Después de doce días del inicio de la serie de tomas en colegios porteños, el ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, pidió ayer la “mediación” del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y la Asesoría General Tutelar para detener la ocupación de las escuelas y “garantizar el derecho a estudiar”. Las instituciones tomadas por sus estudiantes en reclamo de mejoras edilicias y aumento de presupuesto llegan a 18. Y la protesta de los secundarios contempla para mañana una marcha a la Legislatura porteña con el objetivo de denunciar la “complicidad” de ese organismo, “reivindicar” los derechos estudiantiles y “echar a Macri”, informaron los estudiantes.

“Se están violando los derechos de niños y adolescentes para entrar a la escuela y aprender”, afirmó Bullrich ayer en la sede de la cartera junto a la secretaria de Educación e Inclusión, Ana Ravaglia, y volvió a señalar el “contenido político” de las ocupaciones.

Por otra parte, la cartera educativa porteña dijo coincidir con la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES) en las demandas de “infraestructura, becas y defensa de la educación pública”, pero advirtió que “no permitirá que se avasallen las instituciones con un motivo político como el de ‘echar a Mauricio Macri’”.

Bullrich aseguró que la gestión “invirtió el doble en infraestructura escolar” que la administración de Aníbal Ibarra-Jorge Telerman y resaltó que mantienen reuniones frecuentes “con la comunidad del Mariano Acosta, que necesita obras de refacción y está en un conflicto porque es un edificio que es Patrimonio Histórico”. Un informe sobre la ejecución presupuestaria en el área (que se publica en las páginas 20 y 21 de esta edición) pone en duda los dichos del ministro.

En cuanto a las becas y viandas solicitadas por los estudiantes, el ministro porteño manifestó que “este año se destinaron más de 70 millones de pesos”. Por otra parte, destacó que recibieron “un presupuesto de 14 millones de pesos en becas” cuando se hicieron cargo de la gestión.

El pedido de “intervención” al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y a la Asesoría General Tutelar llega luego de la toma en los colegios Urquiza, Mariano Acosta, Manuel Belgrano, Julio Cortázar, Parque Avellaneda, Normal 1, Lengüitas, Fader, Falcone, Normal 5, Liceo 3, Rogelio Yrurtia, Cornelio Saavedra, Esnaola, Mariano Moreno, Confederación Suiza y Primera Junta.

A esa lista se agrega el Normal 6, del barrio porteño de Palermo. Allí, los estudiantes mantienen la ocupación desde el martes de la semana pasada en repudio al “desfinanciamiento que sufre la educación pública”. La protesta se lleva a cabo “sin la supervisación de directivos o docentes” y sólo cuenta con la presencia de personal de auxiliares, según relató el padre de uno de los alumnos. Ese padre denunció en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que la rectora realizó la denuncia policial por la toma, en lo que sería la primera escuela que sigue lo dispuesto por el instructivo enviado a los colegios por el Ministerio de Educación.

Según señaló el padre, las autoridades llamaron por teléfono a las familias de los alumnos que se encuentran en la toma para advertir que se realizaría esa denuncia y que los directivos se retirarían del establecimiento. “El colegio quedó en manos de los chicos, cualquier cosa que suceda es responsabilidad de ellos y sus padres”, contó el padre que personal de la escuela le avisó por teléfono. Luego, las autoridades “no aparecieron más”.

“Nos molesta lo que hizo la rectora. Creemos que no dieron nuestros nombres, no lo sabemos. Pero por la denuncia, ahora el terciario no puede tener clases”, contaron a Página/12 estudiantes de allí.

Alrededor de doscientos chicos permanecen en la ocupación de la institución que continuaría hasta el viernes, a la espera de soluciones por parte del gobierno de la ciudad. “Creen que queremos perder clases, pero es por la educación pública, que está toda destruida”, dijo un estudiante.

Por otra parte, la UTE-Ctera Capital, legisladores porteños, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales presentarán un pedido de declaración de “inconsitucionalidad del memorándum que ordena denunciar en sede policial a los estudiantes y padres que participen en acciones directas por la reparación de edificios escolares”, se informó. La denuncia se hará hoy por la mañana en la Justicia.