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“Me golpeaba, me violaba y me amenazaba de muerte poniéndome el revólver en la cabeza e introduciéndome el caño del arma en la vagina”, declaró Paola Claudia Sosa, de 22 años, ante la Justicia mendocina. Se refería a su esposo, un policía de esa provincia. Una noche, Claudia puso fin a ese círculo de horror. Fue después de que su marido la tirara al piso, la pateara con los borceguíes puestos, le rompiera la ropa y la forzara a punta de pistola a tener relaciones sexuales. Esa noche ella tomó su arma reglamentaria –una Taurus 9 milímetros– con la que él tantas veces la había vejado y, cuando se acostó a dormir, le disparó. La Séptima Cámara en lo Criminal de Mendoza la condenó a 15 años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo conyugal con circunstancias extraordinarias de atenuación”. La sentencia causó conmoción en la sociedad mendocina y generó polémica. Un grupo de ONG y de organismos oficiales y de derechos humanos iniciaron una campaña, con marchas incluidas, en reclamo de su libertad. Piden que se le conmute la pena o sea indultada porque consideran que actuó en “legítima defensa”.
“Queremos que revisen el caso y la absuelvan. Paola fue víctima de violencia física e institucional, fue humillada y vejada”, señaló a Página/12 Rosana Rodríguez de Las Juanas y Las Otras, la ONG que inició la cruzada por la libertad de la joven.
El caso es paradigmático por donde se lo mire. No sólo porque Paola fue condenada el Día de la No Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre último, sino porque la joven intentó buscar ayuda y no la consiguió: denunció los golpes en varias oportunidades en la policía y la mayoría de las veces no fue ni siquiera escuchada. Para completar el cuadro, luego fue “revictimizada” por los peritos oficiales que actuaron en el caso: uno de ellos, la psiquiatra María de los Angeles Quiroga, del Hospital El Sauce, llegó a interpretar el vínculo de sometimiento de Paola a su esposo como una relación “sadomasoquista” (ver aparte).
A la defensa de Paola se han sumado el Instituto de la Familia del Municipio de Guaymallén y el Instituto para la Equidad entre Hombres y Mujeres (Ippehm), del gobierno de Mendoza. “La sentencia es injusta”, consideró la abogada Graciela Herranz, presidenta del Ippehm, y criticó la falta de preparación de los magistrados, los abogados defensores y los peritos que actuaron en la causa, para juzgar adecuadamente un caso de violencia doméstica. “La han revictimizado”, señaló. “Para nosotros éste es un caso emblemático que refleja una contradicción evidente: contamos con todos los recursos legales de reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero en la práctica social e institucional no siempre se actúa de acuerdo con estos avances, en forma particular en el ámbito judicial”, opinó Herranz.
Noche de bodas, noche violenta
Paola es muy lúcida, aunque apenas tiene primaria completa. De contextura física y estatura pequeña, es retraída e introvertida. Sus padres son dueños de una panadería. Se casó con el policía Juan Eduardo Quiroga Núñez tras un noviazgo de cinco meses, en los que él se mostró amoroso y cariñoso. Pero la relación cambió abruptamente la misma noche de bodas, cuando Quiroga le dio la primera paliza. Y a partir de ahí no dejó de azotarla durante el año y un mes que duró el matrimonio, hasta que ella lo mató, el 1º de marzo de 2001.
Según las pericias forenses, aquella noche trágica en la que Paola gatilló la Taurus 9 milímetros que tantas veces Quiroga le introdujo por la fuerza en la vagina, él la golpeó –horas después de la detención de ella se detectaron escoriaciones en dedos, brazos y en el glúteo derecho, según quedó escrito en el expediente– y la violó –se tuvieron en cuenta la rasgadura de la ropa y el hallazgo de exudado vaginal, signo de coitoreciente–. “Me decía que yo era la esposa y tenía la obligación de hacerlo. Yo tenía miedo”, contó Paola en el juicio. De los fundamentos de la sentencia surge que la joven mató a su esposo de un tiro en la cabeza, parada al pie de la cama matrimonial. Después de someterla sexualmente, Quiroga había dejado el arma cargada en la mesa de luz y se había acostado a dormir. En el juicio, ella dijo no recordar si él estaba dormido y declaró que sólo quiso “asustarlo”, cuando, “temblando de miedo, tiritando”, tomó el arma. “(La pistola) se disparó, vi sangre ... Sentí pánico. Llamé a mi hermano desde el celular y le pedí ayuda. Como no podía venir avisé a la Comisaría 11ª (donde su esposo trabajaba) que había matado a Eduardo”, completó en voz apenas audible.
Una máquina de escribir invisible
“Me pegaba, me encerraba y se iba”, declaró ante los jueces de la Séptima Cámara en lo Criminal de Mendoza, Agustín Pedro Chacón, Gonzalo Guiñazú y Pedro Carrizo. Quiroga la controlaba. Con el coche policial la seguía o la hacía vigilar pos sus compañeros de repartición. Durante las audiencias quedó probado que el agente policial tenía amantes: una de sus novias declaró que él le había asegurado que era soltero.
Paola contó que cinco veces se presentó a la policía para denunciar a su marido por malos tratos. Pero como les ocurre con frecuencia a muchas mujeres víctimas de violencia, la mayoría de las veces se le rieron en la cara o la declaración se archivó. La primera fue a los cinco meses de casados cuando la pareja vivía en San Rafael. Directamente no le tomaron la denuncia.
