El juez Juan Ramos Padilla, a cargo de la investigación por presuntas coimas en el gobierno porteño para favorecer la habilitación de boliches nocturnos, denunció ante la Justicia al fiscal suplente de la causa, Rodolfo Cudicio, a la vez que solicitó que se lo aparte en forma definitiva del caso. En una resolución de 24 páginas, a la que tuvo acceso Página/12, Ramos Padilla envió un informe a la Fiscalía General de la Cámara del Crimen, superior jerárquico de Cudicio, para que “disponga los medios necesarios para que este fiscal no vuelva a intervenir en esta causas y sus conexas”. El magistrado rechazó un pedido de nulidad de las actuaciones formulado por dos abogados defensores y avalado por Cudicio. El juez sostuvo que la nulidad, en este caso, es “una petición cuya legalidad debe ser analizada” y que de ser tenida en cuenta “haría caer toda la investigación que se viene realizando” y en la que están en la mira varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Por otra parte, el juez le pidió al procurador general de la Nación, Esteban Righi, que investigue a Cudicio para tratar de establecer “cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a actuar de esta forma y en su caso se adopten las sanciones correspondientes”. Al mismo tiempo, Ramos Padilla remitió las actuaciones al juez de instrucción de turno “para que se investigue la conducta del doctor Cudicio ante la eventualidad de que hubiera cometido hechos tipificados en el Código Penal”.

Los planteos, de extrema dureza, fueron realizados por el juez que tiene a su cargo la denominada “megacausa Habilitaciones”, que indaga sobre las vinculaciones de una red de tráfico de influencias que cobraría coimas a los dueños de boliches nocturnos para agilizar las habilitaciones y evitar las clausuras. La causa trata de probar la existencia de una estructura montada en el Gobierno de la Ciudad para conceder permisos de manera irregular. Se avisaría a los propietarios de boliches cuándo se van a producir las inspecciones, para subsanar antes eventuales anomalías.

La investigación tuvo ramificaciones, relacionadas en algún caso con la tragedia del boliche Beara, donde murieron dos jóvenes al ceder un entrepiso, y la situación planteada en el Multiespacio Los Angeles, el ex cine de películas infantiles, a cuya administración aspira el empresario Fabián Rodríguez, pareja de la vedette Nazarena Vélez. En este expediente está imputado el diputado porteño del PRO Avelino Tamargo. Fue el defensor del legislador, el abogado Fernando Soto, quien planteó la nulidad de las actuaciones, por entender que Ramos Padilla tendría que haber derivado el caso a otro juzgado, ya que se trataba de una denuncia contra Tamargo por supuestas amenazas contra la pareja Rodríguez-Vélez.

“Pedí la nulidad por incompetencia, porque el juez Ramos Padilla dice que empezó a investigar la denuncia contra mi representado, cuando en realidad no hubo ninguna denuncia. Frente a un relato espontáneo del denunciante y su esposa, quienes habrían sugerido que recibieron amenazas, el juez interpretó que hubo amenazas. El juez tendría que haber derivado el caso a un juzgado de la Ciudad”, sostuvo Fernando Soto en diálogo con este diario. El representante de Tamargo pidió la nulidad de todo lo actuado por Ramos Padilla, con el apoyo de Mariano Bergés, defensor de Diego Gabriel Noguera, y con el aval del fiscal suplente Rodolfo Cudicio.

Ramos Padilla rechazó “el planteo de nulidad y la excepción de incompetencia” presentados por Soto “por ser manifiestamente improcedentes”. El juez sostuvo que el querellante Fabián Rodríguez, su esposa, Nazarena Vélez, y Juan Martín Rago se hicieron presentes en la mesa de entrada de su juzgado y por lo tanto “no se trata de (...) deposiciones recibidas espontáneamente, omitiendo las formalidades de una denuncia”.

Aseguró que fueron “declaraciones testimoniales (...) recibidas en el marco de una investigación ya promovida por Rodrigo Maximiliano García e impulsada por la señora fiscal natural (de la causa, Betina Vota)”, en la que incluso se había pedido que “se les reciba declaración indagatoria a Diego Noguera y a otros, entre los que se encuentran funcionarios de alta jerarquía pertenecientes a las oficinas de control y habilitaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Nazarena Vélez declaró ante él, según sostuvo Ramos Padilla, que el diputado del PRO Avelino “Tamargo (...) se me acerca a la mesa haciéndome el gesto como cortándome el cogote (...) durante la charla, él (por el diputado macrista) hizo referencia a lo que yo había hablado relativo al problema que está viviendo mi marido con el Multiespacio Los Angeles y donde yo nombro a dos personas que estafaron a mi marido y a tres funcionarios de Macri (...) me dijo que nosotros nunca íbamos a poder solucionar el tema”.

Ramos Padilla hizo hincapié en la legalidad de las escuchas telefónicas que dispuso. Recalcó, en ese sentido, que el fiscal Cudicio sabe que “este juez actuó en el pleno ejercicio de las facultades que le son propias” y que la fiscal titular, Betina Vota, “formuló diversas peticiones”. Agregó que “la vocación investigativa” de Vota “se ve reflejada en las consideraciones y fundamentos” de esas peticiones. “La fiscalía natural impulsa la investigación de hechos presuntamente delictivos a partir de las escuchas telefónicas ordenadas” en la causa. En su escrito, Ramos Padilla rechazó el pedido de nulidad en su contra y pidió que se investigue administrativa y penalmente al fiscal Cudicio.