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Los García Belsunce seguirán en libertad. En un fallo que pone todo el hincapié en las garantías individuales y en los derechos de los ciudadanos, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro resolvió ayer confirmar la excarcelación de los familiares de María Marta. A pesar de reflejar algunas polémicas, los tres jueces coinciden en que debe prevalecer el principio de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que tiene derecho a mantener su libertad en tanto y en cuanto no haya una sentencia. Además, los magistrados consideraron que los García Belsunce no intentaron huir ni a priori afrontan una condena elevada en tanto el delito de encubrimiento tiene una pena de uno a seis años de cárcel. Por el voto de dos de los magistrados, se estableció que los imputados se tendrán que presentar en la fiscalía del uno al cinco de cada mes y que no podrán salir del país. El juez Fernando Marotto –muy medular en su análisis– señaló también que la investigación tiene “fisuras”. En concreto, sostiene que en los primeros días se perdieron numerosas pruebas y, aunque lo dice en forma elíptica, sugiere que el Código de Procedimientos pone las investigaciones en manos de fiscales que no tienen experiencia ni se les han dado los medios.
El fallo de la Cámara se conoció ayer a la tarde y beneficia al marido de María Marta, Carlos Carrascosa, al hermano de la víctima, Horacio García Belsunce (h.) –un feroz crítico de los fallos garantistas de esta misma Cámara–, el cuñado Guillermo Bártoli, el médico Juan Gauvry Gordon y los vecinos Sergio Binello y Nora Taylor.
Los jueces Marotto, Emilio Rodríguez Mainz y Celia Vázquez coincidieron en los siguientes puntos:
- Que en general, un imputado debe conservar su derecho a la libertad durante el proceso, en tanto y en cuanto rige la presunción de inocencia “que obliga a la prudencia de los jueces”.
- Que en el caso de los García Belsunce no hay indicios de intentos de huir y “se han sometido a las reglas que impone el proceso”. Eso hace que no se justifique una detención preventiva.
- La pena por encubrimiento, que va de uno a seis años de prisión, no es de una envergadura suficiente como para negar la excarcelación.
Con esos elementos, los magistrados ratificaron la decisión del juez de Garantías, Diego Barroetaveña, aunque dos de los firmantes de la resolución, Rodríguez Mainz y Vázquez, impusieron el criterio de que los García Belsunce se tendrán que presentar en la fiscalía todos los meses y no podrán salir del país.
La fundamentación más extensa fue la realizada por el juez Marotto, quien reivindicó el derecho a la libertad del imputado en un proceso y que la privación de la libertad de ninguna manera puede ser una pena anticipada. “Esta posición no sólo constituye la defensa de presupuestos constitucionales sino también un franco y decidido ataque al virus autoritario que inficiona nuestras instituciones, en cuanto enceguece al legislador o hace insensible al órgano judicial”, cita Marotto.
En un breve párrafo, el juez Marotto también dice que “es cierto que la investigación ha mostrado fisuras –en mi opinión producto de un sistema de enjuiciamiento defectuoso– que podrán ser corregidas en el curso de la investigación que aún resta cumplir”. El magistrado en verdad sostiene que el derecho a la libertad durante el proceso es aún mayor en tanto y en cuanto surge de una investigación en la que, por ejemplo, se cometieron muchos errores al principio y se perdió buena parte de las pruebas, al punto que la autopsia se concretó un mes y medio después del asesinato.
Respecto de esas fisuras en la investigación, en verdad Marotto remite tácitamente a algo ya mencionado por Barroetaveña: la primera foja del caso García Belsunce fue redactada el 30 de octubre, o sea tres días después del asesinato. Y en verdad, en esas tres jornadas, el fiscal DiegoMolina Pico y el jefe de la investigación policial, comisario Aníbal Degastaldi, habían estado en el velatorio, se resolvió autorizar la inhumación del cuerpo en la Recoleta y toda una serie de medidas que no aparecen en el expediente sino reflejadas mucho después. También en forma tácita, Marotto está diciendo que las investigaciones –por efectos del nuevo Código de Procedimientos– recaen en manos de fiscales con poca experiencia, influenciables y a los que no se dotó de una verdadera estructura. Ello hace que se pierdan pruebas como en el caso del country Carmel.
La próxima resolución que habrá en la causa tiene que ver con la recusación del fiscal Molina Pico. En el voto de Marotto se deja entrever que las fisuras pueden ser corregidas, o sea que posiblemente impulse la postura de que Molina Pico siga con la causa. Y a partir de allí se salta al problema de fondo: que la investigación fundamental, la del asesinato, sigue empantanada y al borde del fracaso. Sólo un nuevo impulso puede poner el caso nuevamente en marcha. Y según dicen en los tribunales, las miradas siguen puestas en el marido de María Marta, Carlos Carrascosa, y también en un sospechado vecino.