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La ofensiva del gobierno nacional contra la inseguridad pública, lanzada hace ya dos semanas, cosechó una adhesión casi masiva por parte de la población. Así, al menos, lo manifiesta una encuesta nacional que arroja un nivel de acuerdo del 95 por ciento con la iniciativa de crear un comité de crisis en el que estén integradas, además de las policías Bonaerense y Federal, la Gendarmería y la Prefectura. No es tan alta, en cambio, la confianza en un resultado exitoso de tanta presencia uniformada en las calles: el 62 por ciento cree que disminuirá “mucho” la cantidad de delitos, mientras que el 20 por ciento cree que se reducirá sólo parcialmente. Lo que sí está claro, para las personas consultadas, es que la solución del problema delictivo no está en el agravamiento de las penas, como tantas veces ensayó el poder político: sólo el 13,7 por ciento cree que ésa sería la solución. En cambio, más de la mitad de la gente sugiere que la respuesta más eficaz sería la lucha contra la corrupción, tanto en la política como dentro de las fuerzas de seguridad.
La encuesta fue realizada por la consultora OPSM, bajo la dirección de Enrique Zuleta Puceiro. Se tomó una muestra nacional de 1100 entrevistas directas a mayores de 18 años, residentes en todo el país. El relevamiento se hizo en 65 localidades abarcando todas las regiones, con muestras proporcionales al tamaño de las ciudades.
De acuerdo con el estudio, el 60 por ciento de los consultados evaluó con un “muy bien” la iniciativa del Gobierno de crear un comité de seguridad integrado por las policías Federal y Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura. Otro 35 por ciento la calificó con un “bien”, mientras que el 3,9 por ciento le puso un regular y ningún encuestado la consideró con mal o muy mal.
El 71,6 por ciento consideró la ofensiva oficial como “muy necesaria” y el 23,9 la vio como “necesaria”. Hubo un 3,3 por ciento que la evaluó como “poco necesaria” y sólo el 0,1 por ciento dijo que era “innecesaria”.
Cuando se preguntó en qué medida la presencia en las calles de efectivos de seguridad podría provocar una reducción en los delitos, el 61,9 por ciento respondió “mucho”; el 20,4 consideró que solamente “algo”; para el 11,7, apenas “poco”, y el 5 por ciento cree que no disminuirá “nada”.
Los encuestados fueron más cautos cuanto se consultó si el plan oficial contra la inseguridad tiene posibilidades de éxito: el 45,2 por ciento considera que tendrá “muchas”; el 39,5 cree que sólo tiene “algunas” chances, y el 8 por ciento piensa que las probabilidades son “pocas”. Para el 4,2 por ciento, directamente, no hay “ninguna posibilidad” de éxito.
Finalmente, se consultó a los encuestados sobre cuál sería la principal medida para resolver la actual sensación de inseguridad, sobre un total de seis opciones (ver recuadro). La mayoría (32,6 por ciento) piensa que el eje es encarar una lucha contra la corrupción en la política; el 18,7 por ciento sostiene que se debe enfrentar la corrupción en las fuerzas de seguridad, y el 18,4 por ciento sugiere que la primera medida debería ser luchar contra la pobreza. Sólo el 13,7 por ciento de la gente cree que la solución es el agravamiento de las penas para los delincuentes; el 6,6 por ciento propuso una reforma en el Poder Judicial y el 5,5 por ciento se volcó por la necesidad de modificar los procedimientos penales.