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Integrantes de la División Traslados del Servicio Penitenciario Bonaerense denunciaron que los jefes de esa área inventan viajes de detenidos inexistentes y se apropian así de vales de combustible y repuestos de automotores por un valor que supera los 10 mil pesos mensuales. La denuncia fue hecha en diciembre por tres efectivos penitenciarios ante el presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, Fernando Maroto, quien elevó un informe al Ejecutivo bonaerense. “Pasaron cerca de cuatro meses, esto no se investigó, nunca recibí una respuesta y esto sigue funcionando así, día a día y mes a mes”, señaló ayer el camarista.
Los tres miembros del SPB que denunciaron a sus jefes explicaron ante Maroto que “la modalidad empleada para apoderarse de los vales que luego son comercializados es la simulación de gastos en concepto de viáticos”. Sólo en vales de combustible, los denunciantes fijaron un piso de 10 mil pesos el monto que se desvía cada mes. El cálculo se basa en 60 vales de 40 pesos cada uno que en promedio desaparecen vía papeles fraguados cada semana y que luego serían comercializados.
A esto, el informe suma la supuesta sustracción de repuestos destinados a la reparación de los vehículos para el traslado de los detenidos. “No se descarta la sustracción –para uso personal o para la realización de algún tipo de transacción encubierta– de los repuestos o elementos destinados a la reparación, reacondicionamiento o auxilio de los vehículos que integran el parque vehicular mencionado, en virtud del estado de deterioro en el que se encuentran”, agrega el informe. Allí, los denunciantes aportaron varios nombres, entre los cuales estaría el de “varios jefes de la División Traslados que cuentan con el aval o la protección de autoridades del más alto rango dentro de la fuerza”, aseguraron fuentes judiciales.
Por su parte, Maroto fue un poco más allá: “La corruptela dentro del SPB es tan grande que abarca prácticamente todas las áreas. Si hasta se comercializan las reses que reciben para alimentar a los presos. Dejan algunas y el resto las venden, si no, no se entiende cómo los detenidos pasan hambre”, denunció.
Esta segunda denuncia sobre el funcionamiento del SPB se suma a la publicada la semana pasada por Página/12 sobre las presuntas coimas que cobran los guardiacárceles del penal de Olmos para permitir visitar a los presos. A raíz de ese informe, también enviado a La Plata en diciembre del 2002 por Maroto y del que tampoco recibió respuesta aún, el senador bonaerense por la UCR, Jorge Martínez, presentó ante esa cámara una requisitoria con 14 puntos para modificar las condiciones en que funciona hoy el SPB con el fin de que sea elevado al Ejecutivo bonaerense.
Según explicó Maroto, ese pedido apunta a la mejora en las condiciones de alojamiento de los detenidos en las dependencias penitenciarias de la provincia y a “terminar con la discriminación de los empleados del SPB en relación con las fuerzas policiales en cuanto a presupuesto, condiciones de trabajo y salario”. Y agregó: “La idea es que con esos 14 puntos se consiga apagar los focos de corrupción que existen hoy dentro del sistema, como el de los vales de nafta y como el de las coimas de Olmos”.