el caso de Juan Pablo Fioribello merece cuanto menos un podio. El jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte hasta junio pasado está procesado por extorsión pero, además, tenía un respetable arsenal y equipamiento policial en su domicilio de Belgrano.

Fioribello, un abogado de 35 años que con su procesamiento generó la renuncia de su superior, el ex subsecretario de Transporte porteño Jorge Braulio Norverto (quien acaba de ser reemplazado por el vendedor de automóviles Guillermo Dietrich), está acusado de extorsionar a una persona a la que le exigió el pago de 25 mil dólares. Lo detuvieron el 26 de junio y las crónicas policiales detallaron que el viernes 17 de julio salió de prisión después de pagar una fianza de 50 mil pesos. La víctima que lo denunció ante la Fiscalía de Instrucción 47 dijo que había recibido varios llamados de un presunto sargento de la Policía Federal que investigaba su vida privada. Y agregó que un video en el que se lo veía manteniendo relaciones homosexuales sería repartido entre sus familiares si no pagaba aquella suma.

Los investigadores constataron que las llamadas del falso policía provenían de un locutorio situado en Belgrano y fueron en su búsqueda. Montaron guardia en el comercio y allí fue detenido Fioribello y también una persona que lo acompañaba y respondería al nombre de Ramiro Cenoz, un publicista y vecino suyo de la calle Montañeses. La Federal comprobó que el sargento había resultado ser el ex funcionario y le incautó una pistola marca Glock calibre 40, credenciales que lo autorizaban a portar otras armas de fuego y tarjetas personales que decían “jefe de asesores del gobierno de la ciudad” y “abogado”.

Ese material no sería todo. Cuando allanaron su departamento en un tercer piso, le encontraron cajas de proyectiles 9 milímetros, un silenciador, una granada de humo, chalecos antibalas y uniformes de las policías Federal y Bonaerense, además de varias tarjetas con los nombres de oficiales de esas fuerzas. Fioribello estuvo preso tres semanas, pagó la fianza que le permitió recuperar la libertad y quedó procesado en la causa que abrió la Justicia. Para entonces, su contrato en el gobierno porteño ya había sido rescindido, aunque por razones presupuestarias y no por su comprometida situación. Norverto, el subsecretario de Transporte para quien trabajaba Fioribello, habría aducido “motivos personales” para renunciar. Pero la detención y procesamiento de su colaborador habrían sido el detonante de su alejamiento.

La historia como funcionario del joven abogado comenzó el 20 de octubre de 2004 con su designación en el Ministerio de Seguridad bonaerense mediante la resolución 1558 firmada por Arslanian. En su artículo 1 decía que se le asignaban “las funciones de estudio, análisis, diagnóstico y diseño de las temáticas abordadas por la Dirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación”.

En mayo de 2005, Fioribello consideró que una exposición de armas podía ser un buena señal para “acercar a la comunidad a la institución”, según el diario platense Hoy. Y así fue como se lanzó a organizarla durante una semana en el Museo Policial Inspector Mayor Constantino Vesiroglos, ubicado en la calle 54 de la capital provincial. “Los visitantes podrán apreciar desde armas antiguas, largas y de puño, hasta elementos utilizados por el grupo especializado Halcón de última tecnología”, describió el ex funcionario al que se le hallaron en su departamento objetos que bastarían para exhibirse en una segunda exposición.

También desde la dirección a su cargo, realizó el Primer Encuentro de Bandas Oficiales de Música en el teatro Martín Fierro del Paseo del Bosque. Como era de esperar, participaron en el evento las bandas de la Bonaerense y la Federal, del Ejército, la Fuerza Aérea, la Gendarmería, la Escuela Naval Militar y el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Ahora Fioribello deberá marcharse con la música a otra parte. Después de pasar como funcionario por los gobiernos de los dos principales distritos del país, un delicado proceso judicial podría enviarlo a la cárcel. El delito de extorsión que se le imputa, según el Código Penal, tiene una pena de tres a ocho años de prisión.