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La Justicia Penal ordenó ayer parar la demolición del edificio del ex Padelai hasta que se realicen nuevos estudios sobre el riesgo de derrumbe de ese inmueble, desocupado por la fuerza el martes último. La Guardia de Auxilio porteña había comenzado a demoler las construcciones precarias y los muros más comprometidos, con riesgo de derrumbe, pero ayer, poco después de las 18, paralizó las obras ante la notificación judicial. El gobierno porteño rechazó, a través de distintos voceros calificados, la posibilidad de que el predio sea vendido o forme parte de una operación inmobiliaria. Pero también acepta que no existen planes para su futuro inmediato, que no sean eliminar todo vestigio de lo que fuera el Patronato de la Infancia. El edificio está considerado como “patrimonio histórico” por una ordenanza municipal.
La cédula de notificación llegó a las 18 al despacho del procurador, Juan Carlos López. Se trata de una medida precautoria adoptada por el juez de instrucción Marco Aurelio Layus, ante un pedido de los abogados de los desalojados del ex Padelai. “La causa se inició en febrero, por una denuncia para que se investiguen los informes según los cuales el edificio está en riesgo de derrumbe”, dijo a este diario la abogada Ana María Silvera.
De todas formas, la piqueta de la Guardia de Auxilio ya había avanzado sobre las áreas más comprometidas del edificio, como la de Balcarce 1170, conocida como el galpón, donde a principios de febrero cayó una viga del techo y estuvo a punto de aplastar a unos niños que estaban en el lugar. O las construcciones precarias edificadas en torno del patio.
“Si esto se derrumbaba y alguna persona resultaba lastimada, el responsable iba a ser el gobierno”, argumentó el escribano general del gobierno porteño, Carlos Gaitán, en defensa del desalojo.
Gaitán se ocupó de aventar las versiones que hablan de una supuesta operación inmobiliaria en el ex Padelai: “El desalojo no pone en discusión la propiedad del inmueble. Hay una escritura que reconoce el 70 por ciento de la propiedad a una cooperativa, y aunque existe una hipoteca sobre esa escritura, el gobierno nunca la ejecutó ni tiene pensado hacerlo en lo inmediato”, explicó Gaitán a Página/12. Y si se recuperara el dominio en algún momento, agregó, “la venta debería ser aprobada por la Legislatura”. La demolición del edificio se decidió a partir de un informe de la Cátedra de Construcciones de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que dictaminó que los edificios que integran el complejo estaban “colapsados y con riesgo de derrumbe”. El dictamen no solo incluía la parte más vieja -el edificio ubicado sobre Humberto I, construido en 1887– sino los sectores más “nuevos”, de la calle Balcarce (de 1920) y el de San Juan (de 1930). “Se hicieron construcciones sobre la terraza, que no están convenientemente apoyadas, y las filtraciones de agua provocaron corrosión en las vigas de metal”, explicó Gaitán.
Sin embargo, para los ex ocupantes del edificio, el sector de San Juan no presenta problemas graves. Por eso, sus abogados pidieron a la Justicia que se pare la demolición hasta que se conozcan los resultados de nuevos estudios, que serían solicitados por el juez. El gobierno intentará hoy revocar la medida mediante un pedido que realizará el procurador Juan Carlos López. “Es muy riesgoso dejar las obras de demolición a medio hacer”, argumentó el funcionario.
Ayer, desde la entrada de la calle Balcarce, salieron durante todo el día los camiones con las pertenencias de los desalojados, hacia galpones municipales. Según explicó a este diario la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela González Gass, todas las familias desalojadas “recibieron el subsidio de 1800 pesos para resolver en lo inmediato su situación”. En total eran 89 familias, de acuerdo con el último censo de Desarrollo Social. En cuanto a la oferta de créditos por 30.000 pesos o subsidios por 15.000 pesos, “aún falta llegar a un acuerdo con el 20 por ciento de la gente”.