La Legislatura porteña tiene previsto discutir hoy un proyecto de ley que obliga a hospitales públicos, y obras sociales y prepagas que actúan en la ciudad de Buenos Aires a cubrir los tratamientos de fertilización asistida. La iniciativa, impulsada por Proyecto Sur, está en línea con la norma aprobada a fines de 2010 en la provincia de Buenos Aires. El tema pone en debate si el Estado y la seguridad social deben hacerse cargo de tratamientos muy costosos, que parten de un piso de alrededor de 20 mil pesos por cada intento y que a la vez tienen una efectividad relativamente baja, que no supera el 30 o 35 por ciento. “Es un derecho que le corresponde a toda mujer. El Estado debe garantizar que toda la población que necesite este tipo de tratamientos pueda acceder y no sólo aquellas personas que tienen dinero para pagarlos”, fundamentó el diputado Jorge Selser, de PS, uno de los autores de la propuesta, al ser consultado por Página/12. “No lo vemos como una enfermedad solamente, ni como un gasto, sino como un derecho de las mujeres a concebir y tener un embarazo”, señaló la diputada Laura García Tuñón, del mismo bloque, coautora de la iniciativa.

El proyecto está en el temario previsto para la reunión que tiene pautada para hoy la Comisión de Salud, presidida por Selser. Además de la propuesta de PS hay otra presentada previamente por Eduardo Epsztein, de Diálogo por Buenos Aires, que obliga solamente a la obra social de los empleados porteños (Obsba) a dar la cobertura de este tipo de tratamientos. Los dos entrarán en la discusión.

“Hay voluntad y apoyo de diputados de distintos bloques para avanzar con este tema”, indicó Selser. “Hemos hablado con legisladores de la oposición y están de acuerdo en apoyarlo”, agregó García Tuñón. El texto de PS establece que los hospitales públicos, las obras sociales y las prepagas de la ciudad de Buenos Aires deben incluir en sus coberturas los estudios de diagnóstico, los tratamientos y los insumos que demandan las técnicas de fertilización asistida a todas las mujeres mayores de 18 años que lo soliciten. También deberán cubrir la “criopreservación de óvulos o esperma”, a quienes deban someterse a tratamientos oncológicos que “comprometan sus órganos reproductivos, y obstaculicen la posibilidad de tener hijos/as en el futuro”. En este caso también podrán ser beneficiados menores de 18 años. El proyecto no fija otras restricciones. Pero crea una Comisión de Reproducción Humana Asistida, en el ámbito del Ministerio de Salud del gobierno porteño –órgano de aplicación de la ley–, que deberá encargarse de regular los alcances de la cobertura y establecer los protocolos de atención, entre otras funciones. “Los tratamientos pueden ser para mujeres en pareja o solas. No hemos puesto ninguna limitación en ese sentido. También para parejas de lesbianas. En el proyecto no definimos una cantidad de tratamientos. Creemos que es un aspecto a discutir durante el debate en la comisión”, explicó García Tuñón.

–Teniendo en cuenta que son tratamientos costosos y con relativa baja efectividad y que hay otras necesidades en salud que podrían ser prioritarias, ¿por qué cree que el Estado debe cubrirlos? –preguntó este diario a Selser.

–Aspiramos a que los nuevos desarrollos de la ciencia lleguen a todos los sectores sociales. El Estado no puede dar la espalda a quienes no puedan pagar este tipo de tratamiento. El Estado tiene que intermediar y lograr que toda la población que lo necesite pueda acceder. La Legislatura tiene la responsabilidad de ampliar los derechos de los ciudadanos. Es un derecho que le corresponde a toda mujer. La ciudad de Buenos Aires y la Nación tiene los recursos, que luego se desperdicien es otra cuestión. Con ese razonamiento también se podría cuestionar que se cubran los trasplantes de órganos.

–Ese camino no lo podemos marcar nosotros.

Según datos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, entre un 10 y un 15 por ciento de la población en edad reproductiva tiene problemas de fertilidad, señala la iniciativa de Proyecto Sur en sus fundamentos. “En Argentina –agrega– se hacen más de 7000 procedimientos de fecundación in vitro por año.” La efectividad de cada intento ronda el 30 por ciento. “En varias ocasiones deben realizarse varios tratamientos para lograr un embarazo y que éste prospere”, señala el proyecto de ley. Sólo la medicación que requiere cada intento de fecundación asistida para la estimulación ovárica cuesta alrededor de 7000 pesos. El costo total de un tratamiento teniendo en cuenta gastos de laboratorio y de equipo médico parten de un piso –incluidas las drogas– de cerca de 20 mil pesos y va aumentando a medida que resulta más complejo.