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La hipótesis que cierra el doble crimen de Santiago del Estero sobre los hombros de José Patricio Llugdar y lejos de los hombros de los hijos del poder, cayó haciendo ruido. Las pericias realizadas sobre los restos orgánicos hallados bajo las uñas de Patricia Villalba fueron contrastadas con la sangre de los cinco detenidos (Sebastián Flores, Ramón Rojas, Omar Contreras y José Ricardo Almirón (a) “El Tucumano”, además de Llugdar) y dieron resultado negativo. Según Jounes Bshier, padre de Leyla, “la investigación volvió a fojas cero”. Fojas cero que, según Luis Santucho, abogado de los Villalba, abre la puerta a la única hipótesis que queda en pie (la que acusa a los hijos del poder y a una larga cadena de encubrimientos desde las altas esferas) y que curiosamente fue dejada de lado durante los siete meses que lleva la investigación. “Las pericias confirman que los que hoy se encuentran detenidos fueron acusados para desviar la investigación”, sostuvo Santucho. Ayer, en Santiago circulaba el rumor de la renuncia del juez Dardo Herrera.
Llugdar, hijo del dueño de una cadena de carnicerías, con antecedentes de abuso e intento de violación, fue el primer detenido y único procesado en el caso. Aunque Patricia y Leyla no se conocían, Llugdar era amigo de ambas y, según las sospechas, relató a Patricia el asesinato de Leyla, transformándola en una peligrosa fuente de información. El testimonio de Hernán Pedregal (ahora detenido por otra causa) instaló una segunda hipótesis, la de la banda del barrio Mishky Mayu, y una orgía. A partir de ese testimonio, fueron detenidos Ramón Rojas, Sebastián Flores, cuñado de Xavier Ferrara Peña (vocero de la gobernadora Nina Aragonés hasta que se desató el escándalo), Omar Contreras (remisero que trasladó a Leyla hasta el bar Saravah) y José “El Tucumano” Almirón (supuesto proveedor de drogas de la banda). Pero la sangre extraída a los cinco detenidos no coincidió con las muestras de piel halladas bajo las uñas de Patricia Villalba. La hipótesis de los Mishky aguarda la decisión de Herrera, pero todo indica que se cae por su propio peso.
Los abogados de los cuatro últimos detenidos solicitarán la inmediata libertad de sus defendidos. César Barrojo, defensor de Flores, cuestionó al juez Herrera y sostuvo que “a través de los dichos del testigo Pedregal, ordenó la inmediata detención de Flores, Rojas, Contreras y Almirón, pero no adoptó similares medidas con la hipótesis que involucra a los hijos del poder”.
En realidad, esta última es la única línea que queda en pie y, paradójicamente, la única que no fue profundizada. Según los familiares de las víctimas, Leyla murió por sobredosis en una fiesta en Guayamba, Catamarca, en la que están sospechados de haber participado Antonio “Musita” Azar, hijo del también renunciado y polémico jefe del servicio de inteligencia santiagueño Musa Azar; Carlos “Pololo” Anauate, desplazado del bloque del PJ local tras el escándalo; Gilberto Perduca, ombudsman de la capital provincial; y Juan Felipe Moreno, hijo del ex vicegobernador Darío Moreno (otro renunciado tras el doble crimen).
Esta hipótesis indica que intentaron reanimar a Leyla, que la llevaron al hospital Independencia, donde llegó muerta. Las hojas del libro de ingresos de esos días fueron arrancadas. Llugdar, sospechado de haber participado de algún modo en la fiesta (en su casa se encontraron cables que podrían coincidir con los utilizados para maniatar a las dos víctimas), habría comentado el hecho a Patricia Villalba, lo que la sentenció a muerte. Llugdar fue amenazado y terminó entregando a Patricia, quien, según sus familiares murió torturada por manos policiales.
Según Santucho, además de los señalados, “hay otro hijo de Musa Azar, en realidad un ahijado, de apellido Abdala, Eduardo o Enrique, y que posiblemente haya sido uno de los autores del asesinato de Patricia”. La abogada de los Villalba, María Llobet, solicitará al juez Herrera que coteje las muestras halladas bajo las uñas de Patricia con el ADN de los hijos del poder.
Por su lado, ayer en Santiago circulaban versiones sobre la renuncia del juez Herrera, tras la emisión del programa “Libertad de Opinión”, en Canal 7. Allí, todos los abogados que participaron en el caso coincidieron en cuestionar su actuación. Pero, además, participó el abogado Héctor Muratore, quien dijo representar “la voz” de Musa Azar, y denunció un complot contra el gobierno preparado por un juez y un periodista. Las declaraciones de Muratore fueron tomadas como una advertencia del polémico Musa Azar al gobierno: “Son mensajes por elevación que envía el comisario. Si yo caigo, van a caer muchos más”, interpretó Luis Santucho.