“Que se cumpla la ley.” Bajo esa consigna, más de 200 organizaciones se movilizaron para denunciar el funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires de más de 600 prostíbulos, donde se explota a mujeres, posibles víctimas de la trata de personas. Los manifestantes marcharon desde Callao y Santa Fe hasta la Procuración General de la Nación, donde entregaron un petitorio. Los prostíbulos están prohibidos en la Argentina por la ley nacional de profilaxis –Nº 12.331– desde 1936. “Pero debido a la complicidad de la policía, muchos continúan en pie”, aseveró Viviana Caminos, integrante de la Red Alto al Tráfico y a la Trata (RATT). La recopilación de las denuncias estuvo a cargo de distintas organizaciones sociales, “aunque es un trabajo que debería hacer la Policía junto con los organismos de inspección”, afirmó Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, una de las entidades convocantes. “Si la Justicia necesitaba pruebas para actuar, ahora las tiene. Ya no hay excusas”, agregó. Con ese fin, se presentó al procurador general el listado de distintas casas de prostitución en la ciudad, para exigir su cierre y el rescate de las víctimas de trata.

Las casas de prostitución “son el caldo de cultivo del crimen organizado”, sentenció Vera. Además de la trata y del tráfico de personas sometidas a la esclavitud sexual, en ellos se cometen otros delitos, “como la explotación de menores, la reducción de personas a la servidumbre, el narcotráfico y el proxenetismo”, advirtió Juan Grabois, docente e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Estos hechos “se están produciendo bajo la vista de todo el mundo. Todo bajo el amparo de un sistema de coimas que lo resguarda, y oculta un gran negocio sobre la base del sufrimiento de mujeres y niñas”, señaló.

La prostitución como actividad por elección personal no está prohibida; sí lo están los prostíbulos en todas sus formas. Estas casas o departamentos en los que se ejerce la prostitución, como también el proxenetismo, están prohibidos por los artículos 15 y 17 de la Ley 12.331.

Según Vera, “el sistema prostibulario funciona debido a la complicidad de la policía, los organismos de inspección y el poder político tanto a nivel nacional como municipal”. En la misma línea, Caminos afirmó que “la policía es cómplice necesario para la existencia de esta actividad. Si no, no se explica cómo muchas veces los prostíbulos están ubicados a la vuelta de algún departamento policial”, agregó la representante de la RATT.

El procurador General de la Nación, Esteban Righi, ordenó en agosto último a todos los fiscales penales del país que busquen y liberen a las víctimas de la trata en los prostíbulos y que cierren los locales involucrados. Es decir que esta resolución pretende hacer cumplir la Ley 12.331. Con ese mismo objetivo se movilizaron las distintas organizaciones sociales, políticas, vecinales, feministas y religiosas, acompañando la presentación de las 613 denuncias a la Procuración, a fin de que se proceda al cierre efectivo de esos locales.

Sin embargo, “se plantea una dicotomía por parte del Estado”, ya que por un lado se insiste en el cumplimiento de la ley, por lo que se exige que los fiscales clausuren los prostíbulos, pero por el otro, en algunas provincias se intenta establecer un marco regulatorio para la actividad y permitir así la existencia de estos locales, explicó Vera. “Tal es el caso de la provincia de Santa Cruz, donde el gobierno se mostró partidario de reglamentar la prostitución”, afirmó. “La instrucción no debe ser letra muerta, tiene que tener eco en todo el país”, destacó Caminos.

El listado con los 613 prostíbulos, en el que se adjuntan las direcciones, los teléfonos y en algunos casos los nombres de los propietarios de las casas, fueron recopilados a partir de las denuncias que provienen de la sociedad civil, los clasificados de los diarios y los avisos y volantes en la vía pública. Liniers, Flores, Congreso, Constitución, Microcentro y Once son los barrios porteños donde se registra la mayor cantidad de denuncias por el funcionamiento de las casas de prostitución. Además de ser entregadas a la Procuración General, fueron enviadas a la agencia de control comunal y a la justicia contravencional.

Este mismo trabajo “será extendido a distintas provincias, como Buenos Aires, Córdoba y La Pampa”, adelantó Vera.

El reclamo de los manifestantes estuvo sintetizado en uno de los estandartes: “Aparición con vida para las víctimas de la trata y castigo a los responsables y los cómplices”. Por su parte, Vera aseveró que “frente a la constatación de las pruebas, el Estado no puede hacer otra cosa que actuar. Y ahora sí se verá cuál es su verdadero rol” en este tema.

Informe: Rocío Ilama.