El 18 de marzo de 2014 es la fecha dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 para el inicio del juicio oral por la tragedia del tren que se estrelló en Once en febrero de 2012, provocando la muerte de 51 personas y más de 700 heridos. La resolución, firmada por los camaristas Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Gorini, fija esa fecha dado que para ese entonces los jueces estiman que habrá finalizado la instrucción preliminar.

La causa por el choque del tren en la terminal de la línea Sarmiento llegará a juicio oral 23 meses después del accidente. Entre la treintena de imputados figuran los empresarios Sergio, Roque y Mario Cirigliano, entonces al frente de la concesionaria TBA (Trenes de Buenos Aires), rescindida tras el accidente; el maquinista Marcos Antonio Córdoba y los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

En la nómina de los imputados del delito de estrago culposo que irán a juicio oral figuran también varios directivos de la antigua concesionaria, ex funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el ex subsecretario del área Antonio Luna, estos últimos imputados de no haber controlado el estado del material rodante.

El abogado de la mayoría de las víctimas de la tragedia de Once, Gregorio Dalbón, sostuvo que buscará “que el maquinista, la concesionaria y el Estado paguen una compensación de 1200 millones de pesos a las víctimas”. Dalbón sostuvo que “es correcto que la fecha de elevación a juicio se ponga para marzo, porque hay instrucciones suplementarias que todavía no han finalizado”.

El abogado además consideró que resultaba “improbable en un debate oral que se pueda comprobar la participación de empresarios o funcionarios en el delito de estrago culposo.” “Lo que sí se puede evaluar –agregó el letrado– es la posibilidad de investigarlos por administración fraudulenta.” También aclaró que “el tema de los subsidios no va a poder ser tema de debate porque están siendo investigados en el juzgado del doctor Ramos”.

“El juicio podría durar unos seis meses, hay más de 400 testigos citados, más de diez peritos de ingeniería ferroviaria y otros diez peritos contables que analizarán la situación de los bienes concesionados”, estimó.

Dalbón destacó, además, que “se evalúa la posibilidad de ir contra la responsabilidad política de los funcionarios públicos, Schiavi, Jaime, Sícaro, Ochoa Romero y Guillermo Luna, los que podrían ser imputados por administración fraudulenta”.

La tragedia ferroviaria ocurrió el 22 de febrero del 2012 en la línea Sarmiento, con una formación que salió de la estación Moreno y llegaba a la estación terminal de Once conducida por el maquinista Marcos Córdoba. Los peritajes demostraron que el tren no fue frenado hasta los 300 metros antes de ingresar a la terminal, lo que provocó que se estrellara a 26 kilómetros por hora contra los paragolpes de contención.

A raíz del impacto, los primeros vagones se montaron unos sobre otros, lo que explica que la mayoría de las víctimas hayan sido las que viajaban en esos lugares. El cambio de los paragolpes, en el último choque, demuestra que su buen funcionamiento puede evitar que hasta cierta velocidad los vagones no se monten unos dentro de otros, arrasando con quienes estén en su interior.

Peritajes realizados con posterioridad determinaron que los frenos no se habían accionado y que el tren iba a 26 kilómetros hasta 300 metros antes de ingresar a la terminal.