La Policía Metropolitana no podrá contar por ahora con su primer destacamento, que iba a ser construido en el Parque Sarmiento. Ayer, la Justicia porteña le ordenó al gobierno de Mauricio Macri que “no dé inicio a ninguna obra vinculada con la construcción de instalaciones” destinadas a esa fuerza, en ese espacio verde. Fue al hacer lugar, en forma parcial, a dos recursos de amparo presentados por la defensora adjunta del pueblo porteño, Graciela Muñiz, y la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía. La jueza Gabriela Seijas consideró que la construcción “podría alterar el destino y la fisonomía del parque”, por lo que solicitó al Gobierno de la Ciudad un estudio del impacto ambiental que tendría la obra y la adecuación al Código de Planeamiento Urbano, que zonifica esos terrenos como Urbanización Parque. El gobierno porteño estudia la estrategia legal para apelar la medida, en tanto que en el Ministerio de Justicia y Seguridad interpretaron las presentaciones judiciales como “una decisión manifiesta de entorpecer la gestión de Mauricio Macri”.

La Policía Metropolitana salió a la calle con cerca de 500 efectivos, el 5 de febrero último. Pero su de-sembarco fuerte estaba previsto para mayo, en territorio de la Comuna 12: Villa Urquiza, Saavedra, Coghlan y Villa Pueyrredón. Para ese entonces debía estar terminada la primera seccional (Precinto 12, en la jerga PRO). La idea resultaba ambiciosa, si se tiene en cuenta que para fines de enero, cuando se hizo el anuncio, no había nada construido, y recién se llamó a licitación en la primera semana de febrero.

Casi en forma simultánea se hicieron las presentaciones judiciales contra la pretensión de utilizar parte del Parque Sarmiento. Primero fue la diputada Sánchez Andía quien pidió que se declare inconstitucional la resolución que aprobaba los pliegos de licitación. Argumentó que “el cambio de destino de ese espacio resulta contrario al Código de Planeamiento Urbano”. Luego se presentó Muñiz, quien pidió la suspensión de la licitación porque “se violaron las facultades exclusivas de la Legislatura” para modificar la zonificación.

Las dos presentaciones se unificaron en el juzgado a cargo de Gabriela Seijas –la misma que autorizó el matrimonio gay en la Ciudad–, quien concedió parcialmente la medida peticionada: no anuló la licitación pero le ordenó al gobierno porteño que “no dé comienzo a ninguna obra vinculada con la construcción de instalaciones destinadas a la Policía Metropolitana en el Parque Sarmiento, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

Además, le pidió al Ejecutivo que informe la ubicación precisa de la obra, que remita los antecedentes del llamado a licitación y que instruya a la Agencia de Protección Ambiental y a la Dirección de Interpretación Urbanística para que elaboren informes sobre la adecuación entre las obras proyectadas y el Código de Planeamiento Urbano, y su impacto ambiental.

La jueza consideró que “si bien los distritos Urbanización Parque (como el Sarmiento) admiten ciertas obras de utilidad pública, ello es así en tanto complementen y no alteren el carácter de tales predios”. Puso como ejemplo de construcciones admisibles, equipamientos deportivos y sanitarios, juegos o mobiliario urbano. Sin embargo, admitió que “tal vez (el parque) pueda tolerar la obra proyectada sin ver sustancialmente afectado su uso público como sitio de esparcimiento”. Para eso, requirió conocer el real impacto que tendrá la construcción en el predio.

Finalmente, tuvo en cuenta que “los daños que provocaría la no suspensión de la obra resultarían de mayor trascendencia y gravedad que los que pudiera ocasionar la suspensión”.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño minimizaron el impacto de la construcción al argumentar que ocupará “sólo dos hectáreas sobre un total de 64 que tiene el parque”. Y sostuvieron que la decisión de construir en ese lugar la sede de la Metropolitana “no es política sino estratégica, ya que es un lugar con salidas rápidas hacia los distintos puntos de la comuna”.

Graciela Muñiz dijo a Página/12 que “el gobierno violó el Código de Planeamiento Urbano y las atribuciones de la Legislatura, que es la única que puede otorgar una excepción. Y vulneró el artículo 27 de la Constitución de la ciudad, que dispone la preservación de los espacios verdes”. “También viola un legado histórico, ya que el terreno, que perteneció a las Chacras de Saavedra, fue donado para el funcionamiento de un espacio público de recreación”, agregó.

Para la diputada Sánchez Andía, “no hay justificación alguna para instalar una comisaría en un parque público contradiciendo la voluntad de los vecinos, que no quieren ver reducidos sus espacios verdes”. La medida judicial se conoció justo un día antes de la movilización –prevista para hoy a las 11, en Balbín 4750– convocada contra la instalación de la Metropolitana en el parque.