Activistas de Greenpeace reclamaron ayer en el Congreso la pronta sanción de la Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y lo hicieron de una manera particular: llevaron una pila gigante caracterizada como una bomba de tiempo, con la leyenda “Diputados desactiven la bomba, aprueben la ley de basura electrónica ya”. Es que el proyecto, aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores en mayo de 2011, está a la espera de su tratamiento en Diputados y ya lleva cuatro años de trámite en el recinto: de no tratarse dentro de los próximos 90 días, perdería estado parlamentario y volvería a fojas cero.

Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, explicó a Página/12 que con la actividad de ayer la organización quiso mostrar que “la basura electrónica es una bomba de tiempo que merece ser desactivada cuanto antes, ya que en promedio cada argentino genera tres kilogramos de basura electrónica por año, algo así como 120 mil toneladas anuales”. Según la activista, “cerca del 50 por ciento de estos residuos están arrumbados en oficinas, hogares, entes públicos o depósitos, más del 40 por ciento es arrojado a basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios y sólo el 10 por ciento recibe tratamiento”. Además, según estimó, el año pasado “se descartaron 10 millones de celulares y 400 millones de pilas”, aunque no todas fueron a parar a la basura, aclaró.

Bilbao explicó que “desde 2008 existe un proyecto de ley para separar los residuos electrónicos del flujo de la basura común y darles el tratamiento adecuado, pero los diputados no lo debaten, a pesar de su urgencia, cuando este tipo de residuos es el que más rápido crece y el más tóxico”. El proyecto de ley de basura electrónica, impulsado por el senador Daniel Filmus –con el respaldo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y diversas organizaciones ambientalistas– establece el concepto de “responsabilidad extendida al productor”, es decir, propone que los productores se hagan responsables por el impacto ambiental de sus productos a lo largo de toda su vida útil: producción, uso y disposición final. Prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la fabricación de nuevos aparatos y el establecimiento de un sistema nacional para la reutilización y el reciclado de este tipo de residuos, para que sus materiales vuelvan a formar parte del proceso productivo y no terminen en basurales contaminando el suelo, las napas de agua y el aire.

“Los residuos electrónicos que hoy son enterrados en rellenos sanitarios constituyen una bomba de tiempo altamente peligrosa para el ambiente y la salud de las personas debido a la cantidad de sustancias tóxicas que contienen y al incremento exponencial de estos residuos año tras año”, evaluó Bilbao. “Plomo, PVC, mercurio, cadmio y berillo conviven en cada uno estos aparatos y ocasionan impacto en la salud de las personas: cáncer y afecciones en el sistema respiratorio y reproductivo, por ejemplo”, agregó.

Este impacto podría ser mitigado con la sanción de una norma “que promueva el reciclado y la recuperación, y disponga que los productores se hagan cargo de la gestión de estos aparatos una vez finalizada su vida útil, responsabilidad que hoy recae sobre el Estado”, añadió.

Informe: Sabrina Améndola.