El caso de Iván Torres, por cuya desaparición en 2003 su familia acusa a la policía chubutense, podría ser llevado a la Corte Penal Internacional (CPI). Esa posibilidad es evaluada por la abogada que los representa, dado que al Estado argentino se le venció la prórroga, el 24 de junio pasado, para concretar las penas impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada en agosto de 2011 por la detención forzada y tortura del joven, que fue visto por última vez en la comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia. Ese fallo obligaba al Estado a dar con el paradero de Iván, a iniciar una causa para investigar los hechos que produjeron su desaparición, al pago de una indemnización a María Millacura (madre de Torres), a dictar un curso de derechos humanos para toda la policía de la provincia de Chubut y a reembolsar a la Corte Interamericana las costas del juicio. Como nada de esto fue cumplido, sus familiares pretenden llegar a la CPI.

“La falta de cumplimiento de la sentencia en el caso de Iván Torres lamentablemente tiene como consecuencia la desaparición de César Monsalves, y lleva a que hoy en Chubut tengamos una nueva desaparición forzada, por lo que vemos con mucho horror que esto se va a seguir reproduciendo si el Estado no adopta ninguna medida para modificarlo”, dijo la abogada Verónica Heredia. Y aclaró que el caso de Monsalves también fue denunciado a nivel internacional y sigue como desaparecido porque el cuerpo que entregaron a cajón cerrado figura como NN.

La letrada anticipó a Página/12 que “como la CIDH no resuelve la cuestión de fondo, y a su vez el Estado no cumple la sentencia, ante la posibilidad de que esto quede impune no nos queda otra alternativa que intentar que el caso sea tomado por la Corte Penal Internacional”. Heredia es consciente que para que esto suceda debe tratarse de un delito de lesa humanidad, por lo cual afirma: “Vamos a probar que esto no es un caso aislado sino una práctica sistemática del poder policial, que tiene el aval político y la connivencia por inoperancia del Poder Judicial, que afecta a una población determinada, como son los jóvenes pobres y excluidos. En tal sentido tenemos los casos de Iván, Luciano Arruga, Daniel Solano, Facundo Rivera, César Monsalves, es decir que podemos dar cuenta de varias desapariciones forzadas por parte del poder policial de varias provincias, lo que nos da un contexto general del país para plantear esto ante la CPI”. En su opinión, el Ejecutivo provincial no es ajeno a esta situación, dado que “el gobernador es el jefe de la policía, es el principal responsable de la política institucional y de la violencia institucional”.

Por otra parte, el 1º de mayo fue retirada la casilla de Prefectura Naval donde había personal de esa fuerza cumpliendo tareas de protección de la vida e integridad física de la madre de Torres, sus hermanos y sobrinas, tal como indicaban las medidas provisionales dictadas en su momento por la Corte Interamericana. “La Corte decidió levantar esas medidas, pero le hemos solicitado que evalúe continuarlas dado que, a partir del incumplimiento de la sentencia por parte del Estado, los familiares de Torres corren riesgo. Además, la Secretaría de Derechos Humanos consideró la conveniencia de mantener estas disposiciones de seguridad y al mismo tiempo la Secretaría de Seguridad opinó lo contrario, en un mismo escrito, lo cual es contradictorio”, explicó Heredia. Y recordó que desde la desaparición de Torres fallecieron varios amigos y testigos del caso: Diego Alvarez, David Hayes, Dante Caamaño, Miguel Angel Gajardo, Walter Mansilla, Juan Pablo Caba y Gastón Vara. Además, la letrada lamentó que la madre de Iván haya solicitado audiencias con autoridades nacionales y provinciales y que le hayan respondido de manera informal que no sería atendida. “En especial, y de manera urgente, solicitamos a los funcionarios que requieran a la Corte Interamericana que adopte nuevamente las medidas provisionales a favor de María Millacura, sus hijos y sobrinas, como así también a favor de Miguel Angel Sánchez, único testigo vivo que estuvo en la seccional 1ª en octubre y noviembre de 2003, y hasta que el caso salga de la impunidad en que se encuentra”, pidió la abogada de la familia Torres.

Iván tenía 25 años cuando desapareció, el 2 de octubre 2003; trabajaba en un corralón y era solidario con los chicos de la calle. Al igual que en el caso de Luciano Arruga, la policía lo venía hostigando y como se resistía a las presiones, le armaron un prontuario. Su mamá, María Millacura, se instaló con un colchón durante meses en la comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia, mientras denunciaba que una de las fotos publicadas en los avisos oficiales de búsqueda había sido obtenida luego de su desaparición. “Mire, ministro, no atiende nadie”, dijo en ese momento cuando la visitó el ministro de Gobierno, Máximo Pérez Catán. Había discado el teléfono del juzgado a cargo del caso, publicitado en los anuncios.