La Argentina quedó frente al estrado judicial internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de las perpetuas aplicadas a menores de 18 años de edad. Ayer, los representantes de los jóvenes condenados, los abogados Nicolás Laino y Mariana Grasso (foto), pidieron que la Argentina fuera sancionada por no cumplir con los tratados internacionales firmados por el país y por lo tanto de rango constitucional. El martes 22 de agosto, los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Ana Figueroa, de la Sala II de Casación Federal, consideraron que en tres casos (los que habían llegado en apelación a ese tribunal), los de César y Lucas Mendoza y Claudio Núñez, la condena aplicada era inconstitucional y ordenó revisar las penas. Se suponía que inmediatamente recuperarían la libertad y que este caso arrastraría al de los restantes menores condenados a perpetua en el país. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro: no fueron liberados y mucho menos arrastraron al resto. El Tribunal Oral de Menores Nº 1, que los condenó, decidió rechazar las excarcelaciones, aduciendo que el fallo de Casación no estaba firme (especulando que el fiscal Plee apelaría). Ante el tribunal internacional, la Argentina está enjuiciada por estos tres casos (que ya ocupan la extraña circunstancia de excarcelados presos), además del de Saúl Roldán Cajal y David Videla, ambos en Mendoza, que forman parte de la misma demanda internacional. David Videla murió ahorcado en una celda y su caso es analizado además por la CIDH para que se investiguen las actuaciones de funcionarios penitenciarios y judiciales. Ante la CIDH declaró Estela Fernández, madre de David, quien dijo que no creía que su hijo se hubiera suicidado.