Los puesteros de Plaza Constitución desalojados el domingo por el gobierno porteño cortaron ayer durante todo el día la avenida Garay, a la altura de Lima, y hoy continuarán con la medida de protesta, al no recibir ayer respuestas a sus demandas por parte de las autoridades. Los comerciantes reclaman por la continuidad de los puestos en el lugar que ocupaban: aseguran que tienen permisos e incluso que pagan un canon anual en concepto de Higiene y Seguridad Alimentaria. Los vendedores atribuyen el desalojo al interés del gobierno porteño por concesionar espacios en parques y plazas para explotaciones gastronómicas, un proyecto que por estos días se está tratando en la Legislatura.

“Nos prometieron que van a estudiar caso por caso, pero hasta ahora son sólo promesas”, dice a Página/12 Carlos Salgado, que trabajaba en un puesto de golosinas y gaseosas que está a nombre de su hermano, desde hace más de diez años, pero que ya no existe. Salgado es uno de los 23 desalojados: los puestos son 25, pero dos quedaron en pie porque sus dueños alcanzaron a mostrar a tiempo los recursos judiciales que los amparan. El resto fue arrasado el domingo a la madrugada por topadoras, amoladoras y mazazos, a la orden del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Ayer, el predio en cuestión –la manzana entre Garay, Lima, Brasil y la avenida 9 de Julio– estaba perimetrado por vallas de chapas de zinc de dos metros de altura.

El operativo se hizo el domingo a las 6.30 de la mañana, con una fuerte presencia de la Policía Metropolitana. “El objetivo es el ordenamiento del espacio público contra puestos ilegales que no tenían ningún tipo de habilitación”, argumentó el subsecretario de Espacio Público, Patricio Di Stéfano.

“Fue un atropello, podrían habernos notificado, si querían hacer una obra, podemos correr los puestos, pero aprovecharon que no estábamos y arrasaron con todo”, se queja Valeria, parada sobre el asfalto de la avenida Garay, en el corte que deja un carril libre para el paso del tránsito. “Acá no ves nunca un policía para prevenir un robo y de repente nos mandan a doscientos para desalojarnos: para eso está la Metropolitana”, protesta la mujer, madre de un niño de cinco años, inquilina de un departamentito justo frente a la plaza, donde tiene su puesto de panchos y bebidas, uno de los dos que quedó en pie.

Los puesteros aseguran que tienen autorizaciones para trabajar en el lugar, otorgadas en 2004. “Además, este año nos reempadronamos en Higiene y Seguridad Alimentaria, pagamos el canon de 109 pesos e hicimos el curso de manipulación de alimentos”, agrega Marcela, a cargo de otro puesto de golosinas y bebidas.

Una delegación de trabajadores se reunió ayer a la tarde con Di Stéfano y otros funcionarios de Espacio Público, en la sede de esa cartera. “Están estudiando qué hacer, de qué manera salir decorosamente de esta situación: van a tener que admitir que se equivocaron”, dice, seguro de su posición, Carmelo Corsaro, representante de la Mesa Vinculante de Puesteros de la Ciudad. Fundamenta su afirmación en que de los 25 puesteros desalojados, nueve estaban con los permisos al día y el resto tiene alguna anomalía que puede ser subsanada.

Corsaro adelantó que el corte en Garay continuará hasta que reciban una respuesta y advirtió que la protesta podría extenderse hoy a plaza Once, porque “es el próximo lugar donde van a avanzar”.

Además de pedir por su fuente de trabajo, los vendedores reclamaron a los funcionarios el retiro del proyecto oficialista para concesionar sectores en plazas y parques para la instalación de emprendimientos gastronómicos. “Nadie está a favor de ese proyecto: los vecinos, los ambientalistas, los vendedores ya se manifestaron en contra de la privatización del espacio público”, dijo Corsaro a Página/12. Se trata del proyecto de Ley de Régimen Regulatorio de las Areas de Servicios en Espacios Verdes”, del diputado José Luis Acevedo, del PRO.

“Si hay que pagar, pagamos”, sostuvo Valeria. “Queremos trabajar, no queremos un plan social”, agregó Carlos Salgado. “Vamos a resistir: si tocan a uno, tocan a todos”, enfatizó Corsaro.