En noviembre de 2008 un plebiscito realizado en California anuló el casamiento entre personas del mismo sexo, que había sido autorizado por la Corte Suprema de ese estado norteamericano. Ayer, el tema volvió a debatirse en la Justicia, luego de que los defensores de la diversidad sexual apelaran el resultado de aquella consulta popular. Más allá del resultado de este nuevo proceso judicial, la definición podría extenderse a todo el territorio del país. Es que de un lado y del otro del mostrador prometen apelar si el fallo les es adverso, hasta llegar a la Corte Suprema de esa nación.

El proceso se inició en la ciudad de San Francisco, cuna de la pelea por la igualdad de derechos de gays y lesbianas, porque los demandantes –una pareja gay– cuestionan la Propuesta 8, una consulta popular vinculante en la que el 52 por ciento de los votantes californianos rechazó el casamiento entre personas del mismo sexo. El argumento central es que la prohibición es discriminatoria. En octubre del año pasado, el juez federal Vaughn Walker aceptó el pedido y le hizo un lugar en el tribunal federal.

“Esta demanda es una tentativa del juez Walker de abrirles un proceso a los electores de California, y es un error.” Así reaccionó Brian Brown, director de la ultraconservadora Organización Nacional por el Matrimonio. Cuando los periodistas locales le insinuaron a Brown que impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo es una violación de la Constitución de Estados Unidos, el hombre se despachó: “Creo que nuestros padres fundadores se retorcerían en sus tumbas si escucharan que la Constitución garantiza el derecho a redefinir el matrimonio. Es absurdo”. Del otro lado, Jennifer Pizer, directora de la Asociación Lambda Legal, asegura que el juicio, que duraría entre dos y tres semanas, permitirá “un examen preciso de los pretextos presentados para discriminar a los homosexuales”. Pizer dice que los defensores de la Propuesta 8 tendrán que aportar pruebas “para justificar el hecho de que nos roben nuestros derechos porque la discriminación hace mal y no ayuda a nadie”.

Sin embargo, la posibilidad de que las audiencias sean trasmitidas en diferido por el sitio de Internet YouTube.com fue rechazada por la Corte Suprema de la nación, que quiere tomar un tiempo para pensarlo. Por lo menos hasta mañana a la tarde. El juez federal Walker, que actúa en el distrito de California del Norte, había pedido que las sesiones fueran divulgadas en directo por ese sitio.

Los demandantes cuentan con dos abogados estrellas: Theodore Olson y David Boies. Ambos trabajarán juntos tras haberse enfrentado en el proceso entre George Bush y Al Gore, luego del controvertido resultado de la elección presidencial de 2000 en Estados Unidos. Olson, que defendía a Bush, es conservador y por eso mismo Jennifer Pizer apuesta a que su alegato en favor de un tratamiento equitativo de las parejas gays y lesbianas impactará en muchas personas que hasta ahora no habían prestado atención al problema.

Los abogados de la querella dijeron en la primera audiencia que esta batalla legal es una continuación de la lucha contra las leyes racistas que no permitían el casamiento entre personas negras y blancas, autorizado por la Corte Suprema de esa Nación en 1967. Del otro lado habrá mucha resistencia, como ya lo auguró Brian Brown: “Nadie en Estados Unidos piensa que este caso terminará en este nivel, esto terminará en la Corte Suprema”. El argumento central de Brown, defendido ayer por el abogado Charles Cooper, es que no se puede cambiar el matrimonio, ya que siempre fue pensado para parejas heterosexuales en todas las culturas.

El matrimonio entre parejas del mismo sexo duró sólo seis meses en California, entre mayo y noviembre de 2008. Para detener los casamientos, conservadores y distintos grupos religiosos comenzaron entonces a juntar las firmas, lo que derivó en la Propuesta 8.

En el país hay cinco estados donde están habilitadas las uniones gays: Vermont, Massachusetts, Iowa, Connecticut y New Hampshire. Si el debate llega a la Corte Suprema de Estados Unidos, el fallo sentará una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país.