Un comisario cordobés del CAP (Comando de Acción Preventiva), creado con gran pompa en 2003 para dar seguridad a la población, fue imputado por una fiscal por ordenar detenciones ilegales a sus subordinados bajo amenazas del tipo “vas a ser boleta”. El caso surgió luego de que una oficial bajo sus órdenes lo denunciara en noviembre pasado, denuncia que fue repetida por otros dos policías y que luego fue constatada por cuatro testimonios de uniformados del mismo grupo. En todos los casos, como debería resultar obvio y con alguna ayuda mediática no termina de serlo, los policías señalaron que las órdenes (detener sin motivo para sostener las estadísticas) eran conocidas por sus superiores, es decir, lo que estaba podrido era el manzano.

El CAP tiene como soporte legal de actuación el Código de Faltas cordobés, rechazado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el país en específico luego del caso Bulacio, y denunciado en cinco “marchas cordobesas Contra la Gorra”.

La denuncia contra el comisario proactivo Pablo Márquez vino de la mano de una agente del CAP Distrito 8, el 10 de noviembre pasado, y presentada ante el fiscal Carlos Matheu, en la que sostenía que era obligada a “producir detenciones a fin de elevar las estadísticas, existan o no razones para proceder”. La mujer aseguró que si no existía delito “tenemos que inventarlo” y que si no había detenidos se tenían que mantener en sus puestos de dos a siete horas más, hasta que los hubiera.

La decisión de presentar la denuncia surgió el día anterior, cuando la agente ya había cumplido su servicio, el turno nocturno, y a las 7 de la mañana se retiraba cuando recibió la orden de mantenerse en el puesto ella y los tres patrulleros que coordinaba, hasta las 9 o 10, dado que esa noche “no hubo resultados positivos”, según consta en la denuncia. La policía debía cumplir adicionales en otro lugar por lo que sostuvo que no podía quedarse y como respuesta obtuvo: “Si te vas y pasa algo entre 9 y 10, sos boleta”.

El mismo día en que presentó la denuncia, la agente fue obligada a tomar una licencia y lo mismo ocurrió con su compañero. Otros dos uniformados ratificaron con sus denuncias la presentada por su colega e indicaron que las órdenes de Márquez eran conocidas por sus superiores, ya que uno de los denunciantes había enviado una nota de queja hacia arriba sin resultados. De hecho, luego de la denuncia, el entonces jefe policial y actual ministro de Seguridad, comisario general Alejo Paredes, negó a la prensa que se dieran órdenes para detenciones para las estadísticas.

La agente presentó la denuncia ocho días antes de que se realizara la Quinta Marcha Contra la Gorra, organizada en contra del Código de Faltas cordobés que habilita a la detención por merodeo. Este diario publicó en octubre de 2010 un trabajo realizado por el abogado constitucionalista Horacio Etchichury y la diputada provincial Adela Coria, en el que se observa que la policía provincial produjo 54.223 arrestos por el Código de Faltas durante el año anterior. Cerca de la mitad (49 por ciento) correspondieron a jóvenes de hasta 25 años. Y dentro de la capital provincial, los arrestos a jóvenes aumentaban hasta casi el 70 por ciento. Los jóvenes son los clientes cautivos del merodeo, una herramienta olfativa del Código de Faltas. Hacer el cálculo de cuántos de estos porcentajes le corresponden a Márquez es innecesario, ya que las cifras y las protestas masivas demuestran que el comisario denunciado no es el único que funciona con el criterio de estadísticas aplicadas a conveniencia del olfato.

El CAP fue creado a principios de marzo de 2003, por el entonces gobernador José de la Sota, con el argumento del entonces secretario de Seguridad Ciudadana Carlos Alesandri de que “es un elemento más para brindar seguridad, que es lo que la sociedad quiere”.

La denuncia de la agente del CAP 8 derivó en la intervención judicial. El viernes pasado, la fiscal Dolores Romero Díaz hizo efectivo el tenor de la denuncia e imputó al comisario Márquez por coacción y abuso de autoridad reiterado. En una policía acostumbrada a la autonomía y que colocó a uno de los suyos para establecer políticas, la noticia cayó con algo de incredulidad y mucho de sorpresa por lo inédito de la medida.

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