El gobierno porteño volvió a responsabilizar a la administración nacional por no cumplir con el desalojo judicial de edificios en el barrio de Flores, donde ayer se cumplió el octavo día de ocupación consecutiva. El predio sigue siendo custodiado a la distancia por efectivos de la Policía Metropolitana y de la Federal, aunque no hubo aprestos por parte de las autoridades de la ciudad para abrir un diálogo. Hoy el juez de Quilmes, Luis Armella, podría requerir nuevas medidas o multas a las autoridades por el incumplimiento de la orden que dio la semana pasada para liberar las viviendas. En ese marco, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que era “el Gobierno (nacional) el que no cumple” la orden judicial. La situación, indicó, “va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal” y recordó que algo similar ocurrió con el Parque Indoamericano, en Villa Soldati, que fue ocupado y el gobierno nacional “tuvo que desalojar”. En realidad, aquel conflicto se destrabó luego de que la Casa Rosada entablara una negociación con los ocupantes a la que el macrismo se negaba, aunque finalmente debió ceder. Por su parte, el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, volvió a pedir la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo, al señalar que la ciudad no cuenta con “grupos especiales” para el operativo.