En una extensa jornada de debate, que incluyó golpes bajos y encendidos argumentos, el gobierno uruguayo logró ayer la media sanción en la Cámara de Diputados para la regulación de la marihuana para uso recreativo, medicinal e industrial. La votación fue de 50 votos afirmativos, sobre los 96 presentes. Los diputados oficialistas aclararon buena parte de los datos falsos e incompletos acercados en el debate por la oposición. “Estamos dando un paso histórico para cambiar una política basada en la doble moral y la hipocresía, que perjudica a los que tienen menos acceso a la justicia, criminaliza la pobreza y fracasó en todos sus objetivos”, dijo a Página/12 el diputado oficialista Sebastián Sabini. “El desafío ahora es que el sistema funcione”, agregó. La sanción definitiva en el Senado, coincidieron varias fuentes parlamentarias, ya está asegurada.

El proyecto establece tres vías de adquisición de la marihuana: el autocultivo de hasta seis plantas hembras con un máximo de 480 gramos de cosecha anual, los clubes de membresía donde pueden compartir las flores de 99 plantas entre 15 y 45 personas y la venta en farmacias de hasta 40 gramos por mes, a partir de licencias estatales para producir el suministro. Se crearía un órgano de control interministerial, con representación de los cultivadores, llamado Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Todos los interesados deberán anotarse en un registro, cuyos datos serán protegidos.

La sesión comenzó pasadas las 10, con las extensas exposiciones de los miembros informantes de la Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Las cartas estuvieron tiradas de antemano, algunos parlamentarios opositores votaron en contra en general pero a favor varios artículos, respetando la disciplina partidaria. En el oficialismo hubo críticas pero se respetó la decisión del Ejecutivo, pese al misterio generado por el diputado Darío Pérez (ver aparte). El broche de la noche fue la presentación de una iniciativa para controlar más el alcohol, como exigían muchos legisladores.

Regular o marginar

Por el oficialismo habló Sabini, quien había presentado un proyecto de regulación antes de que el Ejecutivo enviara el suyo. “La regulación de los mercados de drogas, como política alternativa a los esquemas prohibicionistas o los liberales, es punto intermedio”, aclaró. Luego afirmó que la iniciativa ofrece herramientas para reducir la oferta y la demanda más eficientes, racionales y respetuosas de los derechos humanos.

Luego trazó varias comparaciones. Una de ellas apuntó a la década del 1920, cuando el gobierno de Estados Unidos prohibió el alcohol, mientras en Uruguay se controlaba su producción y venta. “Nuestra sociedad regula sustancias igual o más nocivas que el cannabis, las regula, no las prohíbe. Y consumir cannabis implica riesgos, como consumir tabaco o alcohol o psicofármacos. Pero la ilegalidad no resuelve estos problemas, los agrava. No resuelve los problemas de salud, los agrava”, sostuvo Sabini.

A diferencia de buena parte de los diputados de la oposición que lo sucedieron en el uso de la palabra, el miembro informante dio porcentajes y cifras con sus debidas fuentes. Afirmó que según un informe de la ONU, hay en el mundo “entre 119 y 224 millones” de consumidores de marihuana, convirtiéndola en la droga ilegal más usada. Luego sostuvo que en Uruguay el 20 por ciento de la población declara haber probado cannabis. En comparación con otros países, el mercado de marihuana en ese país es chico: “Involucra 30 millones de dólares al año”.

Ante este panorama, Sabini recordó las palabras del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, al equipo que construyó cuatro escenarios posibles a partir de distintas estrategias políticas sobre el tema: “El enfoque actual, más allá de algunos resultados importantes, no ha tenido éxito y no está funcionando suficientemente bien. Debemos encontrar y combinar nuevas y mejores alternativas”. En este marco, agregó, Uruguay se propone regular el mercado de cannabis.

El diputado frenteamplista siguió explicando que el proyecto busca conjugar un enfoque de derechos y garantías individuales “con un fuerte clivaje en los lazos sociales solidarios y el compromiso con los sectores que viven en la exclusión social y cultural”. Sabini citó como antecedentes a Holanda, que permite el expendio para separar el mercado del cannabis y la heroína y mencionó los clubes de cultivo en España, “que hacen actividades de asesoramiento médico y legal a sus miembros, además de encuentros informativos y educativos para mejorar la gestión de los riesgos del uso”.

