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El fallo judicial que frenó la licitación de la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires puede derivar en un escándalo. El ciudadano que realizó la demanda ante la Justicia porteña para suspender la audiencia pública que debía celebrarse hoy es el mismo que hizo una presentación idéntica en el sitio web del Gobierno de la Ciudad desde el correo electrónico de la empresa Solurban, una de las cuatro que actualmente cumple el servicio de higiene urbana en Buenos Aires. Desde la misma dirección de correo envió su opinión la misma Solurban y también Cliba, otra de las compañías encargadas de la recolección. “Esto demuestra que hay un lobby de las empresas para frenar la licitación, porque no quieren que se modifique el actual sistema”, denunció el diputado Eduardo Valdés (PJ), quien descubrió las coincidencias mediante una simple conexión a Internet. El legislador también cuestionó el fallo de segunda instancia, dictado a última hora del viernes, último día de la feria judicial.
El gobierno porteño había convocado a una preaudiencia y una audiencia públicas, que debían celebrarse entre ayer y hoy, con el fin de debatir las condiciones de la licitación del servicio de higiene urbana de la ciudad. Las actuales concesiones están vigentes desde 1998 y fueron renovadas por un año tras su vencimiento, a principios de 2002.
El proceso fue objetado por un ciudadano particular, Emilio Jorge Parodi, quien cuestionó el plazo con que se hizo la convocatoria a audiencia pública y reclamó una audiencia para cada una de las cinco zonas que se iban a licitar, más una nueva para todas las zonas. Un juez rechazó en primera instancia la presentación, pero el viernes 31, por la tarde, los jueces Esteban Centanaro y Eduardo Russo hicieron lugar al primer cuestionamiento.
Los jueces consideraron que el gobierno no cumplió con el plazo de convocar a la audiencia con veinte días de anticipación, como manda la Ley 6 de la ciudad, reglamentaria de estos procedimientos de consulta. En el fallo se refieren a los “graves vicios” del decreto 1732/02, de convocatoria a la audiencia, pero sólo aluden explícitamente a la presunta falla en los plazos.
Aunque el plazo de la concesión no requiere la realización de audiencias públicas, el gobierno porteño decidió implementar ese mecanismo más una preaudiencia y la presentación de documentos por parte de los interesados. Hasta el viernes, se habían presentado 138 opiniones, todas registradas en la página www.buenosaires.gov.ar.
Allí, en el archivo dedicado a Licitación Higiene Urbana, tras clickear en “presentaciones de opinión”, aparece la lista de documentos presentados. Uno de ellos es el de Emilio Parodi (registro 5148), con argumentos idénticos a los presentados ante la Justicia. Pero si en el menú “archivo” se busca la función “propiedades”, puede verse que ese documento fue enviado por Laura Bonfiglio, desde la empresa Solurban SA. La misma autora de otro documento (registro 5153) esta vez atribuido a Solurban, y enviado el 27 de enero, seis días después del primero. Y de un tercer documento (registro 5159), que corresponde en realidad a la empresa Cliba.
El servicio de higiene urbana demanda el presupuesto más alto de la ciudad, estimado en unos 150 millones de pesos. La demora provocada por el fallo, se estima, no sería inferior a un mes.
El secretario de Medio Ambiente, Eduardo Epszteyn –responsable del proceso licitatorio– consideró que “la consecuencia inmediata es que hay un interés de que la licitación no se lleve a cabo en tiempo y forma” y anunció que hoy mismo apelará la medida.
Epszteyn refutó la forma en que los camaristas calcularon el plazo de convocatoria. “La ley obliga a hacer dos publicaciones en el Boletín Oficial y fija un plazo de 20 días entre la convocatoria y la audiencia.Nosotros, para garantizar la difusión, hicimos cinco publicaciones. Y los jueces tomaron en cuenta la última. Si hubieran considerado la segunda, el plazo era de 23 días”, argumentó.