La presidenta Cristina Kirchner ordenó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que verifique si las empresas que están “bajo su régimen de información tenían o no documentación” almacenada en el depósito que se incendió el martes en el barrio porteño de Barracas. El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien consideró que la iniciativa presidencial es “muy importante porque dentro del régimen de información” de la CNV hay “un conjunto notable de empresas petrolíferas, cerealeras, bancos que tenían la documentación respaldatoria” en lo que respecta a depósitos y otras transacciones. La medida, es obvio, intenta determinar si existe la posibilidad de que el incendio haya sido intencional. Capitanich subrayó que “es a su vez importante asociar esto a que el Deutsche Bank despidió a un operador de divisas en la Argentina en medio de investigaciones de reguladores internacionales por presunta manipulación en el mercado cambiario”.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete sostuvo que todo esto “tiene que ver, también, con el proceso de investigación, un proceso de conciliación con distintos organismos del Estado vinculado con exportadores que no han ingresado divisas, y también la existencia de importadores que transfirieron divisas al exterior y no ingresaron mercancías”. La información se conoció en el Gobierno, mientras que la fiscalía que investiga el incendio tomó ayer declaración testimonial a tres bomberos y ordenó un peritaje para constatar el material fílmico que puedan haber reunido las cámaras de seguridad ubicadas en las proximidades del depósito.

La medida anunciada por Capitanich tiene relación con la denuncia formulada por un ex supervisor de la empresa Iron Mountain, propietaria del depósito donde se produjo el incendio que provocó la muerte de nueve bomberos, quien denunció que la compañía “ajustaba presupuesto en materia de seguridad”, motivo por el cual había eliminado la guardia diurna.

El ex supervisor de la empresa Mario Escalada dijo el jueves a la prensa que los directivos de la compañía querían ahorrar, por lo que trataban “de gastar lo justo y necesario, ajustando el presupuesto en la seguridad”. Precisó que cuando trabajaba en el depósito “empezaron a hacer recortes y sacaron un vigilador bombero de día. Antes, estaba las 24 horas, y ahora sólo está a la noche”, precisó.

Mientras tanto, la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción 37 informó ayer que la fiscal Marcela Sánchez recibió los testimonios de los bomberos voluntarios del Cuartel de La Boca Martín Coppola y Nicolás Scorza, y de Daniel Marcos Herrera, del Cuartel de la Vuelta de Rocha.

Los testigos hicieron su aporte en la causa caratulada “N. N. sobre incendio u otro estrago con muerte de personas”, en la que se intenta determinar cómo comenzó el incendio en el depósito de la multinacional dedicada a la gestión y archivo de documentación.

Los tres bomberos dijeron que llegaron al lugar del incendio para combatir las llamas desde el acceso de la calle Azara 1245, por lo que no presenciaron el derrumbe de la pared que provocó la muerte de seis bomberos federales, uno voluntario y dos rescatistas de Defensa Civil del gobierno porteño.

En el informe oficial, se dijo que la fiscal Sánchez también solicitó a la División de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal y al cuerpo pericial de la Gendarmería Nacional que analicen las filmaciones obtenidas por las cámaras de seguridad que hay en la zona. La fiscalía hizo saber que ayer se esperaba todavía la extinción total del fuego, que no se había producido a pesar de la lluvia, y el posterior enfriamiento de los escombros para poder cumplimentar los peritajes tendientes a determinar las causales del inicio del fuego, considerado una cuestión clave, que ahora tiene el aditamento político que le dio al caso el anuncio formulado por Jorge Capitanich en la Casa de Gobierno.

El jueves también declararon cinco empleados que estaban en el depósito cuando comenzó el fuego, quienes coincidieron en afirmar que los aspersores de agua no funcionaron y que tuvieron que llamar a los bomberos porque el fuego se descontroló en forma muy rápida. El incendio y posterior derrumbe del depósito de almacenamiento de datos, ubicado en Azara al 2100, se registró el miércoles y causó la muerte de nueve personas. Los rescatistas que declararon trabajaron en el primer tramo de las labores para sofocar el incendio y, a raíz de una inhalación de monóxido de carbono, Scorza debió ser internado en el Hospital Penna, hasta el que fue acompañado por su compañero Coppola.

Herrera relató que no se encontraba en el lugar porque había ido a buscar una autobomba, pero, cuando regresó, colaboró en el rescate de sus compañeros sepultados bajo las paredes hasta que fue internado por una descompensación. La fiscalía aguarda ahora el alta médico del bombero voluntario Facundo Ambrosio, del Cuartel de La Boca, y de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina, comisario Luis Gauna, principal Daniel Díaz y los cabos primero Daniel Sanmaritan y Juan López Gaggioti, para que den su testimonio sobre el siniestro.