El gobierno de Mauricio Macri salió ayer en bloque a cuestionar el fallo de la jueza María Cristina Nazar, quien consideró que la toma del Parque Indoamericano no fue un delito y dispuso el cierre de la causa. “Mañana van a tomar cualquier plaza, total, no es delito”, advirtió el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien nada dijo acerca del tema de fondo que, según la jueza, originó la ocupación del parque: el déficit de vivienda. Al respecto, en el gobierno nacional todavía esperan la presentación por parte de la ciudad del proyecto técnico para la construcción de seis mil viviendas, acordado en diciembre en medio del conflicto por el Indoamericano, aseguraron en el Ministerio de Planificación Federal.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, consideró que el fallo de Nazar “atenta contra lo que dice la ley. Los jueces no tienen que interpretar la ley a su gusto, tienen que aplicarla”, dijo. “La jueza no estuvo bien. Si tiene esa visión, tiene que volver a estudiar. Si los jueces y el Estado no hacen respetar la ley, es volver al Far West. Lo que pasó en el Indoamericano tiene más que ver con eso que con una sociedad democrática y organizada”, sentenció Macri.

La magistrada porteña había ordenado el jueves cerrar la causa contra seis supuestos organizadores de la toma del Parque Indoamericano de Villa Soldati, entre ellos dirigentes barriales que participaron en las negociaciones para resolver el conflicto, como Diosnel Pérez, del Frente Darío Santillán, o Alejandro “Pitu” Salvatierra, militante kirchnerista de Villa Soldati. La jueza consideró que no hubo delito sino un conflicto originado en “una cuestión social que no debe criminalizarse, sino resolverse por la vía administrativa”. Se refería, concretamente, a la falta de viviendas que afecta a miles de personas.

Rodríguez Larreta advirtió que el fallo “genera un antecedente muy complicado” y dijo que “así como nosotros fuimos muy firmes y muy claros en que nadie que tome un espacio público va a recibir un apoyo del Estado, el hecho de que una jueza diga que no es delito, es una barbaridad. Es un pésimo antecedente. Mañana van a tomar cualquier plaza, si total no es delito”, sostuvo el funcionario. “El hecho de que haya gente con necesidad social, que por supuesto la hay y para eso hay planes de vivienda, no puede justificar cometer un delito tan abierto como la toma de un espacio público”, opinó.

Rodríguez Larreta estuvo al frente de la negociación que a fines de diciembre permitió destrabar el conflicto y desalojar en forma pacífica el parque. El acuerdo consistía en que la ciudad elaboraría un plan para construir viviendas de manera tal que por cada peso invertido por la administración porteña, la Nación aportaría otro peso.

“Presentaron una propuesta que no tiene datos de los lugares donde se construirán las viviendas, ni detalles de la inversión ni planos de cómo serían las viviendas. Es una memoria muy somera que no llega a ser un anteproyecto”, dijo a Página/12 el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala. “Antes de fin de año les pedimos que entreguen un proyecto como debe ser, pero todavía no han traído nada”, agregó el funcionario.

En definitiva, la situación habitacional en la zona sigue sin abordarse. Organizaciones sociales y políticas del sur de la ciudad salieron ayer a repudiar mediante un documento la actuación del Ejecutivo porteño en los hechos del Indoamericano. “Macri sólo dio como respuesta la represión y la discriminación”, sostiene el documento que firman las agrupaciones Causa Popular (integrada por Pitu Salvatierra), la Corriente Política 17 de Agosto, el Comedor Los Pibes, el Espacio Comunarte y el Encuentro por la Democracia y la Equidad.

“La integración ‘definitiva del Sur’ figura en el manual del buen candidato porteño, como en su momento lo quiso ser Mauricio Macri –concluye el documento–, pero lo cierto es que hoy tenemos un gobierno local inepto y perverso, cuyas políticas no hacen más que profundizar la exclusión, la miseria y la muerte.”