“No a los fondos de La Alumbrera.” La consigna comenzó a circular entre los docentes, estudiantes, graduados y no docentes hasta llegar a los decanos de diez facultades del país. En mayo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –conformado por todos los rectores de universidades nacionales– aceptó por segundo año consecutivo los fondos que, por ley, la empresa minera Alumbrera Limited –que explota el yacimiento ubicado en Catamarca– destina a las universidades nacionales. El lema se transformó en movimiento con la conformación de una red de facultades y unidades académicas nacionales (ver aparte) que manifestaron su “rechazo ético” a esos fondos, en una declaración conjunta que además condena la actividad de La Alumbrera por “contaminar el aire, el agua, el suelo y las personas con derrames de ácidos mineros y otros contaminantes procedentes de las actividades de extracción de cobre y oro”. La red solicita al CIN y a todas las universidades públicas que “aprueben códigos de ética para que casos como el de La Alumbrera no se repitan”. El tema figura en la agenda de la reunión del CIN que se celebra entre hoy y mañana en Villa María, Córdoba.

“Los rectores tienen potestad para aceptar los fondos, pero no para distribuirlos entre las facultades. Por eso, comenzamos a advertir la necesidad de llevar la discusión del rechazo a los fondos de La Alumbrera hasta el CIN”, resumió la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) –primera institución en rechazar los fondos este año–, Patricia Altamirano.

Para Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA –la única en esa universidad que rechazó los fondos y ordenó crear un consejo consultivo–, la actitud se fundamenta en “la aceptación acrítica del dinero antes de su incorporación al presupuesto universitario”.

En ese sentido, Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la UNC y presidente de una organización ambientalista con carácter consultivo en la ONU, apuntó que los fondos “se querían aprobar rápido y en silencio. Que se genere un debate hacia afuera de las autoridades universitarias pone en tela de juicio la imparcialidad y la forma en la que se toman fondos. Se le tiene miedo al control social de la universidad”.

Los fondos provienen de la explotación que tres empresas de origen suizo y canadiense hacen de La Alumbrera, enlazadas por una Unidad Transitoria de Empresas, a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El organismo detenta el derecho de explotación de la mina y está conformado por el gobierno de Catamarca –la explotación es en el departamento de Belén–, la Universidad de Tucumán –por ser la institución que descubrió el yacimiento en 1948– y el Estado Nacional. En esa sociedad, la empresa percibe el 80 por ciento de las utilidades, y el YMAD el 20 por ciento restante, de lo que se destina 60 por ciento a la provincia de Catamarca, el 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y otro 20 por ciento a distribuir entre las “universidades del Estado”, según la ley nacional 14.771.

A propósito de estas condiciones establecidas por la ley, el gerente de Relaciones Institucionales de Alumbrera Ltd, Jorge Montaldi, indicó que “con prescindencia del derecho de las universidades a aceptar o no los fondos provenientes de las utilidades de YMAD, La Alumbrera no genera contaminación, cumple con la normativa ambiental argentina y tal como demostró el reciente fallo de la Justicia, no hay ningún ejecutivo procesado por delito ambiental” (ver aparte).

La primera distribución de fondos desde la YMAD llegó en 2008, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional aceptó esas utilidades por 50 millones de pesos y diseñó el modo de distribución por el que se repartió “por partes iguales” entre todas las universidades. Para el período 2009, el CIN volvió a aceptar por acuerdo plenario una partida de 36.800 millones de pesos. Pero, esta vez, se encontró con el rechazo de varias facultades, que resolvieron no utilizar los fondos cuando éstos sean girados.

“La Universidad de Tucumán, al estar dentro de la estructura de la empresa, sufre una distorsión como institución educativa. Los fondos la atan para expresarse sobre el impacto ambiental que provoca la actividad. La utilidades deberían ir al Tesoro Nacional, pero con las ventajas impositivas que tienen las empresas se les termina pagando a las mineras para que se lleven todo y dejen la contaminación”, aseguró Lino Pizzolón, director del Observatorio del Agua de la sede Esquel, la única unidad académica de la Universidad Nacional de la Patagonia en rechazar los fondos en 2008.

Según datos oficiales, en 2009, la producción de metales crecerá un 40 por ciento, y en el caso del oro –uno de los metales que se extraen en La Alumbrera– habrá exportaciones por 1300 millones de dólares. Pero el Estado Nacional, según las normas vigentes desde la década de 1990, sólo puede cobrar impuestos fijos y no más del 3 por ciento del valor de “boca de mina”, donde el material tiene el valor más bajo del mercado.

“La facultad atraviesa una situación difícil en su realidad presupuestaria y los fondos de la mina podrían ser la inyección para afrontar el mantenimiento de infraestructura los servicios, la limpieza y los gastos administrativos. Pero sentimos que aceptar los fondos es ser cómplices de que otras comunidades sufran, por la contaminación de agua, aire y tierra”, apuntó Facundo Moulins, representante por los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), donde el Consejo Superior revisaría la medida. Además, según el acuerdo realizado por los rectores en el CIN, “sería deseable” que los fondos “se aplicasen a la implementación de algún proyecto institucional y no a los gastos corrientes”.

Según la declaración acordada por las facultades, los fondos generan un “clientelismo de universidad” que para Montenegro se traduce en “una falta de credibilidad de los estudios que realiza una universidad que aceptó los fondos”. Por eso, el docente se encargó de presentar un informe ante el Consejo Superior de la UNC –que aún no revisó la aceptación de los fondos– donde recopila, entre otras cosas, los casos de contaminación contra la empresa.

“Tenemos el derecho de plantear que el dinero no se puede incorporar sin considerar los efectos que tiene la minería a cielo abierto sobre el medio ambiente, la vida presente y futura de esos ecosistemas y la de sus habitantes, e indirectamente de todo el país”, advirtió Schuster. La decana de Psicología de la UNC, en sintonía con la declaración firmada por las facultades contrarias a recibir los fondos, adelantó que “la idea es que la red se amplíe con la participación de organizaciones sociales e intelectuales en una próxima reunión”.

Informe: Nahuel Lag.