Cumplida una semana de la toma de terrenos por parte de vecinos de la Villa 20 en Villa Lugano, a través de una orden del juez contravencional Gabriel Vegal, la Policía Metropolitana realizó en la madrugada de ayer un allanamiento a cinco viviendas de la zona, en busca de pruebas para determinar quiénes fueron los organizadores de la ocupación. Los delegados de la toma sostienen que la medida es un intento de “amedrentamiento” para forzarlos a abandonar el lugar.

“La Metropolitana llevó adelante el allanamiento a siete personas, acusadas de ser los iniciadores de la toma. Se ordenó buscar armas de fuego, que tengo entendido que no encontraron. También se incautó documentación. Hubo amenazas hechas por el fiscal y el juez, a través de la policía, a algunos integrantes de la toma. La intención es claramente amedrentar”, indicó a Página/12 Rodrigo Segovia, integrante de Corriente Villera Independiente.

La orden de allanamiento, firmada por el juez contravencional Gabriel Vega, a cargo de la causa 2287/14, que se tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 14, tiene cinco imputados y busca, según el juez, “preservar la vida e integridad física de quienes hoy ocupan el predio” y el “desarme” de los “grupos que pudieran enfrentar a las fuerzas de seguridad ante un nuevo desalojo”. La fiscalía indicó que, a través de la investigación, se intenta determinar si un grupo de familias organizadas en torno de las villas cercanas utilizan a “personas carenciadas para ocupar terrenos que luego se comercializan por otros medios”.

En ese sentido, Vega ordenó a la Policía Metropolitana “secuestrar dinero, documentación” y elementos vinculados “con la organización y el desarrollo de la toma, como ser boletos de compraventa, contratos de locación, agendas personales, cuadernos, aparatos telefónicos”. Además, pidió el secuestro de “todo tipo de arma de fuego, municiones, bombas molotov, armas tumberas, armas blancas como ‘machetes’” y cualquier tipo de elemento que pueda “ser utilizado para agredir”.

“En mi caso le allanaron la casa y la pizzería a mi papá, también la librería de una señora que cocinaba para los chicos de acá y la mutual del ex presidente de la villa, Marcelo Chancalay. Piensan que somos una organización y nosotros nada que ver”, contó Emanuel, uno de los delegados de la toma.

El delegado explicó que el compromiso asumido por la toma es presentar el miércoles una propuesta de salida al conflicto ante la Legislatura y la jueza Elena Liberatori. En este sentido, Segovia sostuvo que “hoy se reunió el cuerpo de delegados, compuesto por algunos de los que sufrieron el allanamiento, que se está organizando para conservar el terreno. El pedido por las tierras se mantiene”.

Asimismo, las autoridades y los dirigentes barriales que acompañan la ocupación esperan que en los próximos días la Justicia defina la situación, dado que resta resolver un amparo presentado en nombre de los ocupantes para que se decida si amerita un desalojo como el que se frustró el viernes pasado.

Este fin de semana, en el predio ubicado en el cruce de avenida Fernández de la Cruz y calles Pola y Escalada se afianzó la ocupación con la construcción de casillas, enganches en las redes de electricidad y la colocación de carpas y sillas, donde durante el día conviven varias familias con niños. La zona era apenas custodiada a la distancia por algunos móviles policiales. “Todos los terrenos tienen algo construido. Va a ser más difícil la situación de desalojo”, reflexionó Segovia.