Al menos 202 personas de nacionalidad colombiana, sometidas a condiciones infrahumanas por una red de explotación laboral, fueron rescatadas en el marco de un operativo que incluyó 72 allanamientos simultáneos, en 10 provincias, en los que fueron detenidas 23 personas, también de nacionalidad colombiana, entre ellos, a quien se considera el líder de la organización. Además, se ordenó la captura internacional de otras dos personas del mismo origen.

El procedimiento estuvo a cargo de la AFIP y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se realizó después de dos años de investigación. La organización, se informó, tenía ramificaciones en Chile, Brasil y Ecuador. Los allanamientos, ordenados por el fiscal Enrique Senestrari, de la Fiscalía Federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba, se realizaron en esa provincia y en Buenos Aires, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco y Tucumán.

Durante los procedimientos se pudo constatar “la extrema precariedad en donde trabajaban y vivían los trabajadores que, en el ciento por ciento de los casos relevados, estaban sin declarar ante la AFIP”. La organización delictiva contaba con talleres de elaboración de canastos artesanales y muebles de calidad económica, pero los investigadores suponen que esa actividad no es más que una pantalla para encubrir otras actividades.

Los trabajadores rescatados habían ingresado al país en forma ilegal por medio de “una red internacional de trabajo esclavo” y “se desempeñaban aquí en condiciones de trabajo infrahumanas”. Según explicó el funcionario, las personas eran traídas sin dinero y con una deuda a cuestas, generada por el pago del pasaje. Justamente el “contador” era el encargado de recorrer los lugares de trabajo para cobrar en cuotas esa deuda.

“Estamos ante una organización ilícita con un fuerte sustento territorial que funciona claramente bajo una estructura piramidal”, aseguró el director general de Recursos de la Seguridad Social, Carlos Sánchez, quien participó de los allanamientos.

Para el funcionario, “estamos ante un caso de trabajo esclavo, pero desde la concepción moderna del término: los trabajadores no estaban encadenados, pero eran sometidos y reducidos psicológicamente para que se integren en la organización para la realización de trabajos menores y en condiciones infrahumanas”.

También intervino en los operativos la directora general de Aduanas, Siomara Ayerán, quien informó la detención del cabecilla de la organización, un hombre al que conocían como “el contador”. La funcionaria reveló que durante la investigación se detectaron más de 3000 ingresos de ciudadanos colombianos.

Durante los procedimientos se pudo constatar la extrema precariedad en donde trabajaban y vivían estos trabajadores: estaban alojados en barracas o bien en pequeñas habitaciones y hasta en un sótano, donde también desarrollaban sus tareas. “Al no registrar a estos empleados no sólo estaban evadiendo las cargas sino que estaban condenando a estas personas a no tener un trabajo digno, cobertura médica y acceso a una futura jubilación”, afirmó Sánchez, quien participó de los allanamientos. “Estamos ante una organización ilícita con un fuerte sustento territorial, que funciona claramente bajo una estructura piramidal”, aseguró Sánchez.

Según relató la directora de la Aduana, la investigación empezó con “el relato en primera persona de una de las víctimas a un funcionario aduanero”. En forma paralela, se detectó el ingreso de jóvenes colombianos que arribaban al Aeropuerto Internacional de Córdoba sin equipaje, sin dinero, y cuyo destino eran domicilios comunes: “Todos decían que iban a la casa de un primo, pero daban la misma dirección. Las víctimas fueron asistidas por personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el delito de trata, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación.