El fiscal Marcelo Romero pidió prisión perpetua para cinco de los siete acusados por la salidera bancaria en la cual fue baleada Carolina Píparo en 2010. Entre los merecedores de perpetua, Romero incluyó a Carlos Moreno, a quien, durante el debate oral, Píparo había señalado como la persona que la golpeó y luego le disparó. Para Augusto Claramonte y Carlos Burgos, quien al comienzo del juicio era sospechado como autor de ese ataque, la fiscalía pidió 15 años de prisión. Poco antes del inicio de la audiencia, Píparo dijo esperar que la Justicia dicte “perpetua a todos”, porque “la inseguridad sigue siendo un tema al que no se le da importancia”. “Como sociedad, debemos seguir exigiendo seguridad, por Isidro (el bebé que nació por cesárea urgente, luego de que ella fuera baleada, y murió al cabo de unos días) y por otras víctimas.” Fernando Burlando, abogado de Píparo, realizará su alegato el lunes, y adelantó que él y la familia de su clienta estaban conformes con el pedido del fiscal, y que esperan “una pena ejemplar, en algún momento pedimos la pena de muerte (para los imputados) y de eso se trata, que mueran en la cárcel”. Por su parte, el abogado de Burgos, Rubén Carrazzone, insistió con que su cliente no tuvo “nada que ver” con la banda ni con lo sucedido.

Ante el Tribunal Oral Penal 2 de La Plata, el fiscal Romero dijo sentirse amargado porque ninguno de los imputados demostró arrepentimiento. También aseguró que el ataque a Píparo fue “una ejecución”, que la muerte del bebé del cual entonces la mujer estaba embarazada fue “un homicidio” y que Moreno, quien la tiró al piso y luego le disparó a quemarropa, actuó con “alevosía”. Para Moreno, señalado por Píparo y su madre como autor del disparo, Romero pidió la misma pena que para los coautores del ataque: Luciano López, quien manejaba la moto de los ladrones; Miguel “Pimienta” Silva, “marcador” de la víctima; Carlos Jordán Juárez, supuesto jefe de la banda, y Juan Manuel Calvimonte, por reclutar “mano de obra”. Para Burgos, a quien la madre de Píparo había considerado autor del disparo, pero luego no fue identificado como tal, el fiscal pidió 15 años, por considerarlo integrante de una banda dedicada a esa clase de robos, según los indicios de otros dos robos previos que están bajo investigación. Para Calvimonte, el único de los imputados que llegó en libertad al juicio oral, el fiscal solicitó 15 años de prisión por haberle “dado a la organización ilícita una cobertura legal”.

En su alegato, Romero describió la salidera de la que fue víctima Píparo como “una ejecución”. “La víctima en ningún momento ofreció resistencia y pese a estar embarazada de nueve meses, la arrojaron al piso golpeándola en la cabeza y cuando estaba de rodillas le dispararon con munición hueca con la intención de matarla, cuando era muy fácil arrebatarle la cartera

con el dinero que estaba en el piso.” Por ello y por la muerte posterior del bebé, nacido tras una cesárea practicada de urgencia luego del ataque, Romero insistió en la calificación de “homicidio triplemente calificado por alevosía”, tal como había hecho durante la instrucción, también a su cargo.

Más de una hora se tomó el fiscal para enumerar la prueba acumulada: cruces telefónicos que demostraron las conexiones entre los imputados antes y el día del hecho, cuando los teléfonos quedaron registrados en la zona aledaña al banco y a la casa de Píparo, donde la interceptaron y balearon.

Durante el alegato, Píparo, su marido y otros familiares se encontraban entre el público. Desde allí escucharon al fiscal hablar del bebé Isidro, a quien consideró “una persona”. “Vivió, tuvo nombre, DNI y acta de nacimiento, nació el 29 de julio del 2010 y falleció el 5 de agosto de ese año por falta de oxígeno. Llegó a ser una persona nacida y con derechos y por lo tanto su muerte, provocada por las lesiones respiratorias que sufrió su madre, constituye un homicidio”, dijo Romero.

Además, el fiscal subrayó las falencias en la seguridad bancaria y en la “inteligencia criminal” que debería haber realizado la policía; de haber existido, dijo, el robo y el ataque posterior podrían haberse prevenido. “Definitivamente este robo y otros se produjeron por negligencia”, dijo, aunque advirtió que no hacía con ello acusaciones contra los empleados de la sucursal. A poco de sucedido el episodio, uno de los cajeros de la sucursal del Banco Santander Río del que había retirado dinero Píparo había sido sospechoso de complicidad con los delincuentes, cosa que luego no se comprobó. De todos modos, el fiscal Romero pidió que la Justicia investigue “posibles conductas culposas que facilitaron los trágicos hechos en juzgamiento”. “Con prevención policial y con un mínimo de inteligencia criminal, episodios como el de Carolina se pueden evitar. Hay un sistema policial que siempre llega después, que nunca se anticipa al delito.”