[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El acceso al medicamento es uno de los pilares para acceder a la salud, garantizado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales, siendo entonces un derecho consagrado por nuestra Constitución nacional. En este sentido, la participación del Estado en el área resulta fundamental al momento de generar políticas públicas inclusivas que asistan a la población más vulnerable y, además, constituye un elemento central en el camino de la soberanía nacional.

Es por ello que, en los últimos diez años, responsables de Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV), junto a la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y otras más de cien organizaciones científicas, sindicatos y organismos de DD.HH. reunidos en la Multisectorial por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, comenzamos a transitar un camino en el sentido de generar una propuesta que pusiera la capacidad potencial de estos laboratorios al servicio de las necesidades de nuestra población.

Como primer paso, y con el aporte de profesionales de las diferentes disciplinas y el compromiso permanente de los laboratorios de PPMV, realizamos un exhaustivo relevamiento que permitió ponderar la potencialidad científico-técnica del sector público para la elaboración de medicamentos confiables, a costos razonables y con capacidad real de avanzar en investigaciones en el área, orientados por las necesidades de nuestra población, sin intervención de intereses externos. Contamos entonces con treinta y nueve Unidades Productoras de Medicamentos o Laboratorios Públicos en todo el país que cuentan con recursos humanos capacitados y comprometidos con su tarea.

En ese marco, se realizaron seis Encuentros por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, reuniones con legisladores nacionales y provinciales, y gran cantidad de eventos tendientes a mostrar la importancia estratégica que tiene utilizar las capacidades del Estado en esta área, tan sensible para amplios sectores de la población, y que hoy está fuertemente gobernada por criterios de mercado.

En 2007, mucho del esfuerzo conjunto de los años anteriores se vio cristalizado en la creación de la Red de Laboratorios Públicos (Relap), que contó con la presencia de más de treinta directores de Unidades de Producción de Medicamentos, el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y la División de Programas Especiales de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación.

Primero en Diputados y luego en el Senado, el 29 de junio de 2011 es aprobada con mayoría absoluta en ambas cámaras la Ley 26.688 de Producción Publica de Medicamentos y Vacunas (PPMV), donde se declara de “interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”, aspecto no menor en la medida que establece que el Estado debe asegurar la provisión de los mismos asegurando su acceso. También plantea la posibilidad de integración de los laboratorios públicos con las universidades nacionales para propiciar el desarrollo científico y tecnológico, a través de laboratorios públicos.

Ahora bien, a más de dos años de aprobada la ley, cuyo organismo de aplicación es el Ministerio de Salud, no se convocó a ningún miembro ni organización de quienes hemos trabajado en la PPMV como ocurrió, por ejemplo, con la “ley de medios”, además existe una incomprensible demora en la reglamentación de la ley.

Quienes hace años hemos construido ese sujeto social que dio forma y espíritu a la ley de PPMV, creemos que la reglamentación debería tomar en cuenta el desarrollo en toda su potencialidad del sector público, y no solamente de algunos temas específicos. Mantener el espíritu de la ley significaría, entre otras cosas, reafirmar la presencia del Estado, garantizando el derecho humano a la salud, así como mejorar el gasto de medicamentos, que en nuestro país es del 32 por ciento. La PPMV puede ser, como política de Estado, el eje de reconstrucción sanitaria, que ordene al sistema desde el paradigma de la preservación de la salud antes que la atención de la enfermedad y la cronificación de las mismas, como pretende la industria, al tiempo que daría una proyección estratégica hacia la Unasur y Celac.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos ha dejado varios saberes, uno de ellos, quizás el más importante, fue su recorrido desde la legitimidad a su legalidad plena. Legitimidad que se dio con todos los sectores que trabajaron en su construcción y reglamentación. Es de esperar que el Ministerio de Salud tome nota de esta enseñanza.

* Coordinador. Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos. Facultad de Medicina, UBA.