Los gobiernos de las provincias de Santiago del Estero y Misiones anunciaron que acatarán el fallo de la Corte Suprema que estableció el procedimiento para la atención de los abortos en caso de violación. Córdoba acaba de difundir un protocolo elaborado en sintonía con esa sentencia. Mientras las provincias van sentando posición frente al tema, desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se les informó a cada una de ellas, a través de un comunicado, que “deben ajustar sus políticas públicas” a los parámetros de la sentencia del máximo tribunal, “ya sea mediante la aplicación directa de la Guía Técnica y el Protocolo de Atención –elaborada por el propio Ministerio de Salud de la Nación–, a través del acto de adhesión, o aplicando sus propios protocolos en tanto compatibles con dichas herramientas”. Aunque el gobernador de Tucumán, José Alperovich, no se pronunció todavía, una señal significativa de lo que puede ocurrir la dio la presidenta provisional del Senado (y esposa del mandatario), la tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich, quien presentó en la Cámara alta un proyecto de declaración en el que expresa su “beneplácito” por la histórica sentencia. En Mendoza y La Pampa, cuyas autoridades se manifestaron contrarias a respetarla, hay presiones de las Legislaturas para que se fijen los protocolos.

En la sesión del miércoles último, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un proyecto de resolución presentado por la diputada de la UCR Liliana Vietti –que se aprobó por amplia mayoría y contó con el apoyo de kichneristas– invitando a que el Ejecutivo “dicte los correspondientes protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”. Si el gobierno mendocino no los implementa, los legisladores adelantaron que presentarán un proyecto de ley para que los hospitales tengan una guía de procedimientos tal como lo dispuso la Corte. El gobernador kichnerista Francisco “Paco” Pérez se pronunció en contra del cumplimiento de la sentencia. El jueves se realizó una radio abierta frente a la Casa de Gobierno, convocada por Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), el gremio ATE y el Movimiento Socialista de los Trabajadores para repudiar esas declaraciones.

En La Pampa, 13 diputados del oficialismo local –de un total de 16 que integran el bloque del PJ– firmaron un proyecto donde reclaman al gobernador Oscar Jorge, que elabore “en forma urgente” una guía de atención de los abortos no punibles. Incluso, en La Pampa, trabajadores de la salud del Hospital Lucio Molas, el más importante de Santa Rosa, y de centros de salud, se reunieron esta semana en asamblea junto con integrantes de la Asociación de Profesionales, para repudiar las expresiones del ministro de Salud provincial, Mario González, quien anunció el sábado 24 que La Pampa no acataría el fallo de la Corte Suprema. González llegó a decir que, si una mujer violada concurría al Hospital Molas y solicitaba un aborto, se le exigiría una autorización judicial. El máximo tribunal dijo que ese requisito es ilegal y arbitrario. También se movilizaron en Santa Rosa organizaciones sociales nucleadas en el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. De todos modos, el gobierno pampeano relativizó luego los dichos del ministro y anunció que una comisión estudia los pasos a seguir.

En cambio, Tierra del Fuego y La Rioja, primero, y ahora Santiago del Estero, Misiones y Córdoba, anunciaron que implementarán protocolos para los abortos no punibles. San Juan, Formosa, San Luis y Jujuy pidieron en los últimos días la Guía de Nación, para analizarla, según pudo saber este diario. Desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable enviaron un comunicado a sus referentes de todas las provincias, donde se puntualizan los aspectos más relevantes del pronunciamiento de la Corte y se exhorta a su cumplimiento.

En Misiones, ayer el subsecretario de Salud Pública, Germán Bezus, afirmó que la provincia avanza en la confección de un protocolo en línea con el fallo de la Corte. El funcionario enfatizó que la única manera de asegurar el procedimiento es que el protocolo sea aceptado por cada uno de los servicios. “Eso va a ser una discusión interna que vamos a tener dentro del seno del Ministerio de Salud”, remarcó, dando cuenta de las resistencias que se vienen observando en el ámbito médico. En 2011 en esa provincia hubo un caso de una niña de 14 años, que fue obstaculizado por directivos del Hospital Materno Neonatal, de Posadas, que desinformaron y asustaron a la mamá de la chica, perteneciente a una familia muy pobre, y lograron su objetivo: que desista de llevar adelante la interrupción del embarazo producto de una violación perpetrada por el tío.

Una situación similar ocurrió en 2010 en Santiago del Estero, con otra chica de 14 años. En ese caso, autoridades de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia (Dinaf) del gobierno provincial actuaron sobre la familia, también muy pobre, y la presionaron para que desistiera de la interrupción de la gestación. El ministro de Salud y Desarrollo Social de Santiago del Estero, Luis César Martínez, aseguró que “la ley está y lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con esa ley”. Además, señaló que se viene trabajando en el tema en la provincia desde 2009. “Es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. El Protocolo está en los hospitales y la gente ya lo conoce”, aseguró, aunque evidentemente no siempre se respeta.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, primero anunció que no acataría la sentencia de la Corte Suprema, pero después anunció que impulsará un protocolo, aunque con algunos requisitos no previstos en el fallo.

En otras provincias, ya hay procedimientos fijados por distintas normativas: en Chubut, rige por ley de 2010 (sancionada justamente a partir del caso de la adolescente A. G., que derivó en el fallo de la Corte). Según informó la provincia al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en 2011 fueron pedidos en los hospitales chubutenses 21 abortos no punibles y se realizaron 20. No se aclaró el motivo por el cual uno no se practicó. De todas formas, la estadística muestra que en las jurisdicciones en las que hay protocolo, con respaldo político, este tipo de instrumento favorece el respeto de los derechos de las mujeres a interrumpir una gestación en los casos previstos en el Código Penal.

También fijaron protocolos para evitar obstáculos arbitrarios las provincias de Buenos Aires y Neuquén: los protocolos dictados en 2007 tienen rango de resolución ministerial. Y Santa Fe le dio ese status en 2009 a la primera versión de la Guía Técnica de Nación. En la ciudad de Buenos Aires hay un protocolo, pero que responde a una interpretación restrictiva, en línea con los sectores más conservadores, y limita el derecho al aborto en caso de violación a mujeres con discapacidad mental. Desde hace ya varios años, la oposición al macrismo intenta sancionar por ley una guía –en línea con la interpretación correcta que reafirmó la Corte–, pero el PRO vienen rechazando sistemáticamente el debate.