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El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró que la renovación compulsiva de los DNI que proyecta el Gobierno será gratuita para aquellas personas que estén por debajo del umbral de la pobreza. “Esto no es un negocio, como se anda planteando, sino una necesidad, y el que no pueda pagar no va a pagar”, argumentó a Página/12 sobre un emprendimiento que despierta fuertes polémicas.
El cambio gradual pero obligatorio del Documento Nacional de Identidad es apenas una pata de un megaproyecto oficial, que pretende crear una base informática de datos única. El objetivo es reunir allí toda la información que hoy manejan la policía, el Registro Civil, la AFIP y la Justicia.
¿Para qué la renovación de los documentos? Oficialmente se explicó que se busca mayor calidad y seguridad para el control migratorio, lo que redundaría en el posible beneficio de la eximición de la visa dada por Estados Unidos.
El Gobierno convocaría a una licitación ya no sólo para realizar esa tarea sino para definir quién aportará las máquinas para imprimir los nuevos DNI. Desde la Casa Rosada se informó que los documentos serán impresos desde una UTE conformada por la Casa de la Moneda y el Instituto Geográfico Militar, y que la base de datos será homologada por el FBI.
De la confección de los pliegos de licitación participarán la Oficina Anticorrupción y la Sigen. La Facultad de Ciencias Económicas haría un seguimiento y control del proceso.
Se estima que el costo de cada documento le significará al Estado entre 11 y 14 pesos. Pero cada uno de los 38 millones de argentinos pagará por los DNI entre 20 y 25 pesos, según informó Fernández a este diario.
Los últimos datos oficiales indican que en la Argentina casi el 60 por ciento de la población es pobre. Por lo tanto, de acuerdo con la promesa pública del ministro del Interior, casi el 60 por ciento de los documentos correrá por cuenta absoluta del Estado.
Si la propuesta ya despierta polémica en superficie, sobre todo por cómo se va a manejar la información de la base única de datos, ésta se potencia por lo bajo. Voceros de la empresa Ciccone Calcográfica plantearon la disputa en el plano de la propiedad intelectual de la iniciativa. Aseguran que el megaproyecto que difunde Fernández es una adaptación de la que ellos mismos le acercaron al ministro en el primero de los dos encuentros mantenidos en la Casa Rosada.
En rigor de verdad, el objetivo de Ciccone es evitar cualquier tipo de proceso licitatorio. Y lo justifica al contar con una base de datos –la empresa imprime los pasaportes para la Policía Federal–, a la que sólo haría falta completar. Con ese argumento, entre otros, busca algún guiño del Gobierno para quedarse a cargo del megaproyecto, algo que a la luz de los hechos aparece como poco probable.
Fuentes de la Casa Rosada aseguraron estar dispuestas a “bajarle el precio” a Ciccone. Se recuestan en los antecedentes de la empresa que en más de una oportunidad se vinculó con Carlos Menem. Más aún, Domingo Cavallo llegó a relacionar la firma y el grupo Yabrán, una acusación que con el tiempo corrigió.
Ciccone mantiene constantes negociaciones con los gobiernos de turno. Desde los militares hasta Raúl Alfonsín, pasando por Menem y también con el propio Fernando de la Rúa, a quien –a través de su ministro de Interior, Ramón Mestre– le había ofrecido el mismo megaproyecto que hoy está en discusión. De hecho, los directivos la definen como una empresa “paraestatal”, ya que no sólo trabaja para el Estado nacional sino que también para extranjeros.
Ahora, viendo que la posibilidad de hacerse cargo de la iniciativa en forma directa se va diluyendo, no descarta participar de la licitación, al igual que lo harían empresas de origen francés y norteamericano. Y seguramente por ello en las últimas reuniones Ciccone salió a marcar las supuestas ventajas de su propuesta original respecto de lo que viene difundiendo el Gobierno. Entre ellas mencionó las siguientes:
- La renovación no será necesariamente compulsiva sino progresiva y voluntaria.
- No significará ningún costo ni endeudamiento para el Estado.
- El costo de cada documento será de 11,70 pesos.
- El manejo y la propiedad de la base de datos única quedará en manos del Estado, sin intervención alguna de empresas privadas nacionales y/o extranjeras.
Funcionarios del Gobierno están al tanto de los movimientos de Ciccone (“están operando fuerte en los medios”, repiten) pero, insisten, que en esta oportunidad “deberán pelear, y mucho” si pretenden hacerse cargo del megaproyecto.