Un adolescente de 17 años fue declarado responsable del homicidio de la docente Sandra Almirón, muerta a balazos en la localidad de Derqui en ocasión del robo de su auto, en noviembre de 2009. Los magistrados destacaron la “estructura motivacional criminógena del sentenciado”. Se trata de uno de los casos por los cuales el entonces ministro de Seguridad Carlos Stornelli había denunciado otra estructura criminógena: la presuntamente constituida por oficiales de la Policía Bonaerense que reclutarían adolescentes para cometer delitos. Según el ex funcionario, los Bonaerenses habían alentado a estos chicos a cometer crímenes para desestabilizarlo a él. No hubo en este tiempo ningún signo de que avanzara la investigación sobre los oficiales criminógenos. En tanto, ayer, al conocerse el fallo, el viudo de la docente se manifestó “contento” porque el adolescente “creo que no va a salir más de prisión”.

El Tribunal de Responsabilidad Juvenil de Pilar –integrado por Alejandro Flori, Alberto Villante y Mirta Ravera Godoy– difirió la aplicación de la pena para cuando el responsable del crimen cumpla 18 años. Tenía 16 cuando cometió el delito. Los magistrados hicieron lugar al pedido de la fiscal Alejandra Toymil, quien el jueves había reclamado que el adolescente fuera declarado responsable del hecho.

Se trató de un fallo dividido. Los jueces Villante y Ravera Godoy votaron por aplicar la Ley Nacional 22.278, que permite diferir la pena hasta que el responsabilizado cumpla 18 años y haya sido sometido a un tratamiento tutelar de por lo menos un año. En cambio, Flori sostuvo que debía aplicarse la Ley bonaerense 13.634, que regula el fuero penal juvenil y por la que el imputado de entre 16 y 17 años puede recibir pena, aunque menor a la que le correspondería si fuese mayor de edad.

Ese mismo voto mayoritario estableció que el adolescente siga alojado en la “unidad terapéutica” en la que permanece desde su aprehensión. El encierro es “en carácter formativo”, y “sólo resulta admisible si se concluye que sería efectivo para modificar la estructura impulsivo-motivacional criminógena del sentenciado, para favorecer su resocialización”.

En rigor, éste y otros jóvenes podrían haber ya experimentado una suerte de resocialización por obra de oficiales de la Policía Bonaerense, según la denuncia que poco después del crimen formuló Carlos Stornelli. El entonces ministro se refería a varios crímenes de mujeres: Renata Toscano, en Wilde; Ana María Castro, en Lanús; Sandra Almirón, en Derqui; y las heridas graves que sufrió Claudia Pitti, en Villa Bosch. Stornelli sostuvo que se trataba de “maniobras encubiertas como supuestos robos de automotor”, a fin de desatar críticas mediáticas y conmoción social para hacerlo renunciar; afirmó que jefes policiales en actividad, retirados y exonerados –que no identificó– habrían reclutado menores para esos crímenes.

La investigación de la denuncia de Stornelli quedó a cargo del fiscal Marcelo Romero, al que ya se atribuía haber archivado causas con policías denunciados por reclutar a menores para el crimen. No se han dado a conocer avances en la pesquisa.

El menor responsabilizado es hijo de un ex policía, que por su parte colaboró para que su vástago fuera aprehendido, al aportar datos sobre los lugares que frecuentaba. Por el mismo crimen fueron en su momento apresados un joven de 19 años, que será juzgado por un tribunal de mayores, y otro menor que tenía 15 años y fue declarado inimputable.

Walter García, viudo de la maestra Sandra Almirón, declaró ayer que “todavía queda el otro juicio, pero estoy contento porque esta persona creo que no va a salir más de prisión”.