“Si no volvés conmigo te voy a matar. Ya vas a ver, nos vamos a ir los dos juntos.” La amenaza tiene aterrorizada a C. A. A., una mujer de 41 años de la ciudad bonaerense de 9 de Julio. Se la viene repitiendo su ex marido, de quien se separó de hecho en septiembre de 2011 después de 21 años de matrimonio, en los que –según denunció ella en la Justicia– la violencia machista fue un tormento cotidiano. El hombre tiene antecedentes de homicidio, anda con un arma blanca y no acepta la decisión de ella de dejarlo. “Vas a terminar como la mujer del Boli Gammellía, vas a ver, así vas a terminar”, la amedrenta. Gammellía es un peluquero de 9 de Julio que está preso desde diciembre imputado por el femicidio de su pareja. “Vive en estado de terror y no consigue que las instituciones públicas la protejan. Ni la Justicia ni la policía ni las autoridades municipales le dan una respuesta adecuada”, denunció –en diálogo con Página/12– la abogada especializada en temas de género María Celina Urtazún, que acompaña a C. A. A. en su derrotero y es integrante de la Red de Monitoreo de Políticas Públicas para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Provincia de Buenos Aires.

Desde el 30 de enero, C. A. A. hizo sucesivamente nueve denuncias por violencia de género, amenazas, y desobediencia, según consta en el expediente judicial N° 33995/2012. En ningún momento la Justicia citó al acusado, identificado por sus iniciales G. V., y conocido en la comunidad por su actividad de prestamista. En la causa surge claramente el estado de terror en el que vive C. A. A. Hay un diagnóstico de riesgo “alto” realizado por una psicóloga, con quien la mujer está siguiendo un tratamiento terapéutico. “Mi temor es que sea una crónica de una muerte anunciada”, advirtió Urtazún, desesperada.

La comunidad de 9 de Julio se vio conmocionada en los últimos dos años por dos femicidios, crímenes que no se recuerdan con anterioridad. La abogada Urtazún forma parte del Espacio de Mujeres por la Equidad de 9 de Julio (Emenj), un ámbito en formación, que toma fuerza después del asesinato de la empleada municipal Sandra Villalba, de 40 años –casi la misma edad de C. A. A.–, ocurrido el 10 de diciembre último, por el cual está imputada su pareja, Marcelo Vicente Gammellía, un crimen que conmovió a la ciudad y generó movilizaciones de vecinas y vecinos por su esclarecimiento. Un año antes ya se había registrado otro femicidio en la misma localidad, el de Karina Alejandra Baho, de 37 años, quien fue ultimada de ocho puñaladas el 22 de abril de 2010 y por cuya muerte fue condenado su marido Ricardo Germán Campos, en el primer juicio oral por esa causa que se recuerde en 9 de Julio.

C. A. A., según consta en el expediente, se separó de hecho de G. V. en septiembre de 2011, tras un matrimonio de dos décadas, durante el cual tuvieron a tres hijas, de 21, 12, y 5 años, que actualmente viven con ella. El 17 de octubre de 2011, la mujer hizo una exposición civil en la policía de 9 de Julio dando cuenta de la violencia que estaba padeciendo. Las agresiones fueron en aumento. El 30 de enero de 2012 hizo una denuncia por violencia de género y amenazas en las que intervienen, respectivamente, el juzgado de Paz de 9 de Julio y la UFI N° 5 de Mercedes. Y se le informó al servicio local de violencia de toda la situación, detalló Urtazún. C. A. A. relató en su denuncia que al regresar su ex marido de vacaciones con dos de sus hijas ingresó a la vivienda de C. A. A. y la amenazó con matarla si no se reconciliaban. “Rompe todo, se pone agresivo. Hasta los vecinos escuchan los disturbios”, dice la denuncia. “Si no volvés conmigo te voy a matar, nos vamos a ir los dos juntos”, denunció C. A. A. que le dijo. “Vos vas a terminar como la mujer del Boli Gammellía, vas a ver, así vas a terminar vos”, también la amedrentó. Incluso, la mujer denunció que su ex esa noche rompió un vaso con la mano y les mostraba a ella y a las hijas como se lamía la sangre, “como insinuando que es capaz de hacer cualquier cosa”. También le dice que “le va a prender fuego a la casa con ella adentro”. C. A. A. fue a realizar la denuncia a las dos de la madrugada, presa del pánico. Contó en la sede policial que él “chapea diciendo que es más hombre que los demás porque estuvo preso por homicidio, ya que de joven mató a un tipo, y de esa forma siempre la ha tenido amenazada de muerte diciéndole que cuando él quiera la va a matar. Ultimamente, como están separados, lo dice constantemente”. Esa madrugada el agresor se presentó en la comisaría y la amedrentó también allí. Esta situación la denunció C. A. A. al día siguiente, el 1° de febrero, en una ampliación de su declaración anterior, donde además hizo hincapié en que “es habitual que lleve arma blanca” y señaló que había olvidado decirlo el día anterior por los nervios que sintió cuando él se hizo presente en la seccional.

Con ese panorama, el 2 de febrero, la jueza de Paz subrogante de Nueve de Julio, Rosana Farina, dictó una medida cautelar –por 30 días, que luego se extendió por otros 60 días– dado el alto riesgo en el que se encontraba la mujer por la violencia ejercida por su ex marido y le prohibió al agresor acercarse a menos de 150 metros de ella y de la casa donde ella vive. Pero C. A. A. volvió a denunciar a G. V. por violar la restricción sucesivas veces. Incluso denunció que se ha metido en su casa, amenazándola de muerte, delante de las chicas. En otras oportunidades se ha llevado a las hijas por la fuerza. En la fiscalía de Mercedes se abrió otra causa por el delito de desobediencia, porque no cumple con el perímetro que se le impuso, que tramita en la UFI N° 6. Desde ninguna de las fiscalías tampoco la citaron a ella, advierte Urtazún.

La abogada contó que hay antecedentes de exposiciones civiles de C. A. A. de situaciones de violencia de 2006 y 2008. Urtazún siente impotencia: el 4 de abril, precisó, el agresor volvió a violar el perímetro. “Cuando se llama a la policía demora en ir hasta el domicilio de C. A. A. El comisario alega que la policía no estaba informada de que la restricción se había extendido por 60 días más. Es evidente que el Juzgado de Paz y la policía no articulan. Cuando el juzgado envía el oficio, la policía tarda en notificar de la medida al agresor. Si no insistimos, no nos toman las denuncias en la seccional. El 4 de abril solicitamos la intervención del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos del Niño/a de Mercedes para que haya un abordaje integral del caso. Las niñas fueron entrevistadas por psicólogos del servicio local, pero todavía no se les proporcionó una asistencia psicológica. Tampoco se le informó vía institucional a la escuela a la que concurren las niñas para que estén alertas y al tanto de toda la situación. Del caso se desprende que las instituciones que deben intervenir y proteger a C. A. A. no hacen una valoración del riesgo, relativizando la situación sin tener en cuenta una mirada amplia con perspectiva de género”, describió.

Urtazún dijo a este diario que después de ingresar el agresor en el domicilio de su ex esposa, violando la orden de la jueza, cuando ella va a realizar la denuncia el 3 de abril por la nueva desobediencia en la Ayudantía fiscal, no se la tomaron. “El problema es cómo relativizan la gravedad del caso”, agregó. C. A. A. no sólo teme por su vida sino también por la de sus hijas, especialmente la de 12 años, a quien su padre –dice– amedrenta todo el tiempo.