–¿Pueden conseguir un médico que firme el certificado de defunción? -preguntó Guillermo Bártoli, cuñado de María Marta García Belsunce.
–No se preocupe, la empresa tiene uno. ¿Cómo murió la señora? -repreguntó Oscar Sierco, gerente de ventas de Casa Sierra.
–Tuvo un infarto mientras se duchaba en su casa de Pilar –aclaró Bártoli. Las preguntas y respuestas fueron parte de la conversación que Bártoli mantuvo con Sierco en la cochería, entre las nueve y diez de la noche del 27 de octubre pasado, según aseguró Sierco en entrevista con Página/12. La conversación previa a la contratación del servicio tuvo otras aristas reveladoras para el caso: según Sierco, la familia planeaba la posibilidad de cremar el cuerpo. “Cuando se manda a una bóveda se acostumbran féretros muy buenos –dijo el funebrero–, pero este señor pagó por uno de los ataúdes más baratos porque tenían pensado cremarla.”
Hace unos días, el hermano de María Marta había asegurado a este diario que “en nuestra familia no existe la palabra cremación”. Pero, cual vulgar teoría de pituto, esa afirmación se desmorona tras la revelación de Sierco: “Antes de que viniera Bártoli, Horacio García Belsunce se comunicó telefónicamente con un amigo suyo, directivo de Lázaro Costa, para preguntarle si podían cremar el cuerpo de su hermana en el cementerio privado Jardín de Paz”.
Desde hace 41 años, la atención de Oscar Sierco está vinculada a las necrológicas. Pero de un día al otro, lo que ocupaba su atención saltó de las últimas páginas de los diarios a la primera plana. Y, para peor, esas noticias incluían su nombre. El viernes 20 de diciembre, Sierco y su esposa Yolanda Giménez (ambos empleados de Sierra) fueron detenidos por orden del juez porteño Julio Lucini, que investiga la expedición de certificados truchos firmados por el experto en defunciones Juan Carlos March. Ese día, otros cinco empleados y dos de los hermanos Sierra dueños de la cochería, los acompañaron en la redada necro. El último en caer fue March. El primero, Bártoli, que había decidido tomar sus vacaciones en Uruguay. Todos fueron excarcelados. Los dos únicos procesados fueron March, como responsable de falsedad ideológica, y Sierco, como partícipe secundario (ver aparte).
–A eso de las nueve o diez de la noche del 27 de octubre, el señor Bártoli y (Miguel) Taylor, un amigo de la familia, se presentaron en el local de Riobamba 126, donde yo trabajaba como gerente de venta de servicios –dijo Sierco durante una entrevista concedida ayer a Página/12.
–¿Trabajaba?
–Sí, ya no trabajo. Me despidieron. La empresa se consideró perjudicada como si yo fuera el culpable.
–¿Cómo se presentó Bártoli?
–Vinieron como novatos, como si hubiera sido la primera consulta que hacían. Yo no sabía ese día que habían pasado por Ponce de León y no les quisieron hacer el servicio. Ellos no dijeron nada. Apenas entraron ya estaban hablando entre ellos de si era cremación o no. El que hablaba más era Bártoli. Taylor agregaba poquitas cosas nada más. Y cada dos segundos les sonaba el celular. Tenían que salir del salón a hablar porque no les entraba bien la señal. Cuando entraron, Bártoli se presentó como muy amigo de Bernardo Sierra, uno de los dueños. También dijo que eran clientes de la casa. Pero la información no aparece en ningún lado y Sierra desmintió esa amistad.
–¿Pidió un servicio en particular?
–Generalmente, la pregunta que hacemos es ¿dónde lo van a llevar, si van a hacer velatorio?, en fin, qué quiere hacer la familia.
–¿Y qué quería hacer?
–No estaba decidido todavía si iba a cremación o a la bóveda.
–O sea que la idea de cremar el cuerpo era concreta. –Pero claro. Si ellos eligieron un ataúd muy precario. Por todo el servicio pagaron 2100 pesos, es uno de los servicios más baratos. Eso no llamaba la atención porque si iba a ser cremada no tenía sentido un ataúd importante, pero cuando va a bóveda se colocan féretros muy buenos. Y antes de venir a nosotros, el hermano de la mujer muerta, Horacio García Belsunce, llamó por teléfono a un amigo que es directivo en Lázaro Costa. Le pidió si se podía cremar el cuerpo en el cementerio privado Jardín de Paz. Le preguntó cómo había muerto y le dijo que se tropezó en la ducha. Y entonces no le quiso dar el servicio.
–¿Cómo supo todo esto?
–Después, cuando se supo el escándalo. Me llamó una amiga que es promotora del Memorial y de Jardín de Paz. Esa mujer estaba al lado del directivo de Lázaro Costa (esa cochería y los dos cementerios privados fueron comprados por la empresa Funeral Home). Ella ofreció testimoniar pero cuando la citaron pidió prórroga y después no apareció más.
–¿Le mencionó Bártoli cómo había muerto su cuñada?
–Bártoli me dijo que murió de muerte natural. Tuvo un infarto mientras se duchaba, me dijo. Y me preguntó si tenía algún médico. El problemita que planteaba era que había fallecido en Pilar y querían ver si podía aparecer en Capital. El trámite es usual. Muchos plantean ese problema. Le dije que la empresa tenía un médico.
–¿Juan Carlos March?
–Efectivamente.
–¿El camillero Roberto Di Feo vio el cuerpo?
–La familia no lo dejó pasar. Cuando ya se lo llevaban, quisieron ponerlo en el ataúd con la almohada, pero como el cabezal del ataúd es muy angosto, no entraba así que le pusieron una toalla, calculo que para tapar los agujeros.
–¿Usted conoce a March? ¿Trabaja dentro de Casa Sierra?
–Yo hacía un año que trabajaba en la empresa. Sabía quién es. Creo que era muy amigo de Caputo (el empleado de Sierra que firmó el trámite y murió a fines de noviembre), que era gerente en casa central. March trabaja como para 170 y pico de cocherías.
–¿Siempre firmaba los certificados en blanco?
–No. Habitualmente el certificado se llena con los datos que da el familiar. Pero Bártoli niega todo. Dice que no había máquinas de escribir en la oficina. Después envié los papeles a casa central para la firma de March y todo lo demás.
–¿Por qué March no vio el cadáver personalmente?
–La verdad es que no sé. A lo mejor le quedaba muy lejos.