Cada 28 horas muere una persona en el país debido al accionar de las fuerzas de seguridad del Estado, según el décimo cuarto informe presentado ayer en un acto en Plaza de Mayo por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El archivo de 2009 “es un relevamiento de todos los casos que se conocen en los que el aparato represivo del Estado mata, a través de sus distintas agencias y usando diversas modalidades”, detalla el informe. El trabajo registra un total de 2826 personas que murieron como consecuencia de la represión de las fuerzas policiales desde diciembre de 1983. Además, expone que, desde enero hasta octubre del presente año, se registraron un promedio de 20 muertes por mes, que hacen un total de 200 casos durante 2009. El repudio contra las políticas represivas y la propuesta de generar una herramienta de concientización y acción contra este sistema que “afecta especialmente a los sectores más vulnerables” es el objetivo de la construcción de este archivo.

Las modalidades represivas que detalla el informe, denominado “Más crisis, más represión”, remiten a “prácticas ilegales” utilizadas por las diversas fuerzas de seguridad estatal y “privadas” que, aun en democracia, se sustentan de ellas “para disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación”. El “gatillo fácil; muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamiento en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en los que el autor utiliza, para ‘resolver’ un conflicto interno o familiar, los recursos represivos del Estado); causas fraguadas o consecuencia de otros delitos, y otras circunstancias (desapariciones, etc.)”, conforman la lista de recursos usados por la policía.

Según el archivo, aunque es “imposible” calcular “la cifra negra” del gatillo fácil y de la muerte en cárceles y comisarías, los casos registrados por esta modalidad (1453, sobre un total de 2826) superan ampliamente a los asesinados en movilizaciones populares o protestas, que suman un total de 52 víctimas, desde 1983. Además, el análisis permite demostrar que “los jóvenes son el blanco favorito” de esas políticas: “Más de la mitad de las muertes corresponde a varones pobres de menos de 25 años, y el 30,5 por ciento del total tenía 21 años o menos”.

La Correpi también cuestiona el proyecto de Código Contravencional en el que trabaja el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el que se incluyen sanciones a personas con “actitud amenazante” o que vistan atuendos que ocultan el rostro e impidan su identificación; introduce artículos destinados a frenar las protestas y le atribuye a la policía el permiso de detener a menores de 14 años sin autorización judicial. María del Carmen Verdú, representante de Correpi, informó a Página/12 que con esta medida “no sólo no se está cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en el caso de Walter Bulacio, muerto en una comisaría–, sino que permite introducir figuras más amplias y confusas”. El fallo de la Corte ordenó derogar ese tipo de contravenciones y la averiguación de antecedentes, pero hasta la fecha la Argentina no cumplió con la sentencia. “En el marco de esas detenciones arbitrarias se produce la mayoría de las muertes en las comisarías”, resaltó Verdú.

La Correpi presentó ayer el informe en la Plaza de Mayo, en donde se realizó una concentración que contó con el apoyo de organizaciones sociales, universitarias y secundarias y con la participación de distintos grupos de trabajadores, como el cuerpo de delegados del subte, la comisión interna de Kraft (ex Terrabusi) y del Indec, entre otros.

Informe: Rocío Ilama.