En pleno debate por la reforma del sistema judicial, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni sorprendió en una charla en la Facultad de Derecho con una propuesta para ampliar la composición del máximo tribunal a 19 miembros, 12 más que los que tiene en la actualidad. Sería “la solución definitiva” para descomprimir a la Corte, donde llegan miles de presentaciones contra sentencias arbitrarias y pocos planteos sobre constitucionalidad, explicó ayer en el programa Mañana Más, por Radio Nacional. De todos modos, aclaró que por ahora le parece una opción inviable. El penalista minimizó la denuncia de Elisa Carrió de un pacto con el Gobierno para evitar la transferencia de “la caja” del Poder Judicial de manos de la Corte al Consejo de la Magistratura, pero explicó las razones de la advertencia que Ricardo Lorenzetti le llevó al oficialismo: “Pasarle la administración y todas las funciones de gobierno a un organismo que no funciona, es provocar un caos”, dijo. Mientras desde la presidencia del tribunal ratificaron, a través de voceros, la versión de que frente a los anuncios de reforma los siete jueces supremos analizaron renunciar en bloque, Zaffaroni aseguró: “En ningún caso se planteó esto; ni eso ni que nos vamos a quemar como bonzos en la plaza Congreso”. “No inventemos cosas para crear caos”, pidió.

La idea de una Corte de 19 jueces fue mencionada por Zaffaroni el jueves en una charla con estudiantes de Derecho. Uno de sus argumentos, llamativamente, era el mismo que usó el oficialismo para justificar la creación de tres nuevas cámaras de Casación: la necesidad de descomprimir al alto tribunal de incontables planteos contra sentencias arbitrarias. Más que casaciones, Zaffaroni imagina una gran Corte, que estaría dividida en salas y mantendría la estructura actual de siete jueces para resolver las cuestiones de constitucionalidad. La Constitución no limita el número de jueces del alto tribunal, de modo que no haría falta una reforma de ese tipo.

“No soy ingenuo político, me doy cuenta de que lo que estoy diciendo es inviable (...) Una solución de esta naturaleza requeriría un acuerdo de fuerzas políticas, que es inviable en este momento, menos en un año electoral”, acotó Zaffaroni al explayarse por radio. También dijo que cuando les habla a “pibes que tienen veinte años” lo hace sabiendo que en diez o doce más pueden “estar sentados en una banca de senador o de diputado, pueden estar en unas asamblea constituyente”. “El deber de uno es decir la solución definitiva, por más que hoy sea el camino prohibido, y yo creo que es ésta”, señaló.

–Entonces, la nueva ley que crea tres cámaras de Casación, ¿no resuelve el problema?

–Habrá que ver cómo funciona. Pero la solución institucional definitiva, sin hablar de reforma constitucional, que también es otro camino prohibido, tendría que pasar por esta vía.

–Habrá visto en los medios la versión (ratificada por voceros de la presidencia de la Corte) que dice que los siete jueces del máximo tribunal iban a renunciar en bloque ante la propuesta de reforma judicial enviada al Congreso. ¿Qué hay de cierto?

–No, en ningún caso se planteó esto. Ni eso ni que nos vamos a quemar como bonzos en la plaza Congreso, no inventemos cosas para crear caos. Nos reunimos y lo que hicimos fue darle mandato al presidente y a la vicepresidenta (Elena Highton de Nolasco) para que dieran curso a la nota, como explicó Lorenzetti.

Zaffaroni se refiere a una nota que envió la Corte al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, con copia a la Casa Rosada, junto con otra que remitía a otra de la Junta de Presidentes de Cámaras de Apelaciones de todo el país, que firmaba su titular, Gustavo Hornos, en un intento de negociación. Decía que si se traspasaba el manejo administrativo, presupuestario y de política salarial del alto tribunal al Consejo podría haber una parálisis en el Poder Judicial y pedía que los secretarios de confianza de los jueces puedan ser designados sin concurso. En la carta original de la Junta de Cámaras había un párrafo que fue excluido: cuestionaba que se reemplace la mayoría de dos tercios que hoy requiere el Consejo para acusar o elegir jueces, por una mayoría absoluta, de la mitad más uno de sus miembros. Esa omisión, producto de un supuesto “pacto”, fue denunciada por la diputada Elisa Carrió.

“Eso lo dejamos de lado y si se judicializa el problema veremos lo que se decidió. Si es constitucional o no el cambio de esas mayorías es una cosa que se puede judicializar y tendremos que pronunciarnos y cualquier cosa que dijéramos ahora sería un adelantamiento de opinión”, dijo Zaffaroni.

–¿Por qué llevaron al Gobierno el planteo de conservar en la Corte el manejo administrativo?

–Porque no se habían dado cuenta, al redactar el proyecto, del inconveniente práctico que tenía esto. El Consejo no tiene infraestructura para manejar esto. Nadie niega que el Consejo se ha trabado, que no funciona, entonces pasarle la administración y todas las funciones de gobierno a un organismo que no funciona, es provocar un caos. Ustedes como periodistas, o como ciudadanos, si ven que se va a interrumpir una calle que va a impedir la salida de las ambulancias de un hospital, tienen derecho de decirle a la autoridad “mire, le advierto que va a pasar esto”, pero los directores del hospital tienen el deber jurídico de hacerlo. Nosotros tenemos el deber jurídico de decir “mire que esto puede provocar un caos”.

–En los últimos días se ha agitado mucho el fantasma del fin de la República, de la fractura, de la República perdida, por la posible falta de independencia que podría tener el Poder Judicial con estas leyes de reforma...

–La República sigue funcionando, los poderes siguen funcionando, el Legislativo está sancionando leyes, el Judicial sigue funcionando; muy probablemente se resolverán en el ámbito judicial los planteos que se hagan. No veo que se esté desbaratando nada.

–Más allá de que no pueda opinar puntualmente, ¿le parece que las reformas van en el sentido de democratizar?

–No puedo evaluar los proyectos. Lo que sí me entusiasma es que se ponga en discusión en el plano político la estructura del Poder Judicial. Estos proyectos no acaban ni cierran nada, más bien abren un debate que seguramente dure años, pero el debate en sí me parece muy saludable. Nunca la clase política nuestra se había hecho cargo de analizar la estructura del Poder Judicial, de mejorarla, de ampliar el ámbito de acceso a la Justicia, que es ampliar el ámbito de ciudadanía real, de alguna manera, porque damos derecho a la gente a que reclame derechos.