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Por Isabel Piquer
Desde Nueva York

John Lawrence y Tyron Garner no tenían vocación de activistas. Todo cambió una noche de 1998, cuando la policía, alertada sobre un posible robo, denuncia que luego resultó ser falsa, irrumpió en su departamento de Houston. John y Tyron, una pareja gay que compartía un momento de intimidad, fueron inmediatamente detenidos por violar la ley del Estado de Texas que prohíbe a dos personas del mismo sexo practicar la sodomía y el sexo oral. Tras cuatro años de batalla legal, su caso pasará hoy ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El veredicto afectará indirectamente a los otros trece estados del país que siguen manteniendo este tipo de leyes. John y Tyron pasaron una noche en la cárcel y pagaron una multa de 200 dólares. Pero muy discretamente (no han dado entrevistas) decidieron recurrir la decisión del juez por estimar que violaba sus derechos más fundamentales, y recorrieron todo el escalafón legal hasta llegar a Washington.
“Estas personas fueron detenidas en su dormitorio –dice Patricia Logue, una de las abogadas de la firma Lambda Legal, que se ha hecho cargo del caso–, nunca pensaron que alguien podría violar de esta forma su derecho a la intimidad.” Logue argumenta que la ley de Texas es inconstitucional porque permite una intromisión inadmisible en la vida de los ciudadanos y discrimina a los gays por unas prácticas que son consideradas legales para los heterosexuales.
“Protestamos porque el gobierno no puede interferir en las relaciones íntimas de dos adultos”, indica Ruth Harlow, otra de las letradas de Lambda Legal. Harlow quiere que la Corte Suprema anule la controvertida decisión que tomó en 1986, en el caso Bowers contra Hardwick, donde optó por mantener las leyes antisodomía de Georgia, afirmando así que las prácticas homosexuales no estaban protegidas por la Constitución estadounidense. “Estas leyes se basan en un juicio moral. Afirman que es inmoral para gays (practicar la sodomía) y lo traducen en un delito criminal”, asegura Harlow. “La sociedad es ahora mucho más abierta. La Justicia debería tener una visión más realista” de los problemas de la sociedad y mandar una señal al resto de los estados de que “esto debe cambiar”, dice Harlow. “Es importante que los gays puedan tener derecho a la misma protección legal.”
Moralidad es la palabra que invocan los partidarios de mantener la ley. “El Estado debe tener la libertad de poder actuar basándose en ciertos principios morales”, comenta William Delmore, ayudante del fiscal del distrito del condado de Harris (Texas). “Mientras sigamos pensando que el Gobierno tiene derecho a regular el juego, la prostitución y las drogas, pienso que podemos considerar la moralidad como una base necesaria.” Varios grupos ultraconservadores han pedido a la Corte Suprema que no cambie el veredicto. “Para los activistas homosexuales esto es como la lotería, su próximo paso será pedir matrimonios del mismo sexo”, protestaba Jan LaRue, portavoz de la asociación Concerned Women for America (Mujeres Preocupadas de América).
La decisión de la Corte Suprema tendrá importantes repercusiones en el resto del país y se ha creado una gran expectativa ante este caso.