Entre otros fines, el miembro informante sostuvo que la regulación permitirá una mejor atención médica, la financiación de centros públicos de atención y el alivio de los cuadros de abstinencia de drogas “duras” a partir de la provisión de marihuana. “También la separación de mercados de cannabis con el de otras drogas potencialmente más dañinas para la salud puede ayudar a disminuir el ingreso de nuevos consumidores de pasta base de cocaína, algo que ya ocurrió en Holanda con la heroína”, dijo en referencia a varios estudios oficiales de ese país europeo.

Vale todo

Gerardo Amarilla y Richard Sander, miembros informantes de los partidos Nacional y el Colorado, respectivamente, admitieron el fracaso de la represión al narcotráfico como forma de detener el consumo. Sin embargo, acusaron al gobierno de “improvisar” soluciones, de tener una visión “derrotista” por avalar el uso de marihuana y pidieron más recursos para comunidades terapéuticas, evangélicas algunas, y ONG, desconociendo o minimizando el papel que el proyecto le confiere al sistema de salud pública, como pilar de la prevención y el tratamiento para usuarios dependientes.

“Acá se propone un ensayo con más incertezas que seguridades. Y cuyos resultados pueden ser los impactos negativos e irreversibles de una generación entera. Frente a la necesidad de una respuesta contundente, integral con amplia base de legitimación política y social, se responde sectorialmente contra la mayoría de la opinión publica, y con un respaldo de una mayoría partidaria muy limitada, muy acotada, muy frágil. No se agotaron las vías para llegar a esos consensos y eso es motivo hoy de que estemos lamentando el rumbo que se pretende tomar”, dijo Amarilla.

El miembro informante sostuvo que los centros de acogida y tratamiento construidos por el gobierno actual son “dramáticamente insuficientes” y denunció que la Federación de Comunidades Terapéuticas de Uruguay, que antes recibía becas del Estado, tiene varios lugares que colapsaron económicamente. Amarilla recordó que un proyecto suyo para financiar estas comunidades y otras ONG sacando el sueldo de los asesores del Ministerio de Salud fue desechado en el Parlamento. Luego sostuvo que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, lo que fue rebatido luego por Sabini.

Por su parte, Sander propuso un referéndum para derogar la ley si se aprueba en el Senado. Luego resaltó las encuestas que indican el rechazo al proyecto por arriba del 60 por ciento de los consultados. El diputado resaltó que la norma actual no penaliza la tenencia de drogas para uso personal, dependiendo “de lo que los jueces entiendan que es consumo, en la ley actual el adicto pueda tratarse y no quedar preso”. Olvidó mencionar que el juez determina si se trata de un usuario o un comerciante en base a su “convicción moral” y no por la “sana crítica”, como planteó el oficialismo.

“Yo comencé a estudiar este tema desde 2010 porque nunca consumí drogas y ésa es la imagen que quiero darles a mis hijos y a los hijos de todos lo uruguayos. No se necesitan drogas para ser feliz, hay que ser niño, joven, ser sano y estudiar y tener valores para ser feliz”, sostuvo Sander. Y siguió mofándose de que los usuarios van a tener que salir a comprar balanzas para pesar los 480 gramos de cosecha que pueden tener en su casa. “Sé que hay plantas que dan un kilo y medio. ¿Cómo va a ser el gobierno cuando tengan dos o tres kilos? Alguien me dijo: ‘Tienen que tirarla...’”.

Para aportar dramatismo, Sander mostró un video de “adictos en fase de recuperación” del departamento de Rivera, de donde es representante. Todos coincidían en un relato disciplinado, propio de las terapias de confronte de las terapias conductivistas y decían, casi en el mismo orden discursivo, que habían empezado fumando marihuana para pasar a la paste base y la cocaína, que robaban para comprar. Algunos resaltaban que estuvieron presos o se prostituyeron con otros hombres para pagarse el vicio. La mayoría se salvó al encontrar “a Dios”. Todos estaban en contra de la regulación del cannabis.

“Todos ellos son pacientes de una comunidad terapéutica de la iglesia evangélica, nosotros peleamos para que tengan más plata para tratarlos ahí”, aclaró el miembro informante. “No se puede legislar en base a videos, sino en base a evidencia científica”, le retrucó Sabini.

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