Luego de que fuera denunciado penalmente por amparar a los funcionarios que alegaban “objeción de conciencia” para no casar a parejas de personas del mismo sexo, el gobierno de la provincia de Córdoba desautorizó al director del Registro Civil provincial, Lorenzo Gatica. La contramarcha del Estado provincial (que había permanecido impasible a fines de agosto, cuando Gatica anunció públicamente su decisión) se tramitó a través de la resolución Nº 229 del Ministerio de Justicia. El texto del comunicado que lo informó es escueto: sólo asegura que la resolución de marras “instruye al director del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia de Córdoba y a los Oficiales Públicos de esa dependencia para que den irrestricto cumplimiento de la Ley nacional Nº 26.618, bajo apercibimiento de Ley”.

La denuncia penal contra Gatica y el pedido de informes –avalado por la ley cordobesa de acceso a la información pública–, en tanto, siguen adelante, porque, según lo ha expresado el propio funcionario, la autorización para que otros funcionarios públicos a su cargo incumplan con la ley de matrimonio igualitario fue un hecho, y al menos cinco de ellos se ampararon en esa posibilidad.

El “irrestricto cumplimiento” de la ley indicado por la resolución 299 se refiere a la aplicación futura, pero no aborda lo sucedido en el territorio cordobés desde la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Por ello, explicó a este diario el presidente de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), Esteban Paulón, “la denuncia penal seguirá adelante”, porque Gatica “incurrió en un delito al autorizar a funcionarios a no cumplir con la ley”.

“El lunes a la mañana presentamos la denuncia y a la siesta sale la resolución del Ministerio de Justicia”, graficó la abogada Natalia Milisenda, representante de la organización local Devenir Diverse. La denuncia, presentada ante la fiscalía, posiblemente sea evaluada por la fiscal de turno Liliana Sánchez. Será ella quien decida si Gatica cometió incumplimiento de deberes de funcionario público anunciando a fines de agosto el reparto en todas las delegaciones provinciales del Registro y confirmando luego que había autorizado a cinco funcionarios públicos a acogerse a una “objeción de conciencia”, que la ley 26.618 excluye, para no casar a parejas de personas del mismo sexo.

El dirigente LGBT Paulón reconoció que las organizaciones de la diversidad sexual “celebran” la resolución del Ministerio de Justicia cordobés. “Sin embargo, queremos que este caso dé un mensaje sumamente claro a provincias cercanas que estaban promoviendo proyectos de ley para avalar la objeción de conciencia.” San Juan, Tucumán y Mendoza están evaluando decisiones similares, desde ámbitos legislativos y administrativos. “Por eso la federación no dará marcha atrás con la acción judicial. Expresamos nuestras satisfacción por la marcha atrás del gobierno de Córdoba, que implica el reconocimiento de la incorrección de la medida que había tomado Gatica. Pero también esperamos que la posición asumida por el Ministerio de Justicia provincial tenga consecuencias prácticas: que no sea así sentaría un precedente peligroso en relación con lo que sucede en otras provincias. De todas maneras, es grave que algunas instancias públicas que debieron haberse expresado, como la delegación local del Inadi, no lo hayan hecho.”