Las otras dos veces fue a la comisaría del barrio Lihué, departamento de Guaymallén, en el Gran Mendoza, durante el tiempo que vivieron en la casa de los padres de Quiroga. La primera vez, Paola fue a la seccional acompañada por la hermana de su marido y aunque en su rostro tenía la marca de un golpe –que hoy es una cicatriz que trata de ocultar con su cabello– tampoco le quisieron tomar la declaración y le dijeron que se volviera a su casa. “Fue como si la máquina de escribir fuera invisible. Me dijeron que no me hiciera problemas, que iba a estar todo bien y aunque tenía una lastimadura en la cara no me mandaron al médico forense”, recordó la joven días atrás, en la Alcaidía de Mujeres de la penitenciaría de Mendoza, donde está alojada junto a 86 internas. En aquella oportunidad, el policía también le había pegado a su propia madre. La segunda vez que fue a la comisaría de Lihué, la acompañó su padre; entonces sí le tomaron la denuncia. La causa por “lesiones calificadas” pasó a la Segunda Fiscalía Correccional de Mendoza. Las otras dos denuncias contra su marido, Paola intentó hacerlas en comisarías de Luján de Cuyo y del barrio La Gloria del Gran Mendoza.
Después de vivir con sus suegros, Paola y Quiroga se mudaron solos a un departamento en Luján de Cuyo, a 16 kilómetros de la capital provincial, donde meses más tarde ocurriría el homicidio. Un día ella intentó suicidarse y terminó con un lavaje de estómago en la guardia del Hospital Regional de Luján de Cuyo. Le recomendaron iniciar un tratamiento psicológico. El día que fue a la primera sesión en el centro de salud del barrio La Gloria, de donde eran ella y su familia, su esposo se enteró y literalmente la sacó de los pelos del lugar y la subió al patrullero en el que había llegado. Hubo testigos del hecho: el psicólogo del centro de salud –que no fue citado a declarar en el juicio– y varias vecinas.
Clamor por su libertad
En el último tiempo, Quiroga estaba asignado a una comisaría de Luján de Cuyo. En su desesperación por los tormentos que sufría en su casa, Paola contó que fue a hablar con sus superiores. “Se me reían en la cara. Me decían que no podía ser él porque era el nene preferido de la comisaría.Una vez hablé con el inspector de la Comisaría 11ª de Luján de Cuyo: me miraba y se reía y lo llamó por teléfono para decirle que estaba declarando en contra de él. Y me fue a buscar a la comisaría y me sacó del brazo. Fue todo un problema”, relató Paola, en la cárcel, y no quiso dar más detalles, durante una visita que le hicieron integrantes de Las Juanas y Las Otras.
Durante el juicio oral, que se extendió por cinco días, la Séptima Cámara en lo Criminal de Mendoza consideró ciertos sus relatos de malos tratos y violencia y los tuvo en cuenta para atenuar la pena. En los casos de homicidio agravado por el vínculo, el Código Penal prevé un castigo de reclusión o prisión perpetua. El fallo despertó indignación entre los vecinos de la familia de Paola, que incluso protagonizaron varias manifestaciones en su defensa, y también entre ONG de Mendoza.
Por un error del Poder Judicial, los abogados defensores de Paola, Gilberto Altamira y Guillermo Gorelik, no llegaron a tiempo a presentar un recurso de casación en el que pedían que se anulara el fallo y la joven fuera sometida a un nuevo proceso, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, “el terror paroxístico impuesto por el marido uniformado, violento, armado e inescrupuloso; un marido abusador”. Una notificación de los tribunales que advertía que se vencía el plazo legal para elevar el recurso de casación fue enviada a una dirección equivocada y cuando los letrados llevaron el planteo, fue tarde. Ahora, los abogados reclamaron a la Suprema Corte de la provincia que lo acepte de todas formas como válido.
En ese marco, Las Juanas y Las Otras y el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) encabezan una campaña para conseguir que se revea la sentencia y les están brindando contención y apoyo a ella y a su familia. “Si no conseguimos que sea absuelta o se le reduzca la pena, vamos a pensar en pedir la conmutación de la pena o el indulto al gobernador”, adelantó a este diario Olga Ballarini, titular de Cladem-Mendoza. Entre otras medidas, han generado una avalancha de correos electrónicos y cartas sobre el tema al gobernador, Roberto Iglesias, y a los miembros de la Suprema Corte de la provincia. El 8 de marzo, Día de la Mujer, junto con otras ONG de mujeres y entidades de derechos humanos como HIJOS y Madres de Plaza de Mayo, se concentraron frente a la Legislatura de la ciudad de Mendoza con carteles y pancartas para pedir la libertad de Paola. El principal argumento es que consideran que mató a su esposo “en legítima defensa ante las aberrantes y permanentes agresiones físicas y psíquicas y los padecimientos matrimoniales”.
Días atrás, la joven vio uno de los capítulos de la serie televisiva “Los simuladores”, que justamente abordó el problema de una mujer que –como ella– era azotada por su marido y a la que –como a ella– no le tomaban las denuncias en la comisaría. Gracias a la intervención de los simuladores, la protagonista consigue zafar de las golpizas. A Paola le impactaron las similitudes con su historia. Y se lo comentó a sus compañeras de cárcel. “Esa historia yo la viví”, les dijo, conmovida. Las internas la miraron sorprendidas y entre risas le preguntaron por qué no había contratado a los simuladores. Paola, con los ojos tristes, les respondió: “Si realmente existieran